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Gastos electorales: ¿Cómo funciona el sistema de financiamiento?

Es el Servel el que establece los montos máximos de gastos y supervisa la rendición de cuentas. Conoce los detalles.

Normado por la Ley 19.884, de 2003, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, este concepto se entiende como “todo desembolso o contribución avaluable en dinero (…) a propósito de actos electorales”, según las definiciones del Servicio Electoral (Servel).

La ley fija un tope de gastos, que se realiza por un cálculo entre la cantidad de electores y un porcentaje de la Unidad de Fomento (UF). Por ejemplo en el caso de Presidente, el límite es la cantidad que resulte de multiplicar “por 15 milésimos de UF el número de electores en el país”, dice el Servel. Pero para el caso de senadores “el monto máximo a gastar serán mil quinientas UF, más la cifra que resulte de multiplicar por dos centésimos de UF los primeros 200 mil electores, por 15 milésimos de UF los siguientes 200 mil y por un centésimo de UF los restantes de respectiva circunscripción”.

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El desglose de los posibles gastos es:

- Propaganda y publicidad
- Encuestas electorales
- Derechos de uso o arrendamiento: en este ítem son consideradas las asesorías, rendición por la que se está cuestionando a Oliva.
- Gastos por desplazamiento
- Gastos por créditos con instituciones financieras
- Gastos menores
- Trabajos de campaña

El 2017 se refundió el texto de la Ley 19.884, con el “objetivo de aclarar la transparencia y límites en el gasto electoral, y así evitar las transferencias de privados a las campañas electorales sin un margen de trazabilidad”, explica el abogado y académico de la USACh, Felipe Lizama. “Se reguló el aporte de los privados, se contempló que pudieran hacerlo como personas naturales, pero que hubiera publicidad en torno a los montos muy altos. Por ejemplo, si se donan 50 millones de pesos sí o sí saldrá el nombre de quién lo hizo”, agrega el especialista.

“El propósito es transparentar el gasto electoral. Con la modificación de hace cuatro años se consideró que había que aumentar el estándar de publicidad, transparencia y adecuar los aspectos sancionatorios”, complementa Lizama.

¿Cómo es el proceso?: Luego de inscribirse las candidaturas, el Servel abre una cuenta corriente para cada candidato donde se depositarán todas las donaciones (tanto públicas o privadas, ya sea a través de partidos políticos o de personas naturales) y los créditos bancarios. De esta saldrán los recursos de la campaña.

La cuenta es manejada por un administrador electoral, “el que representa al candidato ante el Servel. Tendrá a su cargo los montos de la campaña, pero también se entenderá para rendir cuentas de los gastos”, explica Lizama.

Reembolso de los votos: El abogado de la USACh explica que “con el objeto de prever la dependencia de las empresas o privados con los candidatos, el legislador dispuso que es el fisco, es decir, todos los chilenos, los que tienen que aportar a esas campañas, por eso el Servel rinde cuentas y reembolsa”. Esto porque en un régimen democrático “siempre se ha considerado importante que los candidatos, no obstante puedan tener una afiliación política, tengan suficiente independencia de otros poderes de la sociedad”, aclara.

Marcelo Brunet, abogado con especialidad en litigios constitucionales, administrativos y civiles, explica que “las facturas pueden ser emitidas posterior a la campaña, pero el trabajo tiene que haberse realizado en los tiempos de campaña legales”. Agrega que “la devolución no es por voto, propiamente tal, es por gasto rendido. Los montos efectuados por donación no tienen cómo ser reembolsados, entonces no es por la cantidad de votos totales, sino lo que se permite es reembolsar los gastos”, que no son cubiertos por las donaciones, aclara.

¿Cómo se sanciona un mal gasto?: Existen dos ámbitos en este proceso, explica el abogado Brunet. “Un ejemplo del primero podría ser instalar carteles fuera de norma. Eso podría significar que el Servel sancione, si hay una denuncia, a través de procedimientos administrativos, que eventualmente podrían ser apelados ante el Tribunal Calificador de Elecciones”, grafica el especialista.

“Lo otro que puede ocurrir es que si el Servel constata un delito, se encuentra en la obligación de efectuar una denuncia ante al Ministerio Público, para efectos que se lleve la investigación correspondiente de parte de la Fiscalía y se determinen las responsabilidades penales”, finaliza Brunet.

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