• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Una publicación criticando a Donald Trump, difundida durante la madrugada del jueves desde la cuenta personal en X del Presidente José Antonio Kast, generó inmediata controversia por su contenido y alcance. Horas más tarde, la Presidencia de la República confirmó que tanto esa cuenta como su perfil de Instagram habían sido intervenidos por terceros, descartando que se tratara de una comunicación oficial del Mandatario. El episodio, más allá de su impacto político inmediato, evidenció una problemática más profunda: las vulnerabilidades en ciberseguridad incluso en los niveles más altos del poder estatal.

El hecho abrió una discusión sobre los límites entre lo personal y lo institucional en el uso de redes sociales por parte de autoridades. Aunque las cuentas afectadas no corresponden a canales oficiales del Gobierno, su contenido tiene efectos públicos evidentes. En ese sentido, el experto en desarrollo de software y sistemas inteligentes y académico de la Universidad de Santiago, Diego Fuentealba, advierte que “la línea no la define la cuenta, sino el uso: cuando una autoridad aborda temas de interés público, su cuenta personal pasa a tener efectos institucionales, aunque no esté regulada como canal oficial”. Esta ambigüedad genera una zona gris compleja, donde la responsabilidad, los protocolos de seguridad y la reacción ante incidentes no siempre están claramente definidos.

A nivel institucional, Chile ha avanzado en la construcción de un marco robusto en materia de ciberseguridad. Carla Illanes, socia de Alessandri Abogados y experta en protección de datos personales, sostiene que “en Chile ha habido un avance muy relevante en materia de ciberseguridad institucional, especialmente a partir de la dictación de la Ley Marco de Ciberseguridad y de la norma técnica de seguridad de la información derivada de la Ley de Transformación Digital del Estado (2019)”. Sin embargo, aclara que estos estándares aplican principalmente a sistemas y plataformas del Estado, no necesariamente a cuentas personales o dispositivos utilizados por autoridades. Esta diferencia, se explica, deja espacios sin regulación clara, especialmente en un contexto donde no existen directrices estrictas sobre el uso de dispositivos personales para funciones públicas, lo que incrementa la exposición a riesgos.

Desde el ámbito técnico, los especialistas coinciden en que muchas de las amenazas actuales no responden a ataques sofisticados, sino a fallas en medidas básicas de seguridad. Pedro Oyarzún, CEO de Egs-Latam, empresa de ciberseguridad, afirma que “lo que vemos con el hackeo al Presidente es exactamente lo que nosotros llamamos hace más de 10 años ‘Do The Basics’ y que la ANCI hoy exige como los “Esenciales”: autenticación multifactor, gestión de credenciales, control de accesos y monitoreo en tiempo real”. El experto enfatiza que la ausencia de estas medidas, incluso en entornos de alta relevancia, evidencia que el problema no es tecnológico, sino cultural y de gestión. A su juicio, la ciberseguridad debe entenderse como un componente de gobernanza y no solo como una función técnica.

El contexto regional refuerza la magnitud del desafío. El Reporte de Ciberseguridad 2026 de Entel precisa que América Latina se ha convertido en un objetivo prioritario para grupos de ransomware y operadores de robo de información, impulsados por la rápida digitalización y brechas en prácticas de seguridad.

Actualmente, se registran más de 138 grupos de amenazas activos y un aumento del 47% en ciberataques en comparación con el primer trimestre de 2024. En este escenario, Chile ocupa el quinto lugar en equipos comprometidos dentro de la región, evidenciando una tendencia al alza que requiere atención urgente.

Infraestructuras y sistemas

En cuanto a la capacidad de respuesta del Estado, existen protocolos coordinados por el CSIRT de Gobierno y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que contemplan contención, reporte y análisis de incidentes. No obstante, estos mecanismos están diseñados principalmente para infraestructuras críticas y sistemas institucionales. En el caso de cuentas personales de autoridades, la respuesta suele ser más reactiva y depende de equipos asesores o de las propias plataformas digitales. Oyarzún advierte que “lo que vimos fue reacción, no prevención”, señalando que incluso la detección del incidente se produjo una vez que el mensaje ya estaba circulando públicamente.

El caso también reabre el debate sobre la necesidad de establecer estándares más estrictos para autoridades de alto nivel. Illanes plantea que uno de los desafíos pendientes es avanzar hacia políticas claras sobre el uso de dispositivos y cuentas híbridas dentro del Estado, además de proveer herramientas especialmente protegidas para quienes manejan información sensible. En la misma línea, se plantea la necesidad de protocolos específicos, que incluyan autenticación multifactor obligatoria, auditorías periódicas y monitoreo constante de accesos.

Más allá del incidente puntual, los expertos coinciden en que el principal riesgo en ciberseguridad en Chile sigue siendo la falta de cultura preventiva. Oyarzún sostiene que “el riesgo número uno es cultural: creer que la ciberseguridad es un tema exclusivamente técnico o un gasto del área de tecnologías de la información”. En un entorno donde los ataques pueden tener consecuencias que van desde lo reputacional hasta lo geopolítico, la implementación de medidas básicas y la formación continua se vuelven elementos clave para reducir vulnerabilidades.