• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Chile ha construido históricamente parte de su identidad internacional sobre una percepción de estabilidad institucional y niveles de seguridad superiores al promedio regional. Sin embargo, los cambios observados en los últimos años muestran un escenario distinto. Un informe elaborado este mes por BCI Estudios advierte que la tasa de homicidios en el país aumentó un 59% en la última década, una cifra que, si bien continúa por debajo del promedio latinoamericano, aleja al país de los niveles observados en economías desarrolladas y que, entre 2022 y 2024, incluso superó el promedio mundial.

El estudio utiliza la evolución de los homicidios como indicador para medir la transformación del fenómeno delictual y analizar sus efectos económicos. La elección de esta variable responde a criterios metodológicos: El homicidio es considerado uno de los indicadores más robustos y comparables internacionalmente para observar cambios en los niveles de violencia.

Uno de los elementos que destaca el análisis es que Chile mantuvo durante años una relación particular entre percepción ciudadana e indicadores objetivos de criminalidad. A comienzos de los años 2000, mientras la tasa trimestral de homicidios promediaba 3,5 casos por cada 100 mil habitantes, la percepción de aumento de la delincuencia ya alcanzaba 79,3%. Dos décadas después, según registros históricos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la preocupación ciudadana continúa bordeando el 80%, aunque ahora acompañada por una tasa de homicidios significativamente mayor.

}Para observar si existía un cambio estructural en la realidad delictual chilena, el informe aplicó una prueba econométrica sobre series históricas trimestrales. El resultado detectó tres momentos relevantes. El primero ocurrió durante el primer trimestre de 2010, cuando la tendencia mostró una disminución y la tasa promedio cayó desde 3,5 a 2,9 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el segundo punto de inflexión apareció en el tercer trimestre de 2016. Desde entonces, el promedio subió hasta 4,8 casos y comenzó una trayectoria sostenida al alza.

A partir de ese diagnóstico surgió una pregunta central para el informe: cuánto más podría haber crecido la economía chilena si la tasa de homicidios se hubiese mantenido en los niveles observados en 2016.

Seguridad y crecimiento

La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Camila Astraín, explica que el aumento de la delincuencia genera efectos que trascienden el daño directo a las víctimas y comienza a alterar decisiones económicas cotidianas.

Según plantea, cuando la inseguridad se instala de manera persistente, las empresas empiezan a destinar mayores recursos a protección, vigilancia y prevención, desplazando inversiones que originalmente estaban pensadas para expansión, innovación o productividad.

El problema adquiere especial relevancia en pequeñas y medianas empresas. Mientras las compañías de mayor tamaño tienen más capacidad para absorber estos costos, las pymes enfrentan un impacto proporcionalmente mayor, ya que deben incorporar gastos permanentes que reducen sus márgenes de crecimiento. El informe de BCI Estudios sintetiza ese fenómeno con una definición concreta: “Actúa como una suerte de impuesto regresivo camuflado, que impacta en el bienestar y la productividad de la economía”.
Imagen referencial

Desde una mirada económica, el deterioro de la seguridad también modifica el comportamiento de los inversionistas. En contextos donde aumenta la incertidumbre, suben las primas de riesgo y cambian los criterios para evaluar proyectos de largo plazo. Como consecuencia, iniciativas que serían rentables en un entorno más seguro terminan postergándose o descartándose.

Efectos económicos

Los expertos coinciden en que no solo importan las cifras delictuales, sino también cómo la ciudadanía interpreta el riesgo. La evidencia internacional muestra que percepción e indicadores objetivos operan por canales distintos. Mientras los delitos violentos tienen efectos medibles sobre la actividad económica, la percepción de inseguridad modifica expectativas y altera decisiones de consumo, movilidad e inversión.

La economista de BCI Estudios, María Isidora Undurraga, explica que en países donde existe una sensación persistente de inseguridad, incluso pequeñas señales de deterioro pueden provocar cambios relevantes en el comportamiento económico.

Menos vida nocturna, menor circulación de personas, reducción del consumo en determinados horarios y mayores recursos destinados a protección son parte de los efectos que comienzan a trasladarse al funcionamiento cotidiano de la economía.

En paralelo, la última encuesta de victimización del comercio realizada por la Cámara Nacional de Comercio mostró que la tasa de victimización alcanzó un 61,2% durante el segundo semestre de 2025, con un promedio postpandemia de 60%.

Costos visibles y ocultos

El director del Magíster en Finanzas e Inversiones de la UDP, Gonzalo Iberti, sostiene que el impacto económico del delito se distribuye en distintas capas. Por una parte están los costos de anticipación, asociados a seguridad privada, seguros y medidas preventivas. Luego aparecen los costos derivados de las consecuencias del delito, como pérdida de ingresos laborales o gastos asociados a daños. Finalmente están los costos de respuesta estatal vinculados a policías, sistema judicial y cárceles. Desde esa perspectiva, el impacto también tiene un componente desigual.

De acuerdo con un informe de finales de 2023, del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, “un 61,5% de las personas evita salir de noche y un 24,7% evita sacar dinero de cajeros. Eso es consumo, comercio nocturno y uso del espacio público que simplemente no ocurre”, sostiene.

Los desafíos actuales

Los especialistas coinciden en que durante años la discusión sobre seguridad estuvo dominada por el debate político y menos por el impacto económico. En los últimos años se han implementado medidas orientadas a fortalecer la institucionalidad, entre ellas la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el refuerzo policial, el Plan Calles sin Violencia y el fortalecimiento del sistema de medición de homicidios.
Las cifras recientes muestran cierta mejora, la tasa de homicidios disminuyó desde 6,7 por cada 100 mil habitantes en 2022 a 5,4 en 2025. Sin embargo, los expertos advierten que la tendencia todavía es frágil. Persisten desafíos relacionados con consolidar la baja observada, fortalecer la inteligencia financiera para perseguir el dinero asociado al crimen organizado, aumentar la coordinación entre instituciones y mejorar la capacidad preventiva del Estado.

También se plantea la necesidad de incorporar con mayor fuerza al Ministerio de Hacienda y organismos especializados en análisis financiero para enfrentar fenómenos como lavado de activos y expansión de economías criminales.