Indulto a los “presos del estallido social”: Las discusiones que enfrentan a partidarios y detractores
- Sofía Reyes - Equipo de Facts
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Mientras desde Apruebo Dignidad buscan los votos para que la iniciativa sea aprobada, la semana pasada el Presidente electo Gabriel Boric se reunió con familiares de los “presos del estallido social”. La iniciativa lleva más de un año en el Congreso, sobre todo por la dificultad de establecer los plazos y los motivos detrás de los indultos. Esta semana el proyecto afronta discusiones clave, con la esperanza de los familiares en que se apruebe.
El encuentro: “Quedamos muy tranquilos con la reunión que tuvimos con el Presidente electo y se notan las intenciones de él y su equipo para solucionar la problemática (…) y en ese sentido, impulsar la ley de indulto”, explica el vocero de los familiares de presos del estallido, Jaime Fuentes. “Estamos muy esperanzados”, afirma.
El día de la reunión, el mismo Boric calificó de “difícil” la aprobación del proyecto y la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC) al ser consultada afirmó que “el proyecto tal como se presentó no creo que tenga espacio para avanzar”. De todas formas no descartó que “si se modifica en un sentido distinto al que tiene, podría contar con los votos”.
El senador Rodrigo Galilea (RN), miembro de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado afirma que tiene reparos “enormes” respecto a este proyecto. “Personas que han incendiado o saqueado con motivo de las manifestaciones sociales no tienen por qué merecer un perdón”, dice el parlamentario.
El estado del proyecto en el Congreso: Al revisar el proyecto en la página del Senado la iniciativa figura “en tramitación”. Ingresado por moción (es decir, por un grupo de parlamentarios) en diciembre de 2020, en la actualidad está en su primer trámite constitucional.
“En este caso, el proyecto entró por el Senado y el primer trámite constitucional significa que se lleva a discusión primero en las comisiones de esta cámara y una vez que está más o menos afinado, se vota. Ocurrido eso, se pasa a la Cámara de Diputados, que en este caso es el segundo trámite constitucional”, explica José Henríquez, director ejecutivo de la ONG Asociación Penal Chile.
¿Amnistía o indulto?: El abogado Henríquez explica que “en ningún caso esto es un indulto (borrar la pena), el término más adecuado es amnistía (extinguir el delito)”. La diferencia está en la calidad procesal, porque para ser indultado tiene que haber una condena y “técnicamente hoy día muchas de las personas a las que se quiere indultar están en proceso y como están así, están acusadas y en eso rigen todas las garantías constitucionales de presunción de inocencia, muchas veces en prisión preventiva”, agrega el especialista.
Prisión preventiva: “El tema de la prisión preventiva es algo que se ha discutido hace bastante tiempo, incluso antes del Estallido social y los presos de la revuelta”, explica Henríquez. “Lo que uno puede apreciar del sistema, y hay mucha estadística de la Defensoría Penal Pública que da cuenta de eso, es que hay un uso excesivo”, agrega.
En julio de 2021, el entonces Defensor Público (S), Marco Montero, se presentó ante la Comisión de Constitución del Senado, en el marco de la discusión de este proyecto. En la ocasión afirmó que “la institución ha puesto el acento en la necesidad de avanzar en una revisión exhaustiva de esta medida cautelar (la prisión preventiva), buscando mejorar su definición y sus aplicaciones”. Además explicó que “sólo el 33,4 de las causas terminadas en 2019 que involucraron prisión preventiva o internación provisoria lo hicieron mediante una condena privativa de libertad, lo que significa que en 18 mil 58 causas el afectado estuvo inmerecidamente en prisión preventiva”.
Presiones a Boric: Desde el sector del Presidente electo se busca el respaldo para obtener los patrocinios en el Senado que se necesitan para la aprobación. El día viernes se terminó el plazo para ingresar las modificaciones que deberán ser votadas y ese día Giorgio Jackson (coordinador político del Presidente) insistió en aprobar la medida, ya que “es un tema sensible para nosotros, de mucha injusticia”.
Lo que viene ahora: “Según la información que nos entregó el presidente de la Comisión de Constitución, el proyecto está en el comité y estaríamos esperando que se voten las indicaciones y una vez que se apruebe pasaría a votarse en general y particular en la sala”, explica Fuentes. “Si es aprobado ahí pasa a la Cámara de Diputados. Pero sabemos que contamos con una alta mayoría allí, por lo que debería ser una tramitación más rápida”, explica el representante.
Para ser aprobado en el Senado, el proyecto como está necesita de 25 votos. Pero los familiares de los “presos del estallido social”, junto con el senador Juan Ignacio Latorre (RD), presentaron dos indicaciones para cambiar las cláusulas que requieren de un quórum superior a la mayoría simple (22 patrocinios), número que se lograría si todos los parlamentarios de oposición votan a favor.
“Creo que no están los votos en el Senado para aprobar el proyecto tal como está”, afirma Galilea, pero explica que “es probable que se presenten otras alternativas, como la amnistía, decir que no se cometió delito por un grupo de personas, pero eso tampoco nos parece responsable”. El parlamentario es enfático en señalar que “la violencia nunca puede ser una herramienta de transformación social, nunca dará buenos resultados”.
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