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Ingreso clandestino en Chile como delito: En qué consiste el proyecto y sus repercusiones

El avance de la medida en la Cámara de Diputados genera controversia. Conoce los detalles, argumentos y las cifras en torno al tema.

Con 88 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles 17 de enero un proyecto de ley que tipifica como delito y sanciona el ingreso clandestino a territorio nacional. Esta iniciativa modifica la Ley de Migración y Extranjería e introduce un nuevo artículo sobre delitos migratorios. Este proyecto que propuso Renovación Nacional, entre otros, hace referencia a aquella persona que haga ingreso clandestino a Chile, por pasos no habilitados o evitando los controles migratorios. La medida, busca sancionar con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) o una multa de 5 a 10 UTM.

Esta medida no se aplicará a extranjeros que cumplan con las condiciones de refugiados y que vengan de territorios donde su vida se encuentre en peligro o amenazada; asimismo, tampoco tendrá efectividad sobre niños, niñas y adolescente o al padre, madre o persona a cargo del menor.

Andrés Longton (RN),
diputado, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y uno de los autores del proyecto, explica que “la medida busca establecer como delito el ingreso clandestino, estableciendo una sanción penal cuando se verifique hipótesis como la evasión del control migratorio o el ingreso por pasos no habilitados privilegiando la reconducción y expulsión”.

Entre las razones para implementar una medida así, el diputado menciona que, en la actualidad, “la sanción administrativa no surte efecto alguno, lo cual es una realidad. La disuasión de la pena penal que propone el proyecto sin lugar a dudas generará un efecto importante. Países como Japón, Australia o Italia lo tienen, o bien Francia hace poco por el desborde migratorio. Chile en estos dos últimos años ya registra más de 88 mil ingresos ilegales, sumado a las pocas expulsiones realizadas por este gobierno, esto ha generado una crisis que no tiene precedentes, lo que ha repercutido en la importación de delitos violentos”.

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Jorge Alessandri, diputado e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, asegura que esta medida será “efectiva para combatir la delincuencia. El crimen organizado y los carteles que han ingresado a Chile desde el extranjero, lo han hecho por pasos no habilitados, y se han aprovechado de esta falencia. Lógico que no es suficiente, se requiere de muchísimas otras medidas para combatir la delincuencia, pero sin duda es un avance”.

Los datos que definen el problema

Las cifras de la Policía de Investigaciones (PDI) de las denuncias y autodenuncias por ingresos clandestinos hasta agosto del 2023, se distribuyen de la siguiente manera:

- 2018: 6.310 denuncias/ autodenuncias.

- 2019: 8.048 denuncias/autodenuncias.

- 2020: 16.848 denuncias/autodenuncias.

- 2021: 56.856 denuncias/autodenuncias.

- 2022: 53.875 denuncias/autodenuncias.

- Hasta agosto del 2023: 34.543 denuncias/autodenuncias.

En cuanto a la cantidad de expulsiones, los datos de la PDI, muestran que durante el 2021-el año donde se registró el peak de ingresos clandestinos en el país- se realizaron 246 expulsiones administrativas y 667 judiciales. Para el año siguiente, es decir, 2022, fueron 31 expulsiones administrativas y 1.039 judiciales. Y hasta septiembre del 2023, hubo 187 expulsiones administrativas y 408 judiciales.

Por otro lado, y de acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2022 (Casen), en el país viven 1,7 millones de inmigrantes, es decir, 1.736.691 personas. Esta cifra representa el 8,7% respecto a la población total.

¿Cuáles son las implicancias de esta medida?

Adriana Palomera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile, explica que una de las primeras implicancias que podría llegar a tener la aprobación de esta medida es que “en términos generales, con una ley de este tipo, Chile va en contra de los acuerdos que tiene suscrito a nivel internacional. Por lo tanto, la normativa internacional con una perspectiva de derechos humanos reconoce el ingreso por paso no habilitado como una vulneración administrativa y no constitutiva de delito”.

Asimismo, señala que en abril del 2023, hubo un informe de relatores especiales sobre los derechos humanos “donde señalaron justamente que la modificación de la Ley de Migración y de asilo que se estaba promoviendo el año pasado podrían y dice textualmente “socavar los derechos humanos de las personas migrantes”, obviamente solicitantes de asilo también y refugiados. Además, hace atención al problema que se puede suscitar, al principio de no devolución y, por otro lado, a la prohibición de las expulsiones colectiva que están prohibidas o por lo menos en lo que Chile se ha suscrito”.

Por último, añade que “a nivel interno creo que se va a provocar un problema incluso administrativo a propósito de la gestión de estos procesos. Chile no cuenta con personal ni recursos suficiente para delimitar en cada uno de los casos si la ley se cumple o no (…) Me parece que eso va a complejizar los procesos migratorios, que ya son lentos a propósito de la falta de personal”.

¿Qué pasará en el Senado?

De acuerdo con Longton esta iniciativa “no solo posee apoyo político, sino también ciudadano muy mayoritario y en ese contexto, se espera que el Senado impulse esta iniciativa de la misma forma que lo hizo la Cámara”. En tanto, Alessandri comenta que Chile tiene las puertas abiertas para aquellos que cumplan la ley, “pero ingresar por un paso no habilitado implica evadirla y eso no lo podemos permitir”, por ello, asegura que “nosotros después de haberla impulsado desde la Cámara de Diputados, y a pesar de la oposición de los diputados oficialistas y del Gobierno, logramos que se aprobara y ahora vamos a hacer todas las gestiones y esfuerzos para que el Senado lo vea con la mayor prontitud posible”.

Por su parte, Jorge Guzmán, subjefe de la bancada de Evópoli, comenta que, debido al avance del crimen organizado y su relación con los delitos violentos y la migración irregular, “creemos que puede avanzar sin mayores dificultades en el Senado”.

En tanto, la diputada Danisa Astudillo (PS), quien se abstuvo en la votación de la medida, explica que “la preocupación sobre el control de la inmigración irregular es también mía. De hecho, fui una de las primeras en exigir el despliegue de militares en la frontera, lo que redujo drásticamente los ingresos”. Sin embargo, señala que “este problema requiere una mirada responsable, fuera de todo populismo o intentos de hacer política electoral con esto. El catalogar de delito esta inmigración no solo no es de ninguna ayuda, por el contrario, entorpece las expulsiones administrativas porque judicializa los procesos”.

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