• Andrea Cova Moore
• |
• Ver más de facts

La liberación de Carlos Alberto Mejía Hernández, anteriormente identificado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, debido a un error de comunicación entre el Poder Judicial y Gendarmería, ha generado una fuerte tensión por la gravedad de la situación. A este complejo escenario se suma una profunda crisis de seguridad que afecta a Chile y sus distintas esferas.

El avance del crimen organizado, reflejado en asesinatos por encargo, tráfico de armas y redes delictivas internacionales, comienza a impactar no solo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también las decisiones estratégicas del mundo empresarial. Diversos gremios han advertido que la percepción de inseguridad frena inversiones, retrasa proyectos y encarece los costos operativos, especialmente en regiones como el norte minero y el sur agrícola.

Marcela Vera, economista y académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, advierte que la delincuencia a gran escala configura un ecosistema de corrupción que atraviesa todos los niveles y sectores de la economía. En ese sentido, señala que es crucial prevenir tanto situaciones vinculadas a la informalidad como aquellas relacionadas con la impunidad, especialmente cuando existen nexos entre empresas y estructuras corruptas.

La académica también plantea que los delitos de mayor connotación social generan una percepción de inseguridad que restringe la libre circulación de las personas y afecta particularmente al comercio.

A fines de 2023, Clapes UC realizó un análisis que concluyó que el impacto económico del crimen en el país va en aumento, calculando las pérdidas en un 2 % del PIB. En el informe estiman que el daño de la delincuencia en la economía chilena casi se ha duplicado entre 2013 y 2022.

Antonia Cabrera y Anja Uslar, investigadoras de Clapes UC, afirman que la delincuencia se ha convertido en un problema relevante para las empresas. Explican que el aumento de la inseguridad obliga a destinar más recursos a protección, lo que encarece el funcionamiento general, disminuye la productividad y desalienta la inversión. Según el Índice de Incertidumbre Económica de Clapes UC, este fenómeno, junto con la falta de reglas claras, complica seriamente el ambiente de negocios. La última encuesta del CEP lo corrobora: hoy, la inseguridad es el principal problema para la mayoría de los chilenos.

Las expertas sostienen que este escenario deteriora la confianza en el país. El Estado, al tener que redirigir más recursos a seguridad, deja de invertir en áreas clave como salud, educación o desarrollo. Esto, aseguran, frena las posibilidades de crecimiento.

Ambas investigadoras coinciden en que casos como la liberación por error de un sicario o la expansión del crimen organizado evidencian fallas graves en las instituciones, lo que reduce la confianza en el Estado, en el sistema judicial y en las policías. Según explican, cuando ocurren hechos de este tipo, la colaboración ciudadana disminuye, lo que permite que el crimen siga creciendo, generando un círculo vicioso cada vez más difícil de romper.

También destacan que esta percepción de inseguridad no es algo puntual. De acuerdo con la encuesta ENUSC, desde 2021 más del 87 % de las personas siente que la delincuencia ha aumentado, y un 57 % cree estar hoy más expuesto al delito.

Consecuencias de la violencia en la economía

Vera señala que la creciente presencia del crimen organizado se manifiesta en la conformación de redes de corrupción que atraviesan tanto el sector público como el privado, debilitando la institucionalidad y erosionando la confianza ciudadana. Aunque no existe una correlación directa entre los delitos de alta connotación social y el crecimiento económico, estos sí pueden afectar negativamente a sectores estrechamente vinculados al comercio, al modificar sus condiciones de operación y desarrollo.

En cuanto al desarrollo regional, la académica sostiene que este se basa en dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales. Bajo ese marco, la existencia de delitos de alto impacto genera inseguridad personal, pero no necesariamente constituye un impedimento estructural para el desarrollo regional.

Desde Clapes UC indican que las consecuencias económicas de la delincuencia se manifiestan en múltiples niveles. Por una parte, están los costos directos: mayor gasto público en seguridad, más recursos para policías, vigilancia, cárceles y programas de reinserción. Por otra, el gasto privado también se incrementa: empresas y hogares deben invertir en medidas de protección como alarmas, guardias, seguros o rejas, lo que encarece tanto la vida como el funcionamiento de los negocios. A esto se suman los daños materiales provocados por robos o actos violentos, muchas veces recurrentes.

Además, explican que existen costos indirectos igualmente relevantes, aunque menos visibles: la inseguridad desalienta la inversión, frena el crecimiento de ciertas industrias, reduce la productividad y puede incluso provocar la migración de personas y empresas fuera del país.

De hecho, comentan que un estudio reciente de Clapes UC estimó que el costo indirecto de la delincuencia en Chile alcanza los 9.000 millones de dólares anuales, lo que da cuenta del enorme impacto económico de la violencia, más allá de sus efectos sociales.

Las investigadoras advierten que la inseguridad golpea fuertemente el empleo y el desarrollo regional. “Cuando la violencia se vuelve parte del panorama cotidiano en ciertos territorios, muchas empresas deciden no instalarse, no invertir más o incluso cerrar y retirarse. Esto se traduce en menos actividad económica, menor inversión local y menos oportunidades laborales”, mencionan.

Inversión extranjera

También señalan que la inversión extranjera se ve afectada. Los inversionistas, en busca de estabilidad, tienden a evitar países con altos niveles de criminalidad o con instituciones debilitadas, prefiriendo otros destinos para su capital.

Asimismo, cuando hay regiones donde la inseguridad se vuelve parte de la vida diaria, se profundiza la desigualdad territorial. Estas zonas pierden competitividad, oportunidades y se ven marginadas del desarrollo del resto del país.

¿Puede un país crecer sostenidamente con territorios bajo amenaza criminal?

Desde Clapes UC advierten que es extremadamente difícil que un país logre un crecimiento sostenido si existen zonas bajo constante amenaza del crimen organizado. Explican que, en esos territorios, el Estado pierde capacidad de acción, se dificulta garantizar derechos básicos y hacer cumplir la ley.

En ese contexto, la economía se resiente: la inversión se detiene, los empleos formales desaparecen y muchas actividades comienzan a operar en la informalidad, siguiendo sus propias reglas.