• Rosario Acevedo Castillo, equipo de Facts
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El martes pasado, la ministra del Interior, Izkia Siches, presentó ante la Cámara de Diputados, los cinco ejes en los cuales se basará la estrategia del Gobierno de Gabriel Boric, para resguardar la seguridad de la Macrozona Sur del país. La convocatoria fue solicitada por los parlamentarios de oposición, con el objetivo de conocer la “postura y estrategia del Gobierno ante la persecución penal y la ejecución de condenas por parte de protagonistas de graves hechos de violencia y criminalidad que han afectado la zona, así como otros asuntos del país”.

Los pilares presentados por la secretaria de Estado en la reunión, son:

• Creación de una Comisión de la verdad: La cual tiene como objetivo el esclarecimiento histórico y construir un relato común. Para ello, la comisión tendrá como mandato “identificar y recomendar medidas de reparación para víctimas mapuches y no mapuches”.
• Implementación de parlamentos y diálogos territoriales: Se reconocerán las autoridades “ancestrales en la convocatoria de diálogos”, además de vecinos, autoridades locales, y trabajadores industriales y forestales. Según mencionó la jefa de gabinete, el Presidente Boric quiere asegurar la coordinación de los distintos ministerios para lograr este objetivo.
• Activación de Conadi: La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), “arrastra un problema de funcionamiento al que se le suma una subejecución presupuestaria para la entrega de tierras en los últimos años”, según Siches. Es por eso que se plantea el compromiso de una nueva política de restitución de tierras más amplia y ejecutar la totalidad del presupuesto de la organización este año.
• Estrategia del “Buen vivir”: Siches enfatizó que las regiones de esta zona no solamente viven en conflicto y violencia, sino que también “son las más pobres y se nota el abandono del país”. De ahí esta estrategia para acompañar a la zona en ambos aspectos.
• Desarrollo de medidas de seguridad en el territorio: Los vehículos blindados aumentaron de cuatro a 19 equipos y se incorporaron 34 camionetas blindadas para la labor preventiva. Además, la ministra señaló que se dispondrán mil millones de pesos para la compra de drones de mayor alcance que faciliten la acción policial. Finalmente, Siches anunció que se comenzó el trabajo en un nuevo sistema de inteligencia del Estado coordinado por Policía de Investigaciones, Carabineros y fiscalías regionales.

En la misma convocatoria, la ministra del Interior mencionó que “no queremos más víctimas, mapuche y no mapuche, no queremos más muerte, violencia, ni temor”. En la misma línea enfatizó que “el Presidente ha planteado que la solución de este conflicto no será exclusivamente judicial ni militar, es profundamente política. Lo contrario, únicamente prolonga esta situación y, como se ha demostrado, propicia una escalada de violencia que creo todos queremos detener”.

Para el coordinador nacional de la Macrozona Sur del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Urquízar, el diagnóstico que hizo el actual gobierno al conflicto de la zona es erróneo: “La ministra señala que el problema radica en un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche (…), pero la verdad es que la violencia no distingue origen étnico, ni color político y eso es terrorismo porque está afectando gravemente a familias mapuches y no mapuches”.

El diagnóstico erróneo, según Urquizar, trasciende también a una equivocación en las soluciones “deja en un quinto lugar y en un ámbito apartado el principal problema que está viviendo la Macrozona Sur que es la seguridad (…). Las familias mapuches y no mapuches que viven en Lumaco, Quidico, Contulmo, Cañete y Ercilla entre otros, lo único que piden es tranquilidad y seguridad para poder vivir y trabajar en paz”.

Antes y ahora: Desde que el actual Gobierno decidió no extender el Estado de Excepción en las regiones de la “zona roja” del conflicto mapuche (27 de marzo al 11 de abril), ocurrieron 37 eventos asociados a la violencia rural en la Región de La Araucanía, según un informe realizado por la Multigremial Araucanía. En cambio, las dos semanas anteriores (11 al 26 de marzo), en donde el estado de emergencia aún estaba vigente, solo se registraron 15 hechos de violencia, por lo que hubo un aumento de un 146% en este tipo de delitos.

El informe realizado por la Multigremial Araucanía, entregó también los siguientes datos:

• Los atentados incendiarios incrementaron de ocho a 17 siniestros, lo que se traduce en un 112%.
• Los hechos con violencia aumentaron de siete a 17 en la Región de la Araucanía, siendo un 142%. Mientras que en la Región del Biobío los hechos incrementaron en un 185%, pasando de siete a 29.
• Las comunas más afectadas por los hechos con violencia son las de Malleco y Arauco, ya que ambas pasaron de seis a 11 eventos, lo que equivale a un 83%.

A pesar del aumento de los datos, el diputado del Distrito 20 de la Región del Biobío, Félix González (Ecologista Verde), menciona que “valoro que se están buscando fórmulas distintas para resolver problemas de los antiguos gobiernos, que no supieron enfrentar ni resolver. Que lo único que han hecho hasta ahora fue utilizar la fuerza sin inteligencia y terminar reprimiendo organizaciones y persiguiendo dirigentes”. En cuanto a las medidas, el diputado señala que es importante que el Gobierno aclare que los recursos financieros y logísticos para Carabineros “no se deben ocupar para perseguir dirigentes (…) sino que las policías se enfoquen en la mafia de la madera, los homicidios y el narcotráfico”.

“Las soluciones deben darse en paz, la violencia no es el camino”, afirmó la ministra Siches el martes pasado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), autora de diversos hechos violentos en la zona roja, Héctor Llaitul, reiteró su rotundo rechazo a cualquier diálogo con el Gobierno: “Con esta posición que asume (Siches), nosotros ya no la consideramos ninguna interlocutora válida para poder establecer algún acercamiento”. Además, el dirigente mapuche enfatizó que con el Gobierno de Sebastián Piñera, había 20 autos blindados en el territorio, y hoy son 40.

El martes pasado, tras la intervención de la ministra del Interior, Izkia Siches, en la Cámara de Diputados, el integrante de la cámara baja del Partido Republicano, Mauricio Ojeda anunció que ingresó un proyecto de resolución en el que solicita al Presidente Gabriel Boric que gestione en la Oficina Contra Terrorismo en Estados Unidos y el Consejo de la Unión Europea, declarar a la CAM y a todos los órganos de resistencia territorial, como organizaciones terroristas.