• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La investigación que involucra a un ejecutivo bancario acusado de colaborar con una red de lavado de activos asociada al Tren de Aragua volvió a poner el foco sobre uno de los delitos más complejos y difíciles de perseguir en el mundo financiero. El caso, considerado una de las mayores operaciones de lavado de dinero detectadas en Chile vinculadas a esta organización criminal, dejó al descubierto un sofisticado entramado que habría utilizado cuentas bancarias, empresas de fachada y criptomonedas para ocultar el origen ilícito de millonarios recursos.

La causa tomó fuerza luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) detuviera el pasado 2 de junio a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, quien es investigado por presuntamente facilitar operaciones financieras destinadas a mover dinero relacionado con el Tren de Aragua. El caso evidencia una realidad que preocupa cada vez más a las autoridades: el fortalecimiento financiero de organizaciones criminales transnacionales que no solo generan ganancias mediante actividades ilícitas, sino que además desarrollan mecanismos cada vez más sofisticados para introducir esos recursos en la economía formal.

¿Qué es el lavado de activos?

Diego Muñoz, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, explica que el lavado de activos tiene como objetivo ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, ubicación o control de bienes provenientes de un delito previo, conocido jurídicamente como “delito base”. El académico explica que “es un delito accesorio a otro y que afecta no solo el orden socioeconómico, la administración de justicia, sino también el orden público en general”, señala.

El académico agrega que este fenómeno suele desarrollarse en tres etapas principales: colocación, estratificación e integración. La primera consiste en ingresar el dinero ilícito al sistema económico mediante depósitos, compras, transferencias o negocios aparentemente legítimos. Luego viene la estratificación, donde los recursos son movidos entre múltiples cuentas, empresas y operaciones para dificultar su rastreo. Finalmente, en la etapa de integración, los fondos reaparecen aparentemente limpios y pueden ser utilizados para adquirir bienes, invertir o financiar nuevas actividades.

Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, sostiene que las organizaciones criminales modernas han perfeccionado estos mecanismos. “En la práctica, las organizaciones criminales más sofisticadas no ejecutan estas etapas de manera lineal. Operan como verdaderas redes financieras transnacionales que combinan simultáneamente cuentas bancarias, empresas de fachada, comercio exterior, activos virtuales y operadores especializados. Lo que observamos hoy es una profesionalización creciente del lavado de activos, donde el foco ya no está únicamente en ocultar dinero, sino en administrar verdaderas economías criminales”, afirma.

Operaciones que parecen normales

Uno de los aspectos que más dificulta la detección de estas redes es que muchas de sus operaciones aparentan ser completamente legítimas.
Según Muñoz, el crimen organizado no esconde el dinero en efectivo ni lo mantiene inmóvil. Por el contrario, lo mueve de manera constante a través de múltiples cuentas y empresas para borrar cualquier vínculo con el delito que le dio origen.

“El lavado de activos, que suele usar el crimen organizado, no esconde el dinero bajo el colchón, todo lo contrario, coordina y planifica moverlos de tal manera, por tantas cuentas y empresas, que cuando uno mira el último eslabón ya no se ve la mancha del delito que lo originó”, explica.

Añade que el carácter aparentemente legal de cada transacción es precisamente lo que vuelve tan complejo identificar estas estructuras. “Lo que más vuelve invisible al lavado de activos es que cada paso, si uno lo ve por separado, pareciera una operación comercial normal”, sostiene.

Sectores vulnerables

Aunque el sistema financiero suele ser el principal objetivo de estas organizaciones, los especialistas advierten que prácticamente cualquier sector económico puede ser utilizado para lavar dinero. Muñoz afirma que quienes buscan blanquear recursos ilícitos actúan de forma oportunista y aprovechan las debilidades existentes en distintos mercados. Entre los sectores más expuestos menciona la banca, el mercado inmobiliario, actividades comerciales con altos flujos de efectivo, la minería, los casinos y los activos virtuales.

“El sector financiero no fue solo vulnerable, sino que incluso estaba vulnerado por un miembro de esta asociación criminal, y el dato más reciente lo agrava, según lo indicado por la Fiscalía no era el único funcionario bancario involucrado”, advierte.

Toledo coincide en que el problema va mucho más allá de las instituciones financieras tradicionales. Según explica, las investigaciones internacionales muestran que también existen riesgos en la construcción, el comercio exterior, las zonas francas, las asesorías jurídicas, los servicios contables y la administración patrimonial. Además, destaca el creciente protagonismo de las plataformas relacionadas con criptomonedas y activos digitales, especialmente cuando operan bajo marcos regulatorios débiles.

La dificultad de seguir la ruta del dinero

Rastrear el origen de fondos ilícitos representa uno de los principales desafíos para las autoridades. Toledo señala que el lavado de activos está diseñado precisamente para romper la trazabilidad del dinero mediante múltiples capas de transacciones y estructuras societarias.

“Cada transferencia, cada sociedad interpuesta y cada cuenta utilizada agrega una nueva capa de distancia entre el delito original y los recursos que finalmente aparecen como legítimos”, explica.

Las investigaciones suelen requerir la reconstrucción de movimientos bancarios, operaciones comerciales, beneficiarios finales, comunicaciones, activos virtuales y flujos internacionales que atraviesan múltiples jurisdicciones.

A ello se suma otro problema: la participación de personas con conocimientos especializados del sistema financiero. “Las organizaciones criminales buscan permanentemente incorporar personas que comprendan el funcionamiento del sistema financiero, tributario o comercial. Cuando logran acceder a ese conocimiento, pueden diseñar mecanismos más sofisticados para evitar controles, disminuir alertas y aparentar normalidad”, sostiene Toledo.

Por su parte, Muñoz advierte que el sistema de prevención depende en gran medida de que los sujetos obligados por ley reporten operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Cuando esto no ocurre por negligencia o complicidad, las alertas simplemente no se activan.

Los desafíos para Chile

Los expertos coinciden en que Chile cuenta actualmente con una institucionalidad más robusta que la existente hace una década, pero advierten que las redes criminales han aumentado su nivel de sofisticación. Entre los principales desafíos aparecen el fortalecimiento de la investigación patrimonial y financiera, una mayor coordinación entre organismos públicos y privados, el perfeccionamiento de los mecanismos de acceso a información bancaria y una regulación más específica para sectores vulnerables, como las criptomonedas y los activos virtuales.

Muñoz sostiene que el país ya dispone de herramientas legales para enfrentar este fenómeno, pero que el problema radica en la aplicación efectiva de los mecanismos preventivos. “En resumen, el gran desafío que tenemos no es tener la ley, ya la tenemos, sino que se apliquen las medidas de prevención, y que no sea un manual archivado, de esta manera es la mejor forma de poder cortar la llave al financiamiento del crimen organizado”, concluye.

Para Toledo, la clave está en seguir la ruta del dinero con la misma intensidad con que se persigue a los responsables de los delitos. “La experiencia internacional demuestra que las organizaciones criminales pueden reemplazar rápidamente a sus integrantes, pero les resulta mucho más difícil reemplazar sus recursos financieros. Por eso, una estrategia eficaz contra el crimen organizado exige no solo detener personas, sino también identificar, perseguir y recuperar el patrimonio construido a partir de actividades ilícitas”, finaliza.