• Katherine Correa, equipo de Facts
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Durante la jornada del lunes un atentado en Contulmo dejó como saldo la destrucción completa del histórico Molino Grollmus. Un hecho que, además, dejó a un adulto mayor herido de gravedad, quien se encuentra con ventilación mecánica y sufrió la amputación de su pierna.
Sobre el ataque, y según declaraciones desde la Delegación Presidencial del Biobío, se estableció que los victimarios “agarraron por el cuello” al adulto mayor y procedieron a balearlo “a quemarropa en una de sus piernas”.

• El Hospital Regional de Concepción entregó un reporte respecto al afectado, diciendo que está en estado crítico y en “coma farmacológico” de paso.

En este contexto, desde diversos sectores políticos se solicitó invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado para así fiscalizar y frenar este tipo de delitos, sin embargo, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió querellarse por delitos comunes -por un posible homicidio frustrado-, además de la destrucción de un Patrimonio Arquitectónico Nacional que tenía 107 años de historia.

Finalmente, se busca sancionar por los siguientes cargos a los responsables:

• Homicidio calificado, en grado de desarrollo frustrado
• Robo con violencia e intimidación consumado
• Incendio consumado
• Obstaculización del libre tránsito
• Porte ilegal de arma de fuego y de municiones, en grado de consumado
• Disparos injustificados

Ante el rechazo de implementar la Ley de Seguridad del Estado, expertos explican su funcionamiento y la efectividad de su uso.

Ley de Seguridad del Estado

Pedro Orthusteguy Hinrichsen, abogado penalista y ex Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, explica el funcionamiento de esta ley, diciendo que esta regula los siguientes delitos:

• La soberanía nacional
• Seguridad exterior del Estado
• Seguridad interior del Estado
• Delitos contra el orden público
• Y los delitos contra la normalidad de las actividades nacionales

Las penas que contempla, según el abogado “es la misma escala utilizada en nuestro Código Penal. Dependiendo de la gravedad de delito, hay penas en el rango de los presidios menores, pasando por presidios mayores hasta el presidio perpetuo. También, hay circunstancias agravantes especiales, distintas al Código Penal como, por ejemplo, cometer algunos de estos delitos en tiempos de guerra externa”, indica

¿Cuándo se invoca y en qué momentos se ha establecido en el país?

Pedro Valdivia, coronel de Carabineros en retiro y asesor de seguridad, comenta que la ley “se invoca de acuerdo al criterio político del momento y, por lo tanto, podría ser desde un ultraje a la bandera como el caso de Valparaíso, hasta el atentado de Contulmo”.

• “En ambos casos, no se aplicó aun cuando claramente estaban las condiciones dadas en la mirada de la seguridad, pero obviamente, políticamente no le acomodaba al Gobierno y queda solo en el ámbito del proceso penal común”, espeta Valdivia.

Para el experto, el establecer esta ley puede alcanzar incluso a Santiago tras las constantes destrucciones y movilizaciones que existen en la capital. Por ende, no se desarrollará porque involucra las siguientes características:

• Diversos intereses políticos
• No va con la mirada del Gobierno

“Todo lo ocurrido en el estallido podría haber sido aplicado y no se hizo. Solo la aplicó el Gobierno pasado en algunos casos en la macrozona sur, pero para los efectos de no aplicar la Ley Antiterrorista. El problema, es que también en cualquier momento, puede desistirse de la querella, como fue con el actual Gobierno al inicio en marzo con algunos casos del estallido”, finaliza el ex coronel.

¿Es más efectiva esta ley que los delitos comunes?

Valdivia asegura que la efectividad de las penas depende de la persecución penal que se lleve a cabo. Las policías deben tener las facultades suficientes para poder establecer procesos efectivos, ya que la Ley de Seguridad del Estado también tiene su “letra chica”.

• Orthusteguy complementa este comentario diciendo que, “así, por ejemplo, en el caso concreto de Héctor Llaitul, el Gobierno en cualquier momento puede desistirse de la querella, incluso después de condenado por el delito cometido, y la pena se extingue”.

El abogado dice que cuando el Ministerio del Interior decide no perseguir estos delitos restringe o limita las posibilidades de persecución penal para el Ministerio Público, por ende, los delitos por LSE tienen “un arma de doble filo escondida”.

• “La autoridad política, así como tiene la potestad exclusiva para dar inicio al proceso penal mediante querella o denuncia, si se desiste posteriormente, extingue la acción penal y la pena, situación que no ocurre en los delitos de acción penal pública. Esto es lo que hizo el actual

Gobierno de Gabriel Boric, por ejemplo, con el retiro de 139 querellas por LSE contra los denominados “presos del estallido social”, finaliza.