• Katherine Correa, equipo de Facts
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El fiscal regional de la zona Metropolitana Sur, Héctor Barros, informó que se logró identificar a un presunto autor del homicidio del carabinero David Florido, quien perdió la vida el 10 de junio luego de fiscalizar y ser atacado en el acto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El presunto homicida, tendría 24 años y “ha estado cumpliendo pena en un recinto penitenciario”, indicó Barros. El caso ha abierto un debate sobre establecer de forma urgente e inmediata la “Ley Nain 2.0” –llamada así tras el asesinato, en octubre de 2020, del cabo segundo Eugenio Nain, quien tenía 24 años -y darle prioridad a la “Agenda pro Carabineros”, para prevenir de manera completa los riesgos a los que se enfrenta la policía.

La ley, fue propuesta en 2021 y rechazada a su vez, teniendo como fundamentos los siguientes puntos:

• Los atentados en contra de carabineros violentan la consciencia de nuestra sociedad. Por lo mismo, deben ser sancionados por las implicancias que generan estos ataques en el ejercicio de sus funciones.
• Asimismo, remarca que se trata de un atentado en contra de una persona. Pero, además, constituye un atentado en contra de un funcionario público, quien es garante del orden y de la paz social.
• Igualmente, indica que Carabineros es la institución encomendada para velar por el resguardo del orden público, sustentado en una tradición de más de 90 años de subsistencia. En virtud, no solamente del profesionalismo de sus miembros, sino de la legitimidad que el pueblo de Chile le ha otorgado.

El texto indica que, quienes asesinaran a un carabinero mientras ejercía sus funciones, debían tener una pena de presidio perpetuo calificado. No obstante, en el caso de que hirieran o maltrataran a un funcionario, podría ser condenado bajo los siguientes estamentos:

• Presidio mayor en su grado máximo (desde 15 años y un día a 20 años). Para los casos en que, como resultado de las lesiones, queda el ofendido inhabilitado para el trabajo.
• Presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años). En el caso que las lesiones produzcan enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Tampoco podrá optar a beneficios consagrados en la Ley 18.216, sino una vez cumplidos 3 años de la condena privativa de libertad.
• Presidio mayor en su grado mínimo (desde 5 años y un día a 10 años). Aplicará si se causan lesiones menos graves.
• Presidio menor en su grado máximo (desde 3 años y un día a 5 años) y multa de seis a once UTM. Esto si se ocasionan lesiones leves.

No obstante, como no fue aprobado, diputados de la UDI fueron a La Moneda a exigir que se aplicara máxima urgencia a una “Ley Nain 2.0”. En este caso, la idea sería condenar a todo aquel que ataque a Carabineros, PDI y Gendarmería.

Las bases de la nueva propuesta

Flor Weisse, diputada de la UDI fue una de las que planteó este nuevo proyecto la tarde del lunes, puesto que “se debe recordar que, quienes no aprobaron la ley antes fueron precisamente los que hoy están en el Gobierno, tanto el presidente como los ministros”.

Es por eso que “esperamos que el Gobierno en este caso entienda que ya no son parlamentarios en posición y que ya no cabe la ideología al momento de votar. Hoy, quienes dirigen el país, son representantes que deben dar seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por lo que pedimos que actúen con sensatez”, solicita.

• La idea, es tambiénimpulsar una “Agenda Pro Carabineros”, que ayude social y económicamente a las familias de los uniformados atacados, ya sea por agresiones físicas o que consideren una gravedad mayor, tal como la muerte.

“La policía nos protege a nosotros y el gobierno debe proteger a los funcionarios”, establece Weisse, mientras añade: “Esto no es un problema solo del gobierno actual, es algo que viene desde hace mucho tiempo. Sí, hay personas que ensuciaron el nombre de la institución, pero eso no significa que no se debe respaldar a carabineros, porque siguen siendo muy importantes para el orden del país”.

• Para ella, cuando no existen querellas contra ataques a organismos estatales, la sociedad actúa con libertad porque nota en este proceso un beneficio, en donde puede actuar sin recibir castigos severos.

Sergio Bobadilla, diputado de la UDI, también fue a La Moneda a entregar un mensaje de urgencia ante este problema, indicando que, hasta ahora “no hemos encontrado las propuestas que hubiésemos esperado de los parlamentarios y del gobierno que, en el discurso salen apoyando a carabineros, pero cuando se trata de legislar o proteger la integridad física, o vida de estos, no están disponibles”.

“Estamos frente a un gobierno que no tiene el coraje para enfrentar a un conglomerado oficialista, quienes le ponen exigencias que dejan en la desprotección absoluta a los ciudadanos por un tema ideológico”, estima Bobadilla, como crítica a la, a su juicio, falta de reacción que ha tenido del Ejecutivo luego del ataque al funcionario Florido el pasado 10 de junio. En la imagen, su velatorio:

La postura del Gobierno

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estuvo junto al Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Izkia Siches, en el funeral del cabo Florido. Siches indicó que el Gobierno presentará una querella para esclarecer el crimen y perseguir a los responsables.

En el caso del subsecretario, comentó que “no da lo mismo asesinar a un carabinero en Chile, tanto así que el Código de Justicia Militar entrega sanciones muy severas para aquellas personas que cometen delitos de esta gravedad”, agregando que, de paso, la cartera no está considerando el Estado de Excepción en la RM para combatir la delincuencia.

Por último, Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, indicó como opción de mejora que se debe perfeccionar el trabajo de los funcionarios a través de la entrega de herramientas, para conseguir de una vez la reforma a carabineros, sin referirse a este proyecto de ley, lo que tampoco ha hecho el gobierno por el momento.