• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Uno de los temas que se ha tomado el debate público es la situación actual de las cárceles. De acuerdo con los datos de Gendarmería, en algunos penales del país la tasa de ocupación supera el 160%. Por ejemplo, la capacidad de Santiago 1 es de 4.000 plazas, pero actualmente alberga a 6.385 internos. A ello se suma un conjunto de deficiencias estructurales que han llevado al sistema penitenciario chileno a una de sus crisis más profundas.

La sobrepoblación carcelaria, las condiciones de hacinamiento y la falta de recursos han convertido las cárceles en focos de violencia, corrupción y poder criminal. Según datos de Gendarmería, a nivel nacional la tasa de uso de la capacidad actual alcanza el 146,8%: el sistema fue diseñado para 42.437 internos, pero hoy acoge a 62.288 personas privadas de libertad.

Hitos que marcaron el deterioro del sistema penitenciario

Victoria Osorio, investigadora del Centro UC Justicia y Sociedad, sostiene que el aumento de la población penal está estrechamente vinculado al uso excesivo de la prisión como respuesta judicial y al endurecimiento progresivo de las penas. En Chile, al igual que en gran parte de América Latina, la prisión preventiva se aplica de manera masiva, a pesar de que los estándares internacionales la recomiendan solo como último recurso.

La investigadora agrega que la falta de políticas efectivas de reinserción social y el peso de los antecedentes penales dificultan la integración posterior a la condena. Esto, advierte, incrementa la reincidencia, ya que no existen oportunidades reales de subsistencia fuera del delito. En conjunto, señala, estos factores han concentrado la población encarcelada y profundizado la crisis estructural del sistema penitenciario.

Luis Vial, experto en temas penitenciarios y exmiembro del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), explica que la crisis actual “no es nueva”. Según él, el sistema carcelario chileno ha arrastrado durante décadas un problema estructural de precariedad y trato deshumanizante. Las cárceles, afirma, han sido históricamente espacios de hacinamiento, abandono estatal y graves vulneraciones a los derechos humanos.

Vial sostiene que la crisis penitenciaria es, ante todo, “una crisis de derechos humanos, donde el Estado administra la precariedad con medidas reactivas y poca inversión en prevención”. A su juicio, el Congreso continúa aprobando leyes cada vez más punitivas, lo que termina alimentando el colapso del sistema.

El experto también advierte que la criminalidad ha cambiado en Chile durante la última década, y esto se refleja en las cárceles. Sin embargo, subraya que la situación chilena aún dista de la vivida en países como Brasil o México. “En las cárceles chilenas existen economías ilícitas y organización criminal, pero las cárceles no son espacios protegidos para la criminalidad”, recalca.

Para Vial, aún hay tiempo para abordar la situación de manera distinta y evitar llegar a esos niveles de violencia, impulsando estrategias de prevención social, justicia restaurativa, inteligencia penitenciaria y mecanismos de reinserción regidos por los derechos humanos.

Deudas del sistema penitenciario

Osorio advierte que una de las mayores deudas del sistema penitenciario chileno es la ausencia de políticas públicas de reinserción social. En su opinión, las políticas punitivas y los discursos centrados en el castigo han dominado la agenda, relegando la rehabilitación a un plano secundario.

La investigadora recuerda que la mayoría de las personas privadas de libertad eventualmente regresará a la sociedad. Sin embargo, las condiciones en que viven durante su reclusión y las oportunidades disponibles durante ese periodo son determinantes para su futuro. “Si las cárceles se orientaran a la reinserción, permitiendo estudiar, trabajar o desarrollar proyectos de vida, los internos podrían reinsertarse con más herramientas. Pero, en Chile, esta posibilidad está restringida a una minoría. La mayoría egresa en las mismas o peores condiciones en las que ingresó, sin opciones reales de reintegración, lo que perpetúa el ciclo del delito”.

Además, Osorio señala que la creciente complejidad criminal, la aparición de delitos más violentos y de nuevas modalidades tanto fuera como dentro de los penales, ha generado enormes desafíos para la gestión penitenciaria. Esto impacta directamente la convivencia entre reclusos, incrementa el riesgo de corrupción entre el personal y limita la capacidad del sistema para enfrentar las lógicas del crimen organizado.

Medidas

Mauricio Olavarría, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, plantea que la salida requiere inversión significativa. Según él, es urgente construir cárceles modernas y seguras, ya que muchas instalaciones “requieren refacciones y actualización”. También destaca la necesidad de reformar Gendarmería y dotarla de una estructura disciplinaria más robusta.

El académico subraya que se debe rediseñar Gendarmería como un servicio público moderno, capaz de garantizar niveles de vigilancia y control acordes con las necesidades del país. A su juicio, solo así podrá cumplirse el objetivo de fortalecer la seguridad sin vulnerar los derechos de las personas privadas de libertad.