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Macrozona Sur: ¿Por qué no se logra controlar la violencia a pesar del Estado de Emergencia?

Actores locales expresan las que, a su juicio, son las razones detrás de que no se consiga disminuir la intensidad del conflicto.

Los dos ataques armados que terminaron con dos fallecidos en la Macrozona Sur han provocado que las medidas implementadas para resguardar la seguridad hayan sido cuestionadas. Ante los crímenes cometidos, se sumó la declaración realizada por el general del Ejército Luis Cuellar, quien desafió a los responsables de los hechos a enfrentarse a las Fuerzas Armadas.

Ante los hechos, diversas autoridades han cuestionado la efectividad del estado de excepción impulsado por el Ejecutivo. ¿Cuáles han sido las principales cifras recolectadas por la Delegación Presidencial en la Macrozona Sur después de cien días de la medida?

• 56.737 controles realizados.

• 139 detenidos.

• Los hechos de violencia rural bajaron un 44% desde que se implementó la medida.

• Los atentados incendiarios bajaron desde 108, hasta antes del estado de excepción, a 89.

“Falta voluntad política para asumir ciertos costos, que sin duda van a ser caros, pero el Estado de Chile no quiere poner fin a esta violencia. El estado de excepción ha contribuido a generar un clima de mayor tranquilidad en las labores que se realizan en la región producto de la presencia de militares y policías. La medida ha impedido que se cometan ciertos actos terroristas en la región. Sin embargo, existe la necesidad de llevar a cabo planes de inteligencia para adelantarse a los criminales, porque hoy nos llevan la delantera”, explica Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural (AVVRU).

Apraiz agrega que “si bien hemos visto una disminución en los delitos de menor connotación social, los ataques terroristas siguen existiendo. Todas las pérdidas humanas son lamentables, sobre todo a manos de un grupo armado que ataca a las víctimas cuando están desprotegidas. Para garantizar el Estado de derecho es imprescindible generar acuerdos con todos los actores involucrados en esta problemática, pero no existen iniciativas concretas para materializar esos pactos”. Además, nombra los principales factores que explican la permanencia de los crímenes en la Macrozona Sur:

• “Falta de inclusión de actores como las pequeñas comunidades que son afectadas por los crímenes”.

• “Deficiencia en los planes de inteligencia”.

• “No cooperación de las distintas instituciones del Estado para generar un plan común en torno al problema”.

foto_Macrozona Sur

Para Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía, “ha existido un cambio con respecto a los crímenes cometidos, antes se atentaba en contra de la propiedad o los bienes y ahora se atenta directamente en contra de las personas. La efectividad del sistema policial y judicial es muy baja como para cortar el problema de raíz”.

A partir del estudio Violencia en la Macrozona Sur, realizado por la Multigremial de la Araucanía en conjunto con la plataforma Observatorio Judicial, se midió la tasa de condena de los delitos de alta connotación social realizados entre 2018 y 2020 y se concluyó que la condena efectiva de este tipo de crímenes alcanzaba el 1%.

“La evidencia muestra que siguen ocurriendo delitos graves, en menor cantidad pero cada vez más violentos. Hay otros delitos que han bajado considerablemente, como las usurpaciones. Hay mayor seguridad para el desplazamiento de la población, pero los atentados no han disminuido considerablemente. Eso es porque no se ha logrado disolver a los grupos que efectúan este tipo de crímenes”, añade el presidente del gremio.

Otras cifras que hablan sobre el trabajo que se ha hecho con respecto a la presencia de armas de fuego en la Macrozona Sur corresponde a la incautación que se realizó de 907 armas de fuego en 2021, entre las que destacan 36 armas de grueso calibre: 29 rifles, cinco fusiles, una carabina y una subametralladora.

“Obviamente que el estado de excepción permite una mayor seguridad en la zona. Antes de que se implementara la medida, aproximadamente 700 carabineros destinados al orden público estaban disponibles, mientras que después de que se aprobó el estado de excepción se aumentó la cantidad de efectivos en 2.000, lo que claramente brindó cierto tipo de seguridad tanto a las personas como a los funcionarios. Sin embargo, hemos podido comprender que no es suficiente”, finaliza Santibáñez.

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