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Más de 127 mil denuncias por migrantes irregulares en Chile: Radiografía a las cifras y cambios que podrían implementarse

Desde el 2018 hasta este año, las denuncias por ingreso irregular en la PDI aumentaron cinco veces, pasando de 6.310 a 31.910.

Según cifras de la Policía de Investigaciones (PDI), en los últimos cinco años se acumulan más de 127 mil denuncias por ingresos irregulares al país. En comparación, antes de eso, entre 2013 y 2017, se contabilizaron en la misma institución 16.650. ¿A qué se debe este avance y qué mecanismos podrían regularizar la situación migratoria en el país?

La historiadora y coordinadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago (CEM USACH), Adriana Palomera, menciona que “desde 2018 en adelante que hay un mayor ingreso de migrantes al país” y se debe a las siguientes razones:

• Estabilidad: “Está gatillado en primer lugar por la estabilidad política y económica que tenía el país respecto a otros”. Según la experta, los estándares que tenía Chile en esa fecha lo hacían un destino predilecto para los migrantes, respecto a otros países latinoamericanos.
• Crisis en Venezuela: “La desestabilización política y económica de Venezuela también influyó en el aumento”.
• Trabajo informal: “Hay otro aspecto que es poco señalado, y es que por alguna razón Chile permite el aumento del trabajo o comercio informal, y si te das cuenta gran parte de estos empleos están siendo ocupados por inmigrantes. (…) Si tienes la posibilidad de ir a un lugar y ocupar ese espacio de trabajo porque no tienes papeles para hacer otro, claramente te instalarás como medida de salida y me da para sobrevivir”.

Las denuncias por ingresos irregulares obtenidas por la PDI por año son las siguientes:

• 2018: 6.310
• 2019: 8.048
• 2020: 16.848
• 2021 (hasta el 30/06): 31.910

Pese al aumento, Palomera precisa que “surge una irregularidad en estas cifras, ya que no es una foto actual, porque puede ser de inmigrantes que estaban en Chile y perdieron regularidad por trámites o porque se les acabó el visado. (…) Habla tanto de personas que podrían haber estado en el país hace un tiempo, otras que ingresaron hoy y hace tres meses”.

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El exjefe de Extranjería en el segundo Gobierno de Bachelet, Rodrigo Sandoval, concuerda con la coordinadora del CEM y añade:

• “Hay distintas fuentes de irregularidad, una cantidad importante son las personas que ingresan de forma irregular y lo han hecho por un lugar distinto al que la ley establece para entrar al país. Esas personas lo hacen generalmente porque no cuentan con mecanismos ordinarios de ingreso regular, pero no es la única fuente de irregularidad. Lo normal de hecho, es que la mayor cantidad de personas que están en situación irregular, no estén como consecuencia de haber ingresado de esa forma, sino que a veces se irregularizan con posterioridad como consecuencias de algunas rigideces del sistema de entrega de visados dentro del país”.

El sistema migratorio en Chile

En abril de 2021, el expresidente Sebastián Piñera promulgó la nueva Ley de Migraciones para “adecuar las leyes a la realidad migratoria actual de Chile”. La legislación cuenta con cinco claves según el documento emanado por el Gobierno:

• “Responde a la realidad migratoria actual, considerando los 1,5 millones de extranjeros que viven en Chile”.
• “Todo extranjero deberá señalar su real motivación de venir a Chile”.
• “Facilita la expulsión administrativa de los extranjeros que hayan ingresado a Chile de manera clandestina”.
• “Promueve derechos y deberes de extranjeros y regula su ingreso mediante un sistema flexible de visas”.
• “Crea el Servicio Nacional de Migraciones para estandarizar los procesos migratorios en todas las regiones”.

“La única manera en que se produzcan los procesos de regularización a través de una ley, y es uno de los grandes problemas, es sumamente limitada. Además, el Servicio de Migración está atascado, falta personal, tienen años de retrocesos, entonces hay gente que está esperando visa, por ejemplo de educación superior, y no las consigue rápidamente”, dice Palomera añadiendo que la otra opción es que el “Gobierno realice un proceso de regularización alternativo que se hace en distintos países cada cierto tiempo, y en 2018 el presidente Piñera hizo uno, pero no tuvo mucho éxito porque las personas pensaban que los iban a echar”.

La investigadora de la línea de Migraciones del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU) de la Universidad Católica Silva Henríquez, Fernanda Stang, menciona que “un gran problema del sistema migratorio actual de Chile reside en la Ley 21.325 que lo regula y (fue) aprobada en 2021, ya que junto a su reglamento, el Decreto 296”:

• “Han reducido y dificultado los canales de acceso a la regularidad, y las investigaciones realizadas a nivel internacional demuestran que cuando se incrementan las barreras de ingreso, también aumenta la irregularidad, y los riesgos de morir intentando migrar”.
• “En esa misma línea, la experta señala que “expertos chilenos han estado advirtiendo hace años que las restricciones, incluyendo la imposición de visas consulares, generarían ingresos irregulares”. Stang añade que las cifras de Naciones Unidas lo demuestran, ya que en 2021, “pese a las mayores restricciones al desplazamiento por la pandemia, aumentó el número de migrantes y refugiados a nivel mundial”.

Según consignó el Director del Servicio Nacional de Migrantes, Luis Eduardo Thayer, entre abril y julio han iniciado 631 procesos de expulsión administrativa a personas que han cometido delitos. En tanto, la PDI ha materializado, desde el 11 de marzo a la fecha, 264.

Las medidas que se pueden implementar

Los expertos coinciden que es necesario regularizar el sistema, sin embargo, señalan diferentes medidas:

• “Es importante y necesario hacer un proceso de regularización que sea amplio y no restrictivo porque es la única forma de saber cuánta gente hay”, dice la coordinadora de CEM.
• “Se pueden tomar medidas excepcionales, ya sea priorizado el enfoque de derechos, con procesos de regularización masivos, ya sea a partir de medidas hostiles, como las expulsiones, que cuando son por causas administrativas, aunque sean legales, son atentatorias de los derechos humanos. Sin embargo, si no se abordan las cuestiones de fondo, las causas estructurales de las migraciones, para que se garantice el derecho a no migrar, esto seguirá ocurriendo”, afirma la investigadora de CISJU.
• El exjefe de Extranjería, aventura que la política de migración que se conocerá en octubre “podría incorporar a las personas sin prejuicio de haber ingresado de forma clandestina, que cuenten cuente con regularidad migratoria, y a partir de eso la autoridad podría establecer un formato de visado para esos casos, como lo es el formato de arraigo implementado en España”.

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