• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La muerte de un niño de 12 años, quien fue arrastrado durante una encerrona en San Bernardo, volvió a instalar una discusión que aparece de manera recurrente cada vez que un hecho de alta conmoción remueve el debate público sobre delincuencia: la posibilidad de desplegar militares en las calles para enfrentar la crisis de seguridad. El hecho ocurrió cerca de la 01:00 de la madrugada en calle Catemito con la caletera de la Ruta 5 Sur, cuando una banda integrada preliminarmente por cerca de seis sujetos interceptó el vehículo en el que viajaban el menor junto a su padre y una tía mientras regresaban a su domicilio en Puente Alto. El niño murió y el caso generó una inmediata reacción política y ciudadana.

Entre las voces que surgieron tras el crimen estuvo la del alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), quien pidió evaluar la participación de las Fuerzas Armadas en labores vinculadas al combate de la delincuencia.

“Pareciera ser que la sensación que queda es que los delincuentes hacen lo que quieren, no tenemos medidas, no tenemos acciones concretas. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que militares colaboren en tareas de copamiento, porque aquí el problema que hay es que no tenemos capacidad de respuesta, esa es la verdad”, señaló a Emol. Sin embargo, desde el Gobierno descartaron esta idea.

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La propuesta reactivó una discusión que va más allá del impacto emocional que genera un caso de estas características y abre preguntas sobre los límites jurídicos, operativos y políticos del rol militar en tareas de seguridad interior.

¿Qué pueden hacer hoy las Fuerzas Armadas?

Christian Alveal, exdirector de Gendarmería, explica que actualmente el marco legal chileno establece restricciones claras. “Hoy las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en seguridad interior de manera excepcional, ya sea bajo estados de excepción constitucional o en tareas específicas de resguardo de infraestructura crítica y zonas fronterizas. No están concebidas ni preparadas para reemplazar de forma permanente la labor policial”, sostiene. La distinción, agrega, es relevante porque en el debate público suelen confundirse herramientas institucionales distintas.

Según Alveal, los estados de excepción corresponden a mecanismos extraordinarios que permiten ampliar temporalmente facultades del Estado para enfrentar crisis graves. El resguardo de infraestructura crítica, en cambio, tiene un alcance más acotado y está orientado a proteger servicios o instalaciones estratégicas. El control del orden público, por su parte, sigue siendo una función propia de las policías bajo condiciones normales.

Jaime Abedrapo, académico de la Universidad San Sebastián, exsubdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) y exasesor de la Comandancia en Jefe del Ejército, coincide en que jurídicamente el margen actual es reducido. Explica que las Fuerzas Armadas no cuentan con facultades para intervenir directamente en seguridad pública y que una medida de esa naturaleza requeriría avanzar mediante un estado de excepción constitucional o modificaciones legales específicas.

A juicio del experto, las solicitudes para desplegar militares responden muchas veces a una reacción frente a la percepción de inseguridad y a la sensación de que las policías se encuentran sobreexigidas.

La experiencia internacional y sus límites

Alveal señala que “la experiencia comparada muestra que militarizar la seguridad pública no resuelve por sí sola el problema del crimen”. Añade que puede generar efectos complejos si no va acompañada de fortalecimiento policial, inteligencia e intervención estatal sostenida. “Los casos de México y Ecuador son una advertencia en ese sentido”, plantea.

Abedrapo agrega que en América Latina el uso de Fuerzas Armadas para contener organizaciones criminales ha mostrado resultados limitados cuando no existe una arquitectura institucional robusta detrás. Según explica, los militares pueden colaborar dentro de una estrategia de seguridad más amplia, pero no reemplazar funciones policiales permanentes ni actuar sin capacitación específica para escenarios urbanos y delictuales.

El académico sostiene que países que avanzaron en ese camino debieron desarrollar procesos de entrenamiento y adaptación operacional para tareas que originalmente no forman parte de la formación militar.

También menciona que Chile enfrenta restricciones prácticas. “No contamos con los contingentes siquiera para que eso fuera posible”, plantea, agregando que ampliar estas funciones implicaría cambios legales, recursos y nuevas capacidades.

¿Seguridad efectiva o señal política?

Parte del atractivo político que genera esta alternativa se explica por la demanda ciudadana por respuestas visibles frente al aumento de delitos violentos. Alveal sostiene que quienes apoyan la participación militar argumentan que el nivel de violencia obliga a utilizar todas las capacidades disponibles del Estado para recuperar control territorial.

Pero también existe una posición crítica. “Quienes la rechazan advierten que la salida no puede ser solo reactiva: el foco debe estar en fortalecer inteligencia criminal, perseguir las finanzas del delito, recuperar barrios y proteger a los y las alcaldes que hoy están bajo amenaza”, señala.

Para el exdirector de Gendarmería, el despliegue militar puede generar una sensación inmediata de presencia estatal, pero difícilmente constituye una respuesta estructural. “Puede ofrecer una señal de control en el corto plazo, pero no constituye una solución de fondo. El combate al delito violento requiere instituciones especializadas, coordinación operativa, persecución patrimonial y una presencia sostenida del Estado en los territorios”, afirma.

Abedrapo añade que la demanda por seguridad se ha transformado en uno de los principales ejes políticos en América Latina, donde el aumento del miedo y la percepción de pérdida de control suelen empujar propuestas más visibles que necesariamente efectivas.

Las otras medidas

Más allá de la discusión sobre militares en las calles, los especialistas coinciden en que el desafío exige una estrategia más amplia. Alveal sostiene que fortalecer policías, fiscalías y Gendarmería sigue siendo una prioridad, pero advierte que también existe una agenda preventiva pendiente, que menciona ha planteado Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

Entre las medidas menciona combatir la deserción escolar, intervenir tempranamente barrios críticos y cerrar espacios de reclutamiento para el crimen organizado. Además, plantea que uno de los errores frecuentes es tratar todos los fenómenos delictivos como si fueran equivalentes.

“El principal desafío es no tratar todos los fenómenos delictivos como si fueran lo mismo. La delincuencia común y el crimen organizado requieren respuestas distintas, aunque complementarias”, afirma Alveal.

A eso suma la necesidad de avanzar en un sistema penitenciario más estricto y eficaz frente a delitos violentos, bajo la idea de que la capacidad disuasiva no depende únicamente del aumento de penas, sino también del cumplimiento efectivo y del régimen carcelario aplicado.