• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Las dificultades para pagar el uso de autopistas urbanas continúan aumentando en Chile. Los estados financieros al primer trimestre de 2026 de las principales concesionarias del país muestran un deterioro en los indicadores asociados a las deudas impagas de los usuarios, una situación que preocupa a la industria y que ha abierto interrogantes respecto de las herramientas que poseen estas empresas para recuperar los montos adeudados.

Tal como consignó El Mercurio, los balances de Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Sur y Vespucio Norte evidencian una tendencia que se ha profundizado en los últimos años. Las cifras son particularmente relevantes porque corresponden a marzo de este año, incluso antes de que comenzaran a sentirse los efectos del reciente incremento en los precios de los combustibles derivado de cambios en el sistema de estabilización local.

Según datos de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y consignados por El Mercurio, la incobrabilidad promedio de clientes con contrato TAG activo alcanzaba un 3,34% en 2016. Tres años después había subido a 4,48%, mientras que entre 2020 y 2025 prácticamente se duplicó, pasando desde 4,83% a 9%.

Las cifras

El Mercurio reveló que en el caso de Autopista Central, la “provisión por pérdida de deterioro de deudores comerciales” llegó a $443.220,8 millones al cierre de marzo de 2026. El monto supera los $423.531,9 millones registrados en diciembre de 2025 y se ubica muy por encima de los $372.511,4 millones anotados en marzo del año pasado.

Por su parte, Costanera Norte tiene su porcentaje de incobrabilidad en 8,82% al 31 de marzo de este año, cifra superior al 6,27% observado en igual período de 2025. La concesionaria detalló que el deterioro corresponde a ingresos por peajes facturados por $4.664,2 millones, además del castigo de tránsitos por facturar por $101,3 millones.

En Vespucio Sur, la provisión de incobrables llegó a 12,68% durante el primer trimestre, superando el 9,73% registrado un año antes.

Por su parte, Vespucio Norte reportó una incobrabilidad de 11,18% en deudores por ventas, por encima del 10,38% registrado anteriormente. Asimismo, informó que los documentos con más de 250 días de mora —algunos con más de cinco años de antigüedad— totalizaban $198.298,5 millones a marzo de 2026, frente a los $164.364,5 millones contabilizados doce meses antes.

Detrás de las cifras

Para la diputada Marlene Pérez (independiente), integrante de las comisiones permanentes de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; y Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, el fenómeno debe analizarse más allá de la simple perspectiva de cobranza. “El aumento de la morosidad en las autopistas urbanas es una señal que no puede analizarse solo desde la perspectiva de la cobranza. También refleja las dificultades económicas que enfrentan muchas familias y el impacto que tiene el alto costo de la vida en los presupuestos de los hogares”, sostiene.

La parlamentaria agrega que, si bien el cumplimiento de las obligaciones es fundamental, el escenario también evidencia las dificultades que atraviesan numerosos hogares. “Por supuesto, las obligaciones deben cumplirse y las concesionarias tienen derecho a implementar mecanismos eficientes de cobro. Sin embargo, también es razonable que evalúen permanentemente los estándares de servicio que entregan a sus usuarios. Más que enfocarnos únicamente en medidas más estrictas, esta situación debe ser una alerta sobre la necesidad de reactivar la economía, fortalecer el empleo y dar mayor alivio a las familias chilenas”, afirma.

Una visión similar, aunque con algunos matices, plantea Manuel Chong, economista y académico de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Según explica, el incremento de la morosidad responde a una combinación de factores asociados tanto al funcionamiento del sistema como al comportamiento de los usuarios.

“Primero, el telepeaje urbano funciona en modalidad postpago, es decir, el usuario usa la autopista antes de pagar, de modo que la concesionaria sostiene cuentas por pagar masivas y atomizadas. Segundo, el aumento de la cartera de cliente, por consiguiente, mayores cuentas por pagar. Finalmente, los usuarios, al parecer, han internalizado que estas cuentas son postergables dado que el cobro efectivo o la sanción de morosidad toman tiempo”, señala.

Impacto en las concesionarias

El aumento de las cuentas impagas también tiene consecuencias directas para las empresas que administran las autopistas. “Afecta a las utilidades y luego al flujo de caja. Las empresas deberán provisionar más, gastar más en cobranza y aceptar que una fracción del ingreso facturado no tiene la misma calidad que antes. El sistema sigue funcionando físicamente, pero económicamente queda más tensionado, ya que más recursos se van a cobranza y menos a caja libre”, comenta Chong.

Sin embargo, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, considera que la situación debe analizarse también desde la evolución de las tarifas y la percepción ciudadana respecto del sistema de concesiones.

A juicio del parlamentario, el desempleo y el encarecimiento del costo de vida son factores relevantes para explicar el aumento de la morosidad, pero no los únicos. “Los problemas sociales que hay, con un 9,1% de desempleo que es bastante elevado, incrementan las morosidades en general y obviamente también en las autopistas urbanas. Pero también hay que considerar que las tarifas han subido de manera importante durante los últimos años y hoy son tremendamente gravosas para muchas personas”, afirma.

Mulet sostiene que el incremento sostenido de los peajes ha provocado una pérdida de legitimidad del sistema entre parte de la población. “Creo que eso explica cierta anomia de muchos chilenos que desde hace tiempo no quieren cumplir las normas. El excesivo cobro ha ido debilitando la legitimidad del sistema de peajes urbanos”, señala.

¿Pueden embargar a los deudores?

Una de las principales interrogantes que surgen frente al aumento de la morosidad es qué herramientas tienen actualmente las concesionarias para recuperar los recursos adeudados. Según Chong, existen mecanismos tanto preventivos como coercitivos. “Tienen herramientas de dos tipos. Las blandas serían el pago automático, los sitios web, ventanillas, convenios de pago y campañas de condonación parcial de intereses y gastos. Las duras son la inhabilitación del TAG, la cobranza prejudicial y la cobranza judicial”, explica.

Respecto de la posibilidad de avanzar hacia medidas más severas, el académico es categórico. “Sí. Existe la facultad, por ley, del cobro judicial del peaje o tarifa reajustado por IPC, con intereses; y si hay condena, se agregan multas relevantes. Además, se establece que el juez puede ordenar medidas de embargo”, afirma.

Mulet coincide en que las concesionarias cuentan con amplias facultades legales para perseguir el pago de las deudas. “Las autopistas tienen un conjunto de instrumentos que están establecidos en la Ley de Concesiones y que son muy eficaces. Incluso cuentan con herramientas que no tienen otros acreedores, como las casas comerciales, los bancos o el propio Estado”, sostiene.

El diputado agrega que las empresas pueden exigir judicialmente el pago de las obligaciones, aplicar reajustes, intereses y multas que pueden multiplicar varias veces el monto original de la deuda.
“Pueden cobrar el valor adeudado, los reajustes, intereses y multas que pueden llegar hasta 15 veces el valor de la deuda. Además, existen otras sanciones vinculadas a la Ley de Tránsito y la obligación de mantener estas cuentas al día para renovar el permiso de circulación”, explica.