• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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Carabineros informó el martes de la muerte del sargento segundo Carlos Retamal Jaque, quien fue golpeado con un fierro el domingo, mientras fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio. Corresponde al séptimo funcionario de la institución que fallece en actos de servicio en cinco meses, lo que ha encendido las alarmas en torno a buscar nuevas formas de resguardo a la autoridad.

“Yo creo que, en parte, esto se debe a que Carabineros se está movilizando más, está mucho más proactivo, haciendo más fiscalizaciones, y todo eso va a producir obviamente más confrontaciones de este tipo”, asegura el ex director de Seguridad Pública (2009 – 2010), Jorge Araya.

¿Qué cifras hay en torno a estos episodios de violencia?

Según datos recibidos de parte de Carabineros, los registros de maltrato de obra a funcionarios, atentados y amenazas contra la autoridad, establecen:

• Un total de 1.251 detenidos en 2021 a nivel nacional, concentrados en su mayoría en la Región Metropolitana (488), la Región de Valparaíso (147), la Región del Bío Bío (89) y la Región del Maule (78).
• Entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2022, se registró un total de 1.122 detenidos a nivel país.
• La variación porcentual entre el año pasado y el 2022, registra un aumento del 57,9% en el total de detenidos en la Región de Coquimbo, un 32,1% en la Región de Atacama, y un 10,7% en la Región de Tarapacá.

Con respecto al “Memorial de Personal Fallecido en Actos del Servicio” de la institución, entre el 2019 y el 2022 se han registrado 12 defunciones en total, de las cuales 7 corresponden a los últimos cinco meses.

¿Qué medidas se pueden implementar para frenar o combatir estos ataques?

El ex director de Seguridad Pública enfatiza en que el primer paso es que la institución “recupere su legitimidad”, la cual ha sido afectada por diversos sucesos desde el 2017 en adelante, y argumenta que esta se ha visto afectada por los episodios de desfalco en Carabineros, la Operación Huracán, el caso Catrillanca, y el estallido social; lo que ha llevado al cuestionamiento de la población en torno a las policías.

“Todo eso hizo que la institución perdiera legitimidad, y cuando una institución pierde legitimidad, la gente ya no reconoce a esa institución o a esos funcionarios como autoridad, por lo tanto, están dispuestos a confrontarlos, y a no respetarlos”, manifiesta Araya.

Gonzalo Aranda, abogado penalista y ex fiscal del Ministerio Público, considera que se deben analizar los protocolos operativos ligados a la concurrencia de procedimientos complejos, y enfatiza que estos deberían establecer aspectos referidos a la cantidad de efectivos que deban actuar, también al equipo técnico que se deba utilizar (considerando armamento y medidas de protección, como cascos y chalecos antibalas).

“El entrenamiento táctico debe ser acorde a los tiempos, con capacitaciones tanto en el aspecto operativo como en las condiciones físicas y psíquicas de los funcionarios, que les permitan enfrentar situaciones de peligro connaturales a su función”, enfatiza Aranda.

Además, Jorge Araya sostiene que los funcionarios deberían realizar rondas bien acompañados, a modo de que no sean dos personas, sino cuatro. Y hace hincapié en la importancia de que estos lleven equipamiento de protección adecuado en sus móviles, y que se realice mayor inversión en armamento no letal, a modo de que los funcionarios puedan defenderse efectivamente, pero sin tener que recurrir al arma de fuego.

¿Diferencias entre el homicidio a un carabinero y contra un civil?

Citando el Artículo 416 del Código de Justicia Militar, Gonzalo Aranda asegura que “el que matare a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, a presidio perpetuo calificado”, y explica que esto corresponde, desde los 15 años y 1 día, a presidio perpetuo calificado (40 años antes de poder postular a un beneficio).

Con respecto al Artículo 391 del Código Penal, el abogado explica que cuando un civil mate a otro, este será penado:

• Con presidio mayor en su grado máximo, a presidio perpetuo. Es decir, de 15 años y 1 día a presidio perpetuo simple (20 años antes de poder postular a un beneficio). Esto corresponde al homicidio calificado (por ejemplo, en caso haber de alevosía, ensañamiento, etc.)
• Con presidio mayor en su grado medio en cualquier otro caso, es decir, desde 10 años y 1 día, hasta 15 años

Lo que viene

Aunque el experto en seguridad pública, Jorge Araya, manifiesta que actualmente, las penalidades que establece la ley protegen adecuadamente a la institución, debería impulsarse y llevarse adelante una reforma.

“Creo que hay que hacer una reforma importante en Carabineros, y creo que el apoyo a su trabajo no puede significar sacrificar los necesarios cambios, al contrario”, resalta Araya.

En esa línea, Gonzalo Aranda hace hincapié en que todo cambio que se pueda plantear a futuro debe ser sistémico, donde tanto las fuerzas policiales como los órganos encargados de la prevención, y educación, actúen de manera mancomunada. Además, el abogado sostiene que no sirve tomar medidas de forma aislada si es que estas no van acompañadas de una mayor capacitación, junto con el uso de tecnología, tanto para anticipar delitos como para dar con los responsables de estos hechos.

También, Aranda manifiesta que los procedimientos operativos deben actualizarse a la realidad delictual, y argumenta que esta utiliza armas de mayor potencia y que no demuestra respeto a las fuerzas policiales o la ciudadanía. En esa línea, considera que es necesario revisar protocolos de concurrencia a procedimientos y otros que otorguen una mayor seguridad ante funciones riesgosas.

“Al hacer cambios y al hacer las reformas que son necesarias, la institución va a ganar legitimidad y, por lo tanto, de mediano a largo plazo se va a evitar que sigan ocurriendo estos hechos”, asevera Jorge Araya.