• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El aumento histórico en el precio de los combustibles ya comienza a tener efectos concretos en la operación diaria de los municipios del país. En comunas con alta demanda territorial, el impacto no solo se refleja en cifras, sino también en decisiones administrativas que podrían incidir en la cobertura de servicios esenciales para la ciudadanía.

En el caso de Lo Barnechea, los vehículos municipales recorren en promedio 2.458 kilómetros mensuales, con un consumo de 333,35 litros por estanque y un costo individual de $385.614. Con las recientes alzas, ese monto podría escalar hasta cerca de $515 mil por móvil. Esta variación, lejos de ser marginal, introduce una presión inmediata sobre las arcas municipales.

El alcalde de la comuna, Felipe Alessandri (RN), advierte que el efecto es directo, y esto se explica, en parte, por la intensidad operativa de los gobiernos locales, cuya labor depende en gran medida del uso constante de vehículos: “En Lo Barnechea tenemos una operación territorial muy intensa, con patrullajes preventivos, fiscalización y respuesta a emergencias las 24 horas”, menciona.

El alcalde señala que cuentan con una flota amplia de vehículos destinada a seguridad, patrullaje preventivo, fiscalización y apoyo en emergencias, que operan 24 horas. Bajo ese escenario, cada incremento en el costo del combustible no solo afecta el presupuesto, sino también la planificación de servicios que funcionan de manera continua.
Pese a esto, el jefe comunal enfatiza que no se contemplan reducciones inmediatas en áreas críticas: “No vamos a reducir nuestra oferta en seguridad ni en la atención de emergencias, porque son servicios esenciales para nuestros vecinos”.

Una realidad similar describe el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien advierte que el impacto trasciende a un solo tipo de servicio. “El alza de los combustibles impacta directamente la operación diaria de los municipios, especialmente en comunas como Estación Central donde existe una alta demanda por patrullaje preventivo, fiscalización, limpieza de la comuna, transporte de vecinos y vecinas, mantención de áreas verdes y respuesta a emergencias”, explica.

Agrega que “esto se traduce en un aumento significativo en los costos de funcionamiento de vehículos de seguridad municipal, inspección, camiones de recolección de residuos y servicios operativos, lo que tensiona la capacidad de mantener despliegues permanentes en terreno”.

Además, plantea una consecuencia directa: “En la práctica, significa que con el mismo presupuesto podemos cubrir menos territorio o sostener menos horas de patrullaje si no hay ajustes de parte del Gobierno de Chile”.

Reasignaciones y presión interna

Uno de los principales problemas que enfrentan los municipios es la falta de mecanismos automáticos para absorber este tipo de alzas. A diferencia del nivel central, los gobiernos locales operan con presupuestos acotados y con escasa flexibilidad para enfrentar shocks externos. Al respecto, Alessandri explica que ya se encuentran evaluando alternativas. “Hoy estamos haciendo un análisis pormenorizado para dimensionar el impacto real de esta alza en nuestros costos operacionales. En lo inmediato, vamos a tener que reasignar recursos internos y priorizar, porque no existen fondos adicionales para absorber un incremento de esta magnitud”.

En la misma línea, Muñoz señala que este tipo de decisiones implica costos indirectos. “Estos mayores costos deben absorberse mediante reasignaciones internas, lo que implica redistribuir recursos desde otras áreas. Esto genera una presión importante, porque obliga a priorizar el gasto en funciones críticas como seguridad o beneficios sociales, muchas veces en desmedro de otras iniciativas”.

Este proceso de reasignación no es neutro. Las áreas que dependen intensivamente del uso de vehículos son las primeras en resentir el impacto, pero las consecuencias se expanden al conjunto de la gestión municipal. “Sin duda, las áreas más intensivas en uso de vehículos, como seguridad municipal, tránsito, inspección y operaciones, son las primeras en resentir este aumento. Pero esto termina tensionando todo el presupuesto municipal, porque obliga a redistribuir recursos que estaban destinados a otras iniciativas”, sostiene Alessandri.

Muñoz coincide con este diagnóstico y amplía el alcance del problema. “Las áreas más afectadas son aquellas que dependen fuertemente de operación en terreno: seguridad municipal, patrullaje preventivo, fiscalización, retiro de residuos y mantención de espacios públicos, entre otras”.

Efectos en la gestión y cobertura de servicios

Desde el ámbito académico, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, explica que el fenómeno tiene implicancias estructurales en la gestión municipal. “El alza en el precio de los combustibles impacta de manera directa y casi inmediata a los municipios, porque una parte relevante de su operación cotidiana depende del uso intensivo de vehículos: patrullaje de seguridad, retiro de residuos, fiscalización, emergencias y servicios comunitarios”, señala.

El experto advierte que en comunas con alta cobertura territorial o con fuerte presencia de seguridad municipal, como Lo Barnechea, el efecto se amplifica. “Un aumento como el que se describe, de $385 mil a $515 mil mensuales por vehículo, no es pequeño: implica un incremento cercano al 30-35%, que rápidamente tensiona los presupuestos”, afirma.

Entre las consecuencias más inmediatas, Arellano identifica posibles ajustes en la intensidad de los servicios “lo que significa menos rondas de patrullaje, ajustes en la frecuencia de ciertos operativos o priorización de zonas críticas por sobre una cobertura más amplia”.

Un problema sin solución estructural inmediata

Respecto del financiamiento, el panorama es limitado. Según Arellano, los municipios cuentan con un margen acotado de acción. “En general, estos mayores costos no vienen acompañados de ingresos adicionales automáticos, por lo que las alternativas suelen ser tres: reasignaciones internas, uso de saldos disponibles o, en algunos casos, apoyo extraordinario vía transferencias del nivel central o regional”. Sin embargo, advierte que estas soluciones son transitorias.

El debate, entonces, se traslada al mediano plazo. Alessandri reconoce que sostener el nivel actual de operación podría volverse inviable si las condiciones se mantienen. “En el corto plazo vamos a hacer todos los esfuerzos para mantener la operación sin afectar servicios. Pero si estas alzas se mantienen en el tiempo, claramente se vuelve muy complejo sostener el mismo nivel sin hacer ajustes”.

Muñoz coincide con esta proyección y plantea la necesidad de una discusión más amplia. “En el mediano plazo, es difícil sostener el mismo nivel de operación sin ajustes si los precios se mantienen al alza. Los municipios ya operan con presupuestos ajustados y con crecientes demandas en seguridad y servicios”.