• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El reciente intento de transportar estupefacientes a través de un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) ha puesto en evidencia los alcances de la infiltración del crimen organizado en las instituciones del país. Este hecho es una clara manifestación de la creciente penetración del crimen en el Estado, lo que genera preocupación por los riesgos que esta infiltración podría acarrear para el país, especialmente cuando se relaciona con los niveles de corrupción.

En el último ranking del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2024, Chile obtuvo una puntuación de 63, posicionándose por debajo de Uruguay en América Latina, pero por encima del promedio regional (42). Este resultado coloca al país cerca de los países de la OCDE, cuyo puntaje promedio es de 65. El IPC, desarrollado por Transparencia Internacional, mide la percepción de corrupción en el sector público de cada país, basándose en la opinión de expertos y empresarios.

A pesar de que Chile ha mantenido niveles relativamente bajos en comparación con el resto de países de la región, el puntaje de 2024 muestra una disminución de tres puntos en relación con 2023.

El índice utiliza diversas fuentes prestigiosas como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial para calcular las puntuaciones de cada país. Este proceso abarca varias manifestaciones de corrupción, tales como el soborno, la malversación de fondos públicos, el uso indebido del cargo público para obtener lucro personal y el nepotismo en los nombramientos de funcionarios.

La puntuación de un país es el nivel percibido de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa “altamente corrupto” y 100 “muy limpio”.

Aunque Chile sigue destacándose por tener niveles más bajos que muchos de sus vecinos, los últimos casos relacionados con el crimen organizado generan dudas sobre si la tendencia mejora o se está estancando.

Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, señala que la infiltración del crimen organizado en instituciones clave del Estado, como las Fuerzas Armadas, es una preocupación creciente.

Herramienta para establecerse

La experta destaca que, aunque este fenómeno no es nuevo, su visibilidad ha aumentado en los últimos años. Según Greene, las organizaciones criminales han aprendido a utilizar la corrupción como una herramienta para establecerse en el aparato estatal, lo que les permite operar con mayor impunidad. “Esto es especialmente preocupante en el caso de instituciones encargadas de la seguridad nacional, como las Fuerzas Armadas, que tienen atribuciones en zonas fronterizas donde el crimen organizado suele operar con libertad”, advierte.

Daniel Cavada, sociólogo y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, opina que la infiltración del crimen organizado en el Estado chileno es un proceso gradual. Cavada argumenta que, aunque los recientes casos de corrupción en las Fuerzas Armadas fueron alarmantes, eran de esperarse, pues el crimen organizado ha estado penetrando progresivamente diversas instituciones del Estado.

Según el académico, esta infiltración comienza con los funcionarios portuarios y la policía, luego avanza hacia los municipios y, finalmente, intenta corromper a los parlamentarios. Cavada insiste en que las instituciones chilenas deben mejorar sus mecanismos de control interno y regulación para evitar que el crimen organizado se apodere de áreas estratégicas como las Fuerzas Armadas, que pueden ser utilizadas para facilitar el tráfico de mercancías ilegales.

Fortalecer mecanismos

Por su parte, Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, enfatiza la importancia de fortalecer los mecanismos de contrainteligencia en las fuerzas armadas y policiales. Urquízar afirma que la clave para prevenir la infiltración del crimen organizado en estas instituciones radica en fortalecer la capacidad de detección y control de las actividades ilícitas. En este sentido, subraya la necesidad de modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado, asegurando que los procesos de monitoreo y vigilancia estén adecuadamente protegidos y sean más eficientes.

Greene coincide con Urquízar al señalar que, aunque algunos casos recientes han demostrado que los sistemas de control pueden funcionar correctamente, estos deben ser mucho más frecuentes y sistemáticos. Para la investigadora, la clave no está solo en aplicar sanciones severas, sino en garantizar que las sanciones sean efectivas. “La verdadera disuasión no está en la magnitud de la pena, sino en la certeza de que esta se aplicará”, asegura Greene. Ella destaca que el crimen organizado se adapta y avanza de diferentes maneras, por lo que la violencia no siempre disminuye como resultado de una acción exitosa contra el crimen. A veces, puede disminuir simplemente porque una organización ha logrado imponerse sobre otra, o porque las instituciones están tan permeadas que operan con total impunidad.

Para contrarrestar este tipo de fenómenos, Greene recalca que es fundamental no solo reforzar los sistemas de control y detección, sino también asegurar que las sanciones sean ejemplares. A su juicio, si no se detiene la infiltración del crimen organizado en las instituciones y en la sociedad, los casos de corrupción seguirán multiplicándose. Por ello, considera esencial que, además de combatir la corrupción, se desarrollen políticas públicas que enfrenten directamente la expansión del crimen organizado, especialmente en zonas fronterizas y áreas vulnerables del país.