• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Desde hace algunos años, el mundo ha sido víctima de la desinformación, siendo el caso de las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos uno emblemático para ejemplificar la gravedad de la situación. Actualmente, con las nuevas elecciones presidenciales del país y la llegada de la Inteligencia Artificial (IA), las noticias falsas se han convertido en una amenaza para los estadounidenses. Incluso, las herramientas que brinda la IA han sido adaptadas por los distintos grupos criminales, pero, ¿cómo es la situación en Chile?

Por lo menos en Estados Unidos, en enero de este año, distintos votantes en la primaria de New Hampshire fueron víctimas de desinformación de robollamadas generadas con IA, la cual consiste en presentar una voz falsa, en este caso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dando instrucciones para que los votantes no salieran de su casa.

En el caso de Chile, Kenneth Pugh, senador (independiente, en la lista de Renovación Nacional) e integrante de la comisión permanente de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, comenta que “la desinformación y el engaño para realizar estafas vienen de tiempos inmemoriales. No es algo de ahora. Antes se dispersaban rumores cuando no existía la imprenta y luego se fue usando cada uno de los medios tecnológicos para diseminar “información falsa” o “información incompleta o dudosa”. Hoy, con el uso malicioso que hacen los cibercriminales de la Inteligencia Artificial Generativa que genera voz o video idénticos a las personas suplantadas, se hace más difícil pero no imposible detectarlo”.

Problemas y desafíos de esta práctica delictual

Sin embargo, señala que la regulación y control de estas prácticas maliciosas es difícil, porque requiere de mucha coordinación, no solo en el país, sino con los otros desde donde se pueda estar generando este crimen que es trasnacional. El senador comenta que “desde partir impidiendo el empleo de celulares por internos en cárceles que realizan estafas desde esos lugares, hasta un verdadero sistema de inteligencia estratégica del Estado que sea capaz de detectar “campañas de desinformación” que puedan desestabilizar el país, algunas veces originada por actores estatales”.

Asimismo, comenta que una vez producido el delito se requieren capacidades técnicas muy especializadas para perseguirlo y si este se cometió por medio o usando Inteligencia Artificial, las autoridades deben crear una nueva agravante penal que permita usar el actual catálogo de delitos, pero actualizado a la tecnología. “Esta moción la propuse a mediados del año pasado, pero aún no la ve la comisión de constitución del Senado para iniciar su tramitación legislativa”, menciona Pugh.

Pedro Huichalaf, docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, explica que en la actualidad los delincuentes están utilizando distintas técnicas para realizar estafas, engaños o defraudaciones para obtener información, por ejemplo, las claves de tarjetas de crédito o de coordenadas. “Para ello realizan llamadas telefónicas y simulan ser una llamada de call center e incluso le dicen a la persona: “Mire, no dé la información por teléfono, sino que digítelo en el celular” y tienen algunos sistemas que detectan los sonidos de los teclados cada vez que uno marca y los traducen obviamente en los números que uno está marcando”.

¿Cómo se adaptan las policías?

Pugh detalla que la Policía de Investigaciones ha creado la nueva Jefatura Nacional de Cibercrimen y cuenta con tres brigadas de cibercrimen en el país. Sin embargo, “se requieren más brigadas, ojalá de macrozonas, pero se requiere, además, de la obtención de evidencia digital con su respectiva cadena de custodia, de una Fiscalía especializada en este tipo de delito para hacer más efectiva la persecución. En tal sentido, esta puede ser una de las fiscalías supra territoriales la que propuse en una reforma constitucional ya aprobada en la que falta la ley y el presupuesto para hacerla efectiva”.

Por su parte, Juan Valdenegro Correa, comisario de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), aclara que las robollamadas “son llamadas que se realizan en forma automatizada por sistema como su nombre lo indica, son robots que realizan este tipo de llamadas y su principal objetivo es obtener información de diferentes usuarios”.

No obstante, añade que esta actividad no es un delito en la actualidad, “sino que más bien es para reunir y recolectar información de diferentes usuarios, por lo tanto, no es un delito en sí”.

En cuanto a cómo las personas pueden detectar este tipo de estafas, a juicio del senador ante el escenario actual, los chilenos deben instalar el concepto de “Confianza Cero. Comprobar Todo. Esta sola actitud permite cortar “cadenas de campañas de desinformación” o estafas muy elaboradas con audios o videos que parecen reales. En el caso de audios, cortar y llamar al teléfono que uno tiene registrado de la persona o verificar con terceros confiables. En el caso de videos, y si se tiene dudas que sea la persona, usar alguna técnica de autenticación, como por ejemplo preguntar algo que solo el otro sepa”.