• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Durante la madrugada del lunes, se registró un nuevo hecho violento. Esta vez, uno de los protagonistas del asalto fue un adolescente de 15 años, quien resultó gravemente herido tras ser baleado por el dueño de una vivienda en la comuna de Maipú. Según la información preliminar, la víctima del robo utilizó un arma de fuego inscrita para repeler el asalto. Situaciones como esta, aunque en distintos contextos, han ido en aumento y apuntan al mismo fenómeno: La creciente participación de menores de edad en delitos.

De acuerdo con el Boletín Estadístico Anual de la Fiscalía Nacional, que comprende de enero a diciembre de 2024, en todo el país se registró un total de 40.069 infractores ingresados a la institución (estos pueden ser denunciados, imputados, investigados, sospechosos o querellados. Además, la estructura interna de un caso permite que existan múltiples infractores por causa). De ese total, 15.409 corresponden al tramo etario de 14 a 15 años y 24.660 al rango de 16 a 17 años.

Al comparar estos datos con los de 2023, se observa un aumento importante. Ese año, el total de infractores ingresados fue de 36.468: 12.549 en el tramo de 14-15 años y 23.919 en el de 16-17 años.

En cuanto a los delitos cometidos, de acuerdo con los datos, en homicidios hubo 183 infractores conocidos, mientras que en hurtos la cifra fue de 1.867. Ahora, en robos, el total llegó a 3.007 y los de delitos relacionados a la ley de drogas llegó a 1.718.

Inicio de una “carrera delictual”

Anuar Quesille, defensor de la Niñez, señala que, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público entre 2018 y 2023, analizadas por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, se registró una baja paulatina de los delitos relacionados con responsabilidad penal adolescente, llegando a un mínimo en 2021.

Sin embargo, posteriormente se observa una tendencia al alza, alcanzando niveles prepandemia. En este sentido, “los datos muestran que los desafíos en esta temática no son solo respecto de la cantidad de delitos, sino que también ha existido un cambio en los tipos de delitos que se cometen. Existe una concentración de detenciones en un número reducido de adolescentes y otros elementos relacionados con la persecución penal que son relevantes de considerar”, precisa.

En cuanto a los factores, comenta que la comisión de delitos es un fenómeno complejo y multicausal que requiere de una mirada especializada al tratarse de adolescentes: “Existen trayectorias de vida de algunos adolescentes gravemente afectadas de manera previa al inicio del comportamiento delictivo. Por lo tanto, desde un punto de vista preventivo, debe atenderse, por ejemplo, a derechos fundamentales como crecer en un entorno libre de violencia, el derecho a la educación, salud, desarrollo y otros derechos esenciales en etapas vitales”.

Por su parte, Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, comenta que, tras la pandemia, ha habido un alza generalizada en los delitos, especialmente en aquellos con participación de menores de edad. “No es novedad el uso de menores para cometer delitos; lo nuevo es el aumento y la violencia de los hechos protagonizados por adolescentes y niños”, explica.

Asimismo, precisa que la delincuencia no existe aislada de los macro fenómenos sociales. “En Chile existe un aumento de la violencia en diversas esferas de la vida social que no tienen relación directa con el mundo criminal. Pero este contexto de normalización de la violencia, bajo diversos discursos relativistas, es un marco propicio para que niños y adolescentes sientan que no es tan malo violentar a otros”.

Formas de disminuir la participación

Quesille comenta que, desde el punto de vista de la intervención, es necesario que las autoridades del Estado analicen la situación con mayor profundidad y se pregunten si los sistemas y programas orientados —y proyectados— para la prevención del delito y la reinserción social son capaces de generar las respuestas necesarias ante los nuevos desafíos del crimen organizado, que utiliza y explota a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, plantea si los nuevos modelos de intervención funcionarán, considerando que estos adolescentes han tenido trayectorias de vida fuertemente marcadas por la violencia y la vulneración de derechos.

“También en el espacio escolar existe una oportunidad de prevención. En este sentido, la exclusión educativa está correlacionada con el consumo de sustancias, y este, a su vez, con el comportamiento delictivo. Y al revés: la inclusión educativa reduce el comportamiento delictivo y el consumo problemático de drogas”, agrega Quesille.

Por otro lado, Estrella comenta que lo primero que se debe atender es la alta deserción escolar. “Un menor debe estar estudiando para forjar su mente y sus herramientas sociales, pero además debe estar en ambientes que lo protejan de las malas influencias y del simplismo del crimen”.

Otro punto importante, según el académico, es la cultura: “Debemos tener como sociedad una reflexión sosegada y profunda sobre la violencia. Debemos lograr revalidar los medios pacíficos como los únicos que pueden llevarnos al bien común y a la prosperidad de todos”.

“Si logramos poner en alto la paz social como uno de los mayores bienes a los que podemos aspirar, el contexto violentista que facilita la decisión por una vida criminal perderá fuerza. Por supuesto, debemos mejorar las capacidades para perseguir y castigar el delito, pero cuando hablamos de menores, lo primordial es la prevención”, agrega.

En tanto, Diego Hernández, especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago de Chile, agrega que la educación es un pilar vital para prevenir el inicio de una carrera delictual en los jóvenes. “Debe existir una forma de educar que permita demostrarles a los jóvenes que participan en delitos que su rol en la sociedad es importante y que existen otras alternativas para evolucionar de una forma no delictiva”.