• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La formalización de un ejecutivo de Banco Santander por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada a la organización criminal Tren de Aragua instaló nuevamente una preocupación que expertos vienen advirtiendo desde hace años: las redes del crimen organizado no operan únicamente mediante la violencia o el tráfico de drogas, sino también a través de la colaboración de personas que, por distintos motivos, terminan facilitando operaciones ilícitas.

Prestar una cuenta bancaria para recibir dinero, facilitar datos personales para abrir productos financieros, arrendar propiedades sin verificar adecuadamente a los ocupantes, actuar como intermediario en transferencias sospechosas o incluso ceder dispositivos electrónicos pueden convertirse en mecanismos utilizados para ocultar operaciones ilegales.

Un ejemplo de ello quedó reflejado en una causa vinculada al tráfico de drogas, donde una persona terminó involucrada judicialmente tras prestar su teléfono celular a un amigo para enviar un mensaje. Aunque la acción parecía irrelevante, la investigación concluyó que el dispositivo había sido utilizado en el contexto de una actividad ilícita, demostrando cómo decisiones cotidianas pueden tener consecuencias inesperadas cuando son aprovechadas por terceros.

Vulnerabilidad social y económica

Para Ulda Figueroa, coordinador del área de Estudios del Centro UC Justicia y Sociedad, una parte importante de quienes terminan colaborando con redes de lavado de dinero comparte ciertas condiciones de vulnerabilidad social y económica. El especialista explica que las personas que facilitan sus cuentas bancarias para estas operaciones suelen enfrentar dificultades económicas, exclusión del mercado laboral formal y condiciones que las hacen más susceptibles de ser contactadas e incluso coaccionadas por organizaciones criminales.

Según señala, muchas veces se trata también de personas que han pasado por el sistema penitenciario o que mantienen antecedentes penales, situación que dificulta su acceso a empleos formales y genera mayores niveles de vulnerabilidad frente a grupos que buscan reclutarlas para ejecutar determinadas tareas.

En ese contexto, Figueroa sostiene que las políticas de reinserción social cumplen un rol fundamental en la prevención del crimen organizado. A su juicio, la falta de oportunidades laborales y sociales para quienes egresan del sistema penitenciario facilita que estas organizaciones encuentren personas dispuestas o necesitadas de colaborar en actividades ilícitas. Por ello, advierte que medidas que profundicen la exclusión pueden terminar favoreciendo indirectamente la capacidad de reclutamiento de estas estructuras criminales.

Las organizaciones delictuales, sin embargo, no sólo buscan personas en situación de vulnerabilidad, explica que también requieren individuos con conocimientos técnicos, acceso a información sensible o posiciones estratégicas dentro de instituciones públicas y privadas.

“Incentivo económico”

Pilar Lizana, investigadora experta en crimen organizado y directora ejecutiva de Volpe Consulting, explica que existen distintas razones por las cuales algunas personas terminan colaborando con estas redes. Una de ellas es el “incentivo económico”, mientras que otra corresponde a mecanismos de amenaza o presión utilizados por las organizaciones para conseguir cooperación.

La especialista señala que, en este tipo de casos, es importante comprender que el principal objetivo de las organizaciones criminales es económico. Por esa razón, buscan incorporar a personas capaces de aportar conocimientos especializados o facilitar determinados procesos.

“Existen personas que se transforman en estratégicas para las organizaciones y que no tienen que ver con la violencia con que se manifiestan estas organizaciones. Abogados, contadores, ejecutivos bancarios, policías, políticos, etc., pueden ser sumamente estratégicos para estas organizaciones criminales por los conocimientos que tienen o por el poder que pueden tener”, afirma Lizana.

La investigadora añade que este tipo de actores representan activos valiosos porque conocen el funcionamiento del sistema financiero, los mecanismos regulatorios y las operaciones nacionales e internacionales que permiten mover recursos sin levantar sospechas.

A diferencia de la imagen tradicional asociada al crimen organizado, donde predominan hechos violentos y enfrentamientos armados, los especialistas advierten que una parte significativa de las actividades criminales actuales ocurre lejos de la vista pública y depende de estructuras financieras, empresariales y administrativas.

Lizana sostiene que el avance de estas organizaciones obliga a ampliar la mirada sobre las amenazas que enfrenta el país. A su juicio, el fenómeno ya no puede abordarse únicamente desde una perspectiva policial, sino que requiere incorporar capacidades de inteligencia financiera, análisis de datos y coordinación institucional.

País atractivo

En ese sentido, explica que Chile presenta características especialmente atractivas para estas redes. Por una parte, cuenta con puertos que facilitan la conexión con mercados internacionales. Por otra, dispone de un sistema financiero y económico que puede ser utilizado para ocultar o legitimar recursos provenientes de actividades ilícitas.

La experta menciona además que mecanismos creados para fomentar el emprendimiento, como la constitución simplificada de empresas, también pueden ser aprovechados por organizaciones criminales para crear sociedades de fachada destinadas al lavado de activos. Frente a este escenario, los especialistas recomiendan adoptar una serie de medidas preventivas para evitar ser utilizados por grupos criminales.

Entre ellas se encuentra no prestar cuentas bancarias para recibir o transferir dinero de terceros, desconfiar de ofertas de ingresos rápidos que impliquen utilizar productos financieros propios, verificar antecedentes al arrendar propiedades, evitar compartir claves de acceso o información personal sensible y reportar operaciones sospechosas cuando existan dudas sobre su origen o finalidad.

También advierten sobre la importancia de revisar cuidadosamente cualquier propuesta laboral o comercial que implique actuar como intermediario financiero sin una justificación clara, especialmente cuando se ofrecen comisiones elevadas por tareas aparentemente simples.