• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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En los últimos meses, el crimen organizado ha comenzado a permear diversas instituciones del país. El caso más reciente fue la detención de cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), involucrados presuntamente en una red de tráfico de sustancias ilícitas entre Tarapacá y la Región Metropolitana. Se trata del segundo hecho similar en menos de un mes, lo que evidencia el preocupante avance de estas redes criminales en el país.

Ante la gravedad del caso, la FACh emitió un comunicado en el que señaló que, gracias al reforzamiento de sus controles preventivos y procedimientos de seguridad, se logró detectar un intento de traslado de sustancias ilícitas por parte de funcionarios de la Iª Brigada Aérea en Iquique, previo a un vuelo institucional con destino a Santiago. Además, la institución aseguró que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se dio aviso a la Fiscalía de Aviación, quedando los cinco funcionarios a disposición de la justicia y en prisión preventiva.

La institución recalcó su total rechazo a este tipo de hechos y reafirmó su compromiso con la probidad, la disciplina y el cumplimiento estricto de la ley, destacando su voluntad de colaborar plenamente con las autoridades para esclarecer el caso.

Una señal de alerta

Este episodio refleja no solo el avance del crimen organizado, sino también la vulnerabilidad de las instituciones públicas. Así lo advierte Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, quien advierte que este intento de introducir un maletín sin control a un avión militar constituye una alerta clara sobre el nivel de penetración del crimen en el aparato estatal.

El experto añade que las organizaciones delictuales han perfeccionado sus métodos, valiéndose de tecnología, empresas fachada y vacíos institucionales, sobre todo en las zonas fronterizas, para facilitar el tráfico de drogas, armas y personas. Esto, advierte, incrementa la violencia e inseguridad, y pone en serio riesgo la legitimidad de las instituciones públicas.

Por su parte, Pilar Lizana, directora ejecutiva de Volpe Consulting, afirma que el crimen organizado ya ha logrado insertarse en diferentes instituciones del país y que es “esperable que continúe expandiéndose”, buscando estructuras que le brinden herramientas logísticas.

En sus palabras, “la FACh es una herramienta muy relevante porque tiene alcance nacional y se transforma en apoyo logístico para llegar a todos los rincones del país”. Lizana enfatiza que este tipo de casos evidencia el interés del crimen organizado en capturar instituciones estratégicas. También sostiene que, si bien algunos países han logrado avances parciales en materia carcelaria o de persecución financiera, no existe un modelo exitoso y definitivo para erradicar completamente el fenómeno.

Débil Estado de Derecho

Toledo, en tanto, alerta sobre el impacto de esta situación en el Estado de Derecho. A su juicio, cuando el crimen organizado logra penetrar en las Fuerzas Armadas o policiales, puede llegar a establecer sus propias reglas y controlar territorios, como ya ha ocurrido en otros países de la región. Además, el acceso a armamento o información estratégica representa una amenaza directa para la seguridad nacional.

También advirtió que la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones, alimentada por la percepción de impunidad y corrupción, debilita la cohesión social y dificulta la gobernabilidad democrática.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, calificó el hecho como “grave” a través de su cuenta de X y añadió que el gobierno ya está tomando medidas junto a los comandantes en jefe, entre ellas el reforzamiento de los controles, el fortalecimiento de los equipos de contrainteligencia y la incorporación de brigadas caninas para la detección de drogas.

Medidas

Desde la mirada de Toledo, enfrentar esta amenaza requiere fortalecer los controles internos, aplicar auditorías independientes y promover la capacitación ética en las instituciones armadas. También considera fundamental implementar rotaciones periódicas de personal en zonas críticas, para prevenir la captación por parte del crimen organizado.

Asimismo, sugiere incorporar tecnologías de trazabilidad y monitoreo en tiempo real, que permitan detectar actividades ilícitas antes de que se consoliden. Para él, la cooperación entre instituciones y la fiscalización civil son pilares fundamentales para asegurar transparencia y rendición de cuentas. En sus palabras, “solo una respuesta coordinada y multidimensional permitirá frenar el avance del crimen organizado en el aparato estatal”.

En cuanto a la prevención de la corrupción, Toledo destaca que es clave fortalecer la transparencia en todos los niveles del Estado, sancionar de manera efectiva a quienes cometan delitos de corrupción y actualizar las estrategias nacionales de integridad pública. También resalta el rol fundamental de la ciudadanía en la vigilancia y denuncia de irregularidades.

Aunque Chile mantiene, en términos comparativos, niveles relativamente bajos de corrupción en la región, Toledo advierte que la tendencia es preocupante. El país obtuvo en 2024 su “peor puntaje histórico” en el Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en el puesto 32º a nivel global, tres posiciones más abajo que en la medición anterior.

En definitiva, concluye el experto, la infiltración del crimen organizado en instituciones chilenas representa una amenaza real y creciente. En su opinión, solo mediante respuestas firmes, controles estrictos y una cultura institucional orientada a la integridad se podrá evitar que Chile repita los patrones de otros países donde la corrupción y el crimen han debilitado profundamente al Estado y a la democracia.