• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La composición etaria de las víctimas de homicidios en Chile muestra cambios relevantes en los últimos años, en paralelo a una mayor exposición de los adultos mayores a delitos violentos. Si bien los grupos entre 18 y 39 años siguen concentrando la mayor proporción de casos, las estadísticas evidencian un aumento sostenido en la participación de personas de 50 años o más entre las víctimas fatales. Este fenómeno se enmarca en un escenario más amplio de violencia delictual que afecta con particular dureza a quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad física y social.

De acuerdo con el Informe de Víctimas de Homicidios Consumados correspondiente al primer semestre de 2025, las víctimas se concentraron principalmente en los tramos de 18 a 29 años (28,2%) y 30 a 39 años (26,6%), sumando en conjunto un 54,8% del total de casos. Sin embargo, el grupo de 50 años o más ha mostrado una tendencia ascendente: representaba el 14,1% del total en el mismo período de 2023, aumentó a 18,1% en 2024 y alcanzó el 19,2% en 2025. En términos comparativos, mientras algunos segmentos juveniles disminuyeron su participación —como el tramo de 0 a 17 años, que pasó de 6,3% en 2024 a 4,3% en 2025—, los mayores incrementaron su peso relativo dentro de la estadística nacional.

El aumento de víctimas de mayor edad no se limita a los homicidios. Según datos presentados por la Subsecretaría de Prevención del Delito ante la Cámara de Diputados, durante 2024 se registraron 118.923 adultos mayores víctimas de delitos, faltas e infracciones, lo que representó un incremento de 23,4% respecto de 2023, equivalente a 11.490 casos adicionales. Estas cifras reflejan una mayor exposición de este grupo etario a distintas formas de criminalidad, desde robos con violencia hasta estafas y fraudes.

Para Christian Alveal, ex director nacional de Gendarmería, parte de la explicación radica en una transformación del ecosistema delictual. Según plantea, la delincuencia tradicional tendía a excluir de su accionar más agresivo a personas consideradas especialmente vulnerables, como adultos mayores y niños. Sin embargo, esa lógica se ha ido debilitando en la última década, en parte por la irrupción de organizaciones criminales extranjeras con mayores niveles de violencia instrumental. En ese contexto, la edad deja de ser un factor disuasivo y pasa a convertirse en un elemento funcional para la comisión del delito, debido a la menor capacidad de resistencia física y reacción inmediata.

Alveal sostiene que estas dinámicas también han sido adoptadas por segmentos de la delincuencia local, especialmente en contextos marcados por consumo problemático de drogas y desinhibición conductual. Ello se traduce en un uso más frecuente e intenso de la violencia como herramienta para asegurar el resultado del ilícito, incluso cuando las víctimas pertenecen a grupos de especial vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, el aumento en la agresividad no respondería a episodios aislados, sino a una característica estructural de ciertas formas actuales de criminalidad.

Cristian Lobos, oficial en retiro de la Policía de Investigaciones, coincide en que se observa una transformación cualitativa en la violencia. A su juicio, más allá de las variaciones en determinadas categorías delictivas, se advierte una mayor intensidad en los modos de ejecución, con uso recurrente de armas blancas, amenazas explícitas y conductas más invasivas. En el caso de los adultos mayores, esa violencia instrumental puede tener consecuencias especialmente graves debido a su fragilidad física.

Desde una perspectiva criminológica, la selección de adultos mayores como víctimas también puede analizarse a partir de patrones rutinarios. Muchos mantienen hábitos predecibles, como el cobro presencial de pensiones en fechas determinadas, trámites bancarios en horarios similares o desplazamientos regulares en transporte público. Estas rutinas, sumadas a la percepción de portar dinero en efectivo, pueden convertirlos en objetivos atractivos para delincuentes que realizan una evaluación racional del riesgo y la oportunidad.

El envejecimiento demográfico del país constituye otro factor estructural. Chile experimenta un crecimiento sostenido en la proporción de personas mayores de 60 años, lo que incrementa su presencia en el espacio público y, por ende, su exposición estadística a distintos delitos. Este elemento no explica por sí solo la mayor violencia, pero sí amplía el universo potencial de víctimas y aumenta la visibilidad mediática de los casos.

En cuanto a las políticas de protección, los especialistas coinciden en que las medidas actuales resultan insuficientes frente a la complejidad del fenómeno. Alveal plantea que la prevención requiere una articulación más robusta entre municipios, policías y sistema penitenciario, considerando que los egresos carcelarios impactan directamente en territorios específicos. Propone avanzar hacia modelos de análisis basados en datos, identificación de patrones territoriales y estrategias diferenciadas según perfiles de riesgo, incluyendo regímenes penitenciarios más estrictos para autores de delitos violentos de alta lesividad.

Lobos, por su parte, subraya la necesidad de incorporar la variable etaria en los mapas de calor del delito y en los sistemas de análisis criminal, con el fin de focalizar patrullajes preventivos en días y horarios críticos, como jornadas de pago masivo. También enfatiza la importancia del diseño urbano, la iluminación adecuada y el fortalecimiento de redes comunitarias para reducir el aislamiento social, un factor que puede aumentar la vulnerabilidad.