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Personas extraviadas en Chile: Cómo funciona el protocolo y lo que indican los datos disponibles

Expertos explican los desafíos que se presentan ante casos que no son aislados.

La Fiscalía de Viña del Mar confirmó el martes 16 de enero la muerte de Anahí Espíndola, una joven de 22 años que desapareció el 4 de enero y había sido vista por última vez en un gimnasio de la ciudad jardín. El cuerpo fue encontrado sin vida el viernes en los roqueríos de Avenida Perú, en Viña del Mar, y el Servicio Médico Legal, lo analizó desde el sábado para determinar a quién pertenecía, luego de las tomas de ADN y los procedimientos necesarios, las autoridades confirmaron que se trataba de la joven. Una muerte lamentable que pone en evidencia los casos de personas extraviadas.

De acuerdo con las cifras de la Policía de Investigaciones (PDI), durante el 2020, recibieron 8.824 órdenes para investigar el paradero de quienes estaban desaparecidos y eran denunciados por sus familiares o personas cercanas. De esas cifras, 847 personas no pudieron ser ubicadas. Sin embargo, 7.977 personas pudieron ser ubicadas, según la información de la PDI.

Para el período de enero a junio de 2021, las cifras disminuyeron y se ubicaron en 4.017 personas que habían sido denunciadas por presunta desgracia; de estas, 346 no pudieron ser ubicadas y el restante, 3.671 personas fueron ubicadas. Asimismo, la información de la PDI, revela que, al realizar una comparación con las cifras del primer semestre de 2021 con el mismo periodo del año anterior, hay una disminución a nivel nacional que se ubica en un 17.9%.

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Sumando el total de casos del 2020 y el primer trimestre del 2021, las denuncias de personas extraviadas se ubican en un total de 12.841. De estos, la Región Metropolitana es la que concentró más casos, 3.415 órdenes para investigar presuntas desgracias, es decir, el 26.59% de todo el territorio nacional. Luego, en orden descendente, están las regiones de Biobío con 2.057 casos (16.02%) y Valparaíso con 1.600 denuncias (12.46%).

Cómo funciona el protocolo

La subprefecta Karen Hernández, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) Metropolitana de la PDI, explica a Emol Facts cómo funciona el protocolo de búsqueda ante la presunta desgracia de una persona:

• La Briup toma conocimiento de la desaparición de una persona a través de 3 canales: Órdenes de investigar, instrucciones verbales del Ministerio Público, o por denuncia cursada directamente en cualquier Brigada de la PDI. En Santiago, la Briup es la encargada de desarrollar todas aquellas primeras diligencias tendientes a la ubicación de la persona derivadas de denuncias efectuadas en cualquier unidad de la Región Metropolitana.

• Una vez en conocimiento, se desarrolla una metodología de búsqueda de acuerdo a protocolos de actuación de la materia, que involucra la metodología científico-técnica de la PDI.

“La PDI desarrolla su trabajo de investigación de presuntas desgracias conforme a la normativa vigente y a un nuevo protocolo de actuación de presuntas desgracias, el que fue elaborado en noviembre del 2020 durante una mesa de trabajo intersectorial con diferentes actores que intervienen en el proceso antes mencionado, en donde se destaca, por ejemplo: la evaluación del riesgo de acuerdo a factores personales o ambientales y la edad de la persona, la que siempre será de alto riesgo en el caso de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)”, comenta Hernández.

Por otro lado, añade que desde el 27 de octubre del 2022, se promulgó la Ley 21.500, la que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y “se crea el Sistema Interconectado para esos efectos, el cual además establece un estándar de la investigación para las policías, tomando en cuenta todas las variables que tienen relevancia para determinar el perfil del desaparecido o desaparecida como lo son su círculo familiar, social, laboral, educacional u otro según el historial del requerido”, explica.

Efectividad de las medidas y los desafíos por enfrentar

El diputado Mauro González (RN), quien realizó un llamado para implementar el Plan Piloto de Búsqueda de Personas Extraviadas en todo el país debido al caso de Anahí Espíndola, señala que “en Chile se pierden, en promedio, dos personas cada 24 horas. El 93 por ciento aparece a los pocos días, pero ese 7 % restante nunca lo hace”.

“Actualmente hay 16 mil personas desaparecidas en Chile, de las cuales no hay rastro. Aquí podemos recordar el caso de Kurt Martinson, cuya desaparición no ha sido esclarecida hasta ahora. O el caso de la señora Violeta Gutiérrez, que nos llevó a impulsar el Plan Piloto de Búsqueda de Personas Extraviadas, una iniciativa propuesta en el presupuesto 2022-2023 para que se instalen unidades para la búsqueda de personas en todas las regiones del país”.

González respondió ante la pregunta “¿qué otras medidas se pueden implementar para aumentar la aparición de las personas?”, y señala que “lamentablemente en Chile nuestra fuerza policial no da abasto con la demanda que tienen día a día, sobre todo ahora que ha aumentado el nivel de violencia en las calles. Aumentar la dotación policial es clave no solo para la seguridad de los chilenos, sino que también para poder destinar mayores recursos humanos en la búsqueda de desaparecidos”.

Añade que es fundamental que se establezca el Plan Piloto de Búsqueda de Personas, debido a que “esto va a permitir contar con mayores recursos para las instituciones, tener mejores herramientas de tecnología y mayor coordinación entre los organismos competentes y equipos de emergencia”.

Karen Hernández señala que para superar los desafíos en este tipo de casos, idealmente se deben incorporar a las investigaciones nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial y análisis de datos, ya que son herramientas que brindan una oportunidad “para establecer los paraderos de las personas reportadas como desaparecidas, manteniéndose en una constante actualización para que cada dato sea una guía para la investigación”.

Por su parte, Karina Saavedra, académica de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, explica que es fundamental “poner en marcha la Ley 21.500, es decir, que el sistema interconectado de búsqueda de personas sea una realidad y no solo una hermosa declaración de intenciones”, ya que como explica, esta ley se publicó en octubre de 2022, “y aun en enero de 2024 no puede ser una realidad, lo que parece impresentable”.

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