• Rosario Acevedo Castillo, equipo de Facts
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Luego de fracasar con la implementación de un “estado intermedio” en la Macrozona Sur del país, el Gobierno de Gabriel Boric presentó el pasado lunes el plan “Buen Vivir”. La iniciativa abarca tres ejes con distintas medidas para enfrentar la violencia y diferentes problemáticas que existen en las regiones de la Araucanía y del Biobío, incluida el “Estado de Emergencia”, el que había negado desde el inicio de su administración.

¿Cuáles son las medidas que abarca el plan?

Seguridad:

• El Gobierno decretará Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las regiones del Biobío y La Araucanía, pero acotado a las carreteras y restringiendo en la menor medida posible los Derechos Fundamentales de las personas.
• El Ministerio Público designará un fiscal especial con dedicación exclusiva para investigar robo de madera y narcotráfico en la Marcozona Sur.

Reconocimiento de pueblos originarios:

• Duplicación de la destinación de recursos fiscales a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), pasando de $17 mil millones a $35 mil millones.
• Dentro de tres meses se iniciará el proceso a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y se piensa adquirir 20 mil hectáreas de predios forestales en beneficio de 19 comunidades.
• Reactivación de la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.
Parlamentos territoriales:
• Se impulsarán estos organismos para reconocer a las autoridades indígenas y a los actores del territorio, con el objetivo de generar acuerdos para responder a las distintas demandas de la zona. Además, los encuentros serán acompañados por Naciones Unidas y comenzarán en julio.

Desde el Ministerio del Interior, además confirmaron que se realizará una inversión de más de $400 mil millones en obras públicas, infraestructura, agua potable, en materia de salud, entre otros, con el fin de reactivar económicamente la Región de La Araucanía y del Biobío.

Frente al nuevo plan, diversas reacciones se generaron en el mundo político. Aquí algunas de ellas:

• Catalina Pérez, diputada de Revolución Democrática: Mencionó que el Gobierno “escuchó y dialogó con autoridades en los territorios, con las bancadas parlamentarias, para buscar la manera en conjunta a un mecanismo que permita dar garantías de seguridad y orden a las familias”.
• Iván Moreira, senador de la Unión Demócrata Independiente: Aseguró que se generaron “demasiadas expectativas con un discurso que tiene gusto a poco” y se preocupó solo de los pueblos originarios, pero tuvieron “muy pocas palabras de empatía y de ánimo” a los chilenos que son víctimas de “violencia y terrorismo”.
• Francisco Chahuán, senador y presidente de Renovación Nacional: “El estado de excepción que ha anunciado el Gobierno es un estado de excepción con letra chica, que sólo aborda la seguridad en rutas y caminos y no en todo el territorio de La Araucanía. Nosotros hemos pedido que se resguarde la seguridad de todos los habitantes de la Macrozona Sur”.

El analista político y sociólogo Axel Callís, menciona que la propuesta “no es un traspié, sino que es un retroceso desde el punto de vista del Gobierno, porque en el fondo es aceptar aquellos elementos por los cuales se trataron de diferenciar con el Gobierno de Sebastián Piñera”. En ese sentido, el experto añade que es un “retroceso en términos políticos, valores y creencias y es un realismo con renuncia (…) porque están renunciando a principios que son constituyentes del Partido Comunista y del Frente Amplio”.

“Esta es la constatación del fracaso del estado intermedio” dice Callís , y señala que frente a esta derrota política intentan “aminorarla” con las otras medidas que son “reasignaciones de cosas que ya existen”.
Implicancias de las otras medidas

En el segundo mandato de Michelle Bachelet, se creó un plan integral para La Araucanía que contemplaba:

• La elaboración de un proyecto de Ley de Desarrollo Productivo Regional y Territorial.
• Programa de reparación de todas las víctimas de la violencia en la región.
• Darle suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.
• Una inversión de $35 mil millones anuales.

Además, la ex presidenta ante la presentación del plan destacó que su gobierno “es el que más tierras ha adquirido para restitución territorial de los pueblos indígenas, con una superficie adquirida que alcanza las 33.464 hectáreas, y proyecta alcanzar una superficie cercana a las 45.000 hectáreas”. Frente a esto y las propuestas del Plan del “Buen Vivir”, en cuanto a tierras, inversión y creación del ministerio, el analista político señala:

• “La única medida que puede conducir a un orden al mediano plazo es el diálogo, el resto de las medidas son paliativas y de contención del conflicto”, por lo que para Callís es un avance, pero son “reasignaciones que ya existen”, dado que “Bachelet fue a la Araucanía e implementó paquetes de medidas, entonces no es solamente gestión, se requieren propuestas que vayan directo a la vena de las personas en estas zonas”.

Las mirada de los camioneros

Desde que se terminó el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, los gremios de los camioneros pidieron al Gobierno su aplicación dada el alza en atentados incendiarios y violencia, y ser uno de los sectores más afectados. Es por eso que José Villagrán, presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Malleco y Cautín, y ex líder de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), afirma que:

• “Agradecemos de que el Gobierno se haya dado cuenta de que debía decretar un estado de excepción para resguardar las carreteras”, sin embargo, enfatiza que “se demoró mucho en hacer lo que tenía que hacer, y eso nos costó muchos camiones quemados”.
• Frente a la aplicación de una medida “acotada”, el dirigente gremial señala que “el Estado de Excepción es uno solo, y no es de acuerdo al gobierno de turno”, por lo que espera que se aplique de la manera en que ellos lo necesitan.