• Katherine Correa, equipo de Facts
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La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados organizó una reunión con los ministerios de Obras Públicas, Salud, Hacienda y Economía, así como con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), para abordar la crisis del sector.

Al respecto y según lo explicado por Emol, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, indicó que “hay dificultades que se vienen arrastrando desde el 2021. En ese sentido, se ha hecho un seguimiento permanente desde marzo, el cual nos ha permitido tomar decisiones progresivas para enfrentar esta situación”.

• Ante esto, se especificó que en la actualidad existen 96 contratos abandonados a causa de diversos factores, cifra que representa un 5,8% en total.

Hernán de Solminihac, Profesor Titular de Ingeniería UC y Clapes UC, ex ministro de Obras Públicas del Gobierno de Sebastián Piñera y presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, explica las causas de esta crisis:

• El primero y más evidente, según el experto, tiene que ver con los efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 y también el estallido social en la economía del sector construcción.

“Estos dos hitos afectaron directamente la continuidad de los proyectos, lo que se vio exacerbado durante la aplicación de cuarentenas para enfrentar la pandemia, originando la paralización de las faenas de construcción en algunos meses del 2020. Esto no solo afectó el tiempo estimado de desarrollo de los proyectos, sino que también involucró sobrecostos asociados a dichos atrasos”, explica el ex ministro de Obras Públicas.

Asimismo, para De Solminihac el contexto político y económico mundial más nacional, dista mucho de las posibles proyecciones que las empresas constructoras desarrollaron en el estudio de sus proyectos y contratos, lo que cambió totalmente la situación durante la ejecución de las obras.

Otro punto para el experto, son las altas tasas de interés que no solo están afectando al financiamiento de las constructoras, sino que también arrastra consigo a los usuarios finales de los proyectos. En este sentido, “el sector inmobiliario se ha visto afectado por el estancamiento de sus ventas, debido a que la población ha disminuido su capacidad de adquisición de viviendas”, asegura.

La mirada del Gobierno

El ministro Juan Carlos García, por su parte, manifestó que “no nos podemos quedar detenidos, en estos dos meses estaremos licitando 200 contratos correspondientes al presupuesto 2022, donde la gran mayoría va a tener el reajuste polinómico. Estamos trabajando para que el año 2023, que sabemos que será un año difícil, se reduzcan los riesgos de las empresas y que tengan más seguridad”.

En análisis de la situación, Juan Nagel, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, explica que para salvar la crisis de esta área “la industria constructora tiene que poder sortear este tipo de situaciones desde el punto de vista financiero”.

Al respecto, para el experto sería un error buscar que el sector público intervenga para salvar a estas compañías, debido a que no es el rol del Estado proteger a las empresas constructoras de las pérdidas y de no poder prever los vaivenes del ciclo económico.

Proyecciones

Es por eso que Nagel asegura que “el gobierno debe procurar trabajar con el sector para solucionar las fallas de mercado que impiden que las personas accedan a viviendas de manera económica”.

Para el economista, hay una crisis en el sector, pero la crisis es social y de acceso a la vivienda. El dirigir el énfasis en salvar a empresas constructoras sería un error, estima, el cual no cree que suceda.

Ante esto, según de Solminihac, ocurrirá el siguiente fenómeno para 2023:

• Según estimaciones de Clapes UC, se proyecta una caída de entre 1 a 1,5% del PIB nacional para el otro año, rango que apunta en la misma línea de la caída de 1,3% proyectada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
• Si se tiene en consideración este escenario macroeconómico, una baja en la productividad del país sí afectará al sector de la construcción, no solo en el desarrollo de sus proyectos, sino también en la capacidad de generar nuevas iniciativas de infraestructura.
• “En este sentido, el rol del Gobierno debe apuntar hacia la estabilidad económica del país, lo que podría sentar las bases para que las empresas constructoras logren amortiguar las caídas en sus ingresos y recuperar su productividad”, aseguró.

En paralelo, para el experto es clave dinamizar la inversión en infraestructura, lo que permitirá el desarrollo de nuevos proyectos “que otorguen oportunidades de crecimiento a las empresas”.

En este sentido, “las alianzas público-privadas son una herramienta concreta y eficaz para promover la inversión en infraestructura. Otra medida que va en la línea de dinamizar el mercado de la construcción, sería mejorar el acceso al financiamiento para la compra de viviendas, dando oportunidad de mejores tasas y ayudas de cofinanciamiento a la población”, finalizó el ex ministro.