• Sofía Reyes - Equipo de Facts
• |
• Ver más de facts

A principios de esta semana se presentó un nuevo mecanismo de participación ciudadana en la Convención Constitucional. Se trata de un espacio donde cualquier persona podrá presentar normas, que cumpliendo con diferentes requisitos, serán discutidas en las comisiones que correspondan. Según diversos especialistas, la opción presenta una importante oportunidad de legitimación del proceso, pero también un gran desafío.

¿Cómo funcionará?: Este lunes comenzó la primera etapa del proceso para que la ciudadanía presente propuestas de normas a discutir por las diferentes comisiones de la Convención Constitucional. Según se explica en el reglamento de participación del organismo, este es un mecanismo “de participación popular mediante el cual una persona o un grupo de personas, pueden presentar una propuesta de norma sobre una materia de índole constitucional”.

Las fechas son las siguientes:

- Hasta el 21 de noviembre será el periodo de “promoción de los mecanismos de participación”, para que se preparen las propuestas.
- Entre el 22 del mismo mes y el 22 de enero de 2021 se podrán presentar las normas. Según lo dicho en el reglamento en cuestión, quien lo haga debe inscribirse en Registro Público de Participación (sitio que se habilitará en los próximos días) y completar un formulario.
- Luego se abrirá la opción de apoyar las propuestas aceptadas.

“Si tú o tus propuestas (son siete máximo por persona o grupo) logran reunir 15 mil firmas que provengan de al menos cuatro regiones distintas, serán consideradas como si fueran presentadas por un constituyente: se votarán y discutirán bajo las mismas condiciones”, dice el sitio de la Convención. La invitación es para personas mayores de 16 años, chilenos que viven en el país o fuera de él y para extranjeros con residencia en Chile.

¿Qué se puede presentar?: “Lo que se tiene que proponer es un articulado, no una idea global ni un tema, es una propuesta concreta”, dice la abogada constitucionalista Carolina Meza. Una vez que se presenta la norma, el primer paso es que la Comisión de Participación “revise la admisibilidad, dejando fuera todas aquellas que, por ejemplo, vayan en contra de tratados internacionales ratificados en el país o que no traten materias de la Convención. Se hará un filtro de las que cumplen con los requisitos y ahí pasarán a ser discutidas por las comisiones pertinentes”, agrega la también profesora de derecho constitucional en la Universidad Alberto Hurtado.

La comisión en cuestión está obligada, por reglamento, a discutir la norma, pero “no necesariamente a aprobarla”, aclara Meza. Si es aceptada por el grupo, ahí pasa al pleno, donde los 154 convencionales deben votar la propuesta, que pasa a ser parte del proyecto de Constitución si se adopta por un quórum de dos tercios.

Relevancia de la participación ciudadana: “En general todos los procesos constituyentes de los últimos tiempos han incluido la participación ciudadana como un factor sumamente relevante y clave para la legitimidad de los textos constitucionales”, explica Meza. Según la abogada, la democracia representativa está viviendo una fuerte crisis “entonces la ciudadanía está exigiendo formar parte de la discusión de la elaboración de una norma constitucional”.

Ahora bien, en términos estrictamente jurídicos, “la validez de la norma estará dada porque emana desde la Convención Constitucional, no por el origen que tiene”, aclara Loreto Vargas, abogada constitucionalista del estudio Ruíz Salazar. De todas formas, la especialista coincide en que “la participación ciudadana es un tremendo respaldo a la Convención, porque más allá de las críticas, se sigue con la idea social, sobre todo pensando que la Constitución anterior se redactó ‘entre cuatro paredes’”.

Desafíos que implica: La socióloga Amanda Cozzi, quien trabaja en proyectos de participación ciudadana, declara que “siempre es un aporte que existan espacios como estos. Pero, además de ser una oportunidad para darle legitimidad y representatividad al proceso, es un desafío porque deben asegurarse ciertos elementos para que este sea oportuno, informado y atingente a los diferentes contextos y grupos humanos a los que se dirige”.
Según la socióloga, el mayor desafío parte por la digitalización y la difusión del proceso “para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas, considerando también la cantidad de firmas que se necesitan”. Otro elemento que destaca es la transparencia y “la importancia de que esta esté en todo momento”.
Braulio Santibáñez, CEO de Febos, una empresa que presta soluciones de transformación digital a servicios del Estado, coincide en los desafíos de superar la brecha digital que hay en el país, sobre todo en un escenario donde la participación ciudadana en la Convención depende de este mundo. Ahora bien, también agrega que “al hacerlo digital aumenta considerablemente el universo de personas que pueden aportar con sus normas”.