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La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó el jueves que un vuelo con destino a Venezuela con cerca de 60 migrantes expulsados, fue rechazado por las autoridades aeronáuticas del país, por lo que estas personas con orden de expulsión por razones administrativas y judiciales, se quedarán en Chile por el momento. De acuerdo a la normativa vigente, la Policía de Investigaciones (PDI) tiene la facultad para retenerlos durante cinco días, de cumplirse el plazo y la no expulsión, deben ser liberados.

Las autoridades chilenas deben pedir autorización al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para ingresar al país caribeño, en este caso, la petición fue rechazada porque argumentan que no llegó de manera oportuna. Por lo tanto, el vuelo fue aplazado y se encuentra a la espera de soluciones pertinentes. La ministra del Interior comentó que de parte del Gobierno, se han realizado los esfuerzos para agilizar los procesos de expulsión con el objetivo de que se concreten. Asimismo, afirmaron que realizarán todas las gestiones diplomáticas para resolver el problema. “Chile había hecho todo, pero una sola decisión de la autoridad aeronáutica venezolana echó todo por tierra”, comentó el subsecretario del interior, Manuel Monsalve.

Sin embargo, las opiniones de los distintos sectores políticos están divididas, el diputado de Renovación Nacional (RN) y presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, pidió la renuncia de Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones. “El rechazo del vuelo por parte de Venezuela que iba a salir de nuestro país con migrantes con orden de expulsión responde a una sola razón; no hay planificación por parte de este Gobierno, pero sí hay mucha improvisación”, manifiesta. Además, asegura que la expulsión de migrantes de esta forma es una reacción ante la opinión pública, porque los ciudadanos están atemorizados por los delitos cometidos en los últimos días.

“Esto se planifica con meses de anticipación, verificando identidades, rutas y vuelos, cosa que el Gobierno no ha hecho”, comenta Longton. Esta situación se suma a la crisis de seguridad que azota al país y preocupa a las autoridades que, incluso, atribuyen el aumento de las cifras de delitos violentos al ingreso irregular de migrantes por pasos no habilitados.

De acuerdo a las cifras del Servicio Nacional de Migraciones, en el 2022 hubo 1.070 expulsiones, mientras que en 2021 se registraron 913, lo que significó un alza del 15% en la expulsión de extranjeros. Y en la gestión de Gabriel Boric, desde enero a noviembre de 2023 se han realizado 758 deportaciones.

¿Cómo funcionan los procesos de expulsión?

Existen dos tipos de expulsiones: administrativas y judiciales. Las primeras corresponden a aquellos migrantes que incumplen la normativa migratoria, por ejemplo, que ingresen por pasos no habilitados. La segunda responde al tipo de expulsión que surge cuando la persona comete algún delito penal.

Según explica Álvaro Bellolio, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, los procesos de expulsión en la administración anterior, seguían el siguiente orden:

1. Revisión de expulsiones judiciales pendientes con gendarmería y PDI.
2. Establecer rutas según cantidad de expulsiones judiciales.
3. Complementar las expulsiones judiciales con extranjeros de la misma nacionalidad con expulsiones administrativas.
4. Definición de la ruta con dos meses de anticipación, gestión de la fecha de aterrizaje y requisitos del país receptor.
5. Solicitud de listado con fechas disponibles para aterrizaje para mayor flexibilidad y coordinación.
6. El Gobierno ofrece colaboración con vuelos de repatriación que deseen realizar el país de origen. Por ejemplo, dejar sin efecto las multas para los vuelos “Vuelta a la Patria” de Nicolás Maduro.
7. En caso de expulsiones administrativas, realizan un barrido de listas de 1.000 o 2.000 extranjeros de la misma nacionalidad, con el objetivo de tener un grupo grande.

De acuerdo con lo explicado por Bellolio, las rutas más comunes son Colombia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Haití y Bolivia. Además, detalla el costo por las expulsiones: “El costo de un avión era aproximadamente de 100 millones, con 120 expulsados y 60 escoltas, lo que es un costo de 833 mil por expulsado, casi 4 veces menos de lo que se discute en la actualidad al expulsar individualmente”.

Mijail Bonito, ex asesor del gobierno de Sebastián Piñera en temas migratorios y actualmente abogado socio de Hurtado& Bonito, comenta desde su opinión de experiencia técnica que este último caso de Venezuela no corresponde a un tema legislativo, sino más bien con un aspecto operativo. “Algo falló en la coordinación con el Gobierno de Venezuela. Para llegar a ese punto ya se cumplieron todos los requisitos legales y cada proceso tiene una resolución firme y ejecutoria. No falló la ley, fallo el ejecutor”, asevera el experto.

Problemas del proceso

Bonito explica que el proceso de expulsión establecido en la ley es largo y posee muchas instancias, incluso en la discusión de la nueva ley se estableció la advertencia, pero aun así, el legislador decidió cambiar “casi en su totalidad la propuesta del Presidente Piñera y hoy existe un proceso engorroso que demora años en terminar para cada expulsado (…) A tal punto es esto que ha habido en el último tiempo cambios legislativos que retoman posiciones que el Presidente Piñera propuso como iniciativa legislativa”, comenta el abogado. Bonito participó en la redacción de esa ley.

Por su parte, David Vásquez Suazo, experto en inmigración y socio de Lex Juicios Abogados, comenta que “no hay voluntad política del actual Gobierno” y, por lo tanto, ocurren hechos como el reciente caso de Venezuela.

Byron Duhalde, investigador del Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidad de la Universidad de Santiago, explica que para que estos procesos sean exitosos, “tiene que haber primero una coordinación internacional entre los países, porque al no existir una coordinación adecuada, estos procesos claramente van a fracasar porque prima el concepto de soberanía, es decir, cada país tiene la potestad de recibir aviones con las personas”. Asimismo, añade que debe existir un proceso diplomático que ayude a aclarar los procedimientos, ya que Chile no puede actuar de manera unilateral.