• Marco Zecchetto Rocco
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La Sala del Senado aprobó en agosto del año pasado la idea de legislar el proyecto que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes. Actualmente, la moción se encuentra en primer trámite constitucional, y pronto el Ministerio del Interior ingresará una serie de indicaciones pactadas entre el oficialismo y la oposición.

“La nueva regulación que se propone eleva la pena de la usurpación violenta a pena de cárcel de 61 a 540 días y multa de 11 a 20 UTM. La usurpación no violenta también, con pena de cárcel de hasta 60 días, más multa de 6 a 10 UTM. Además, se propone que se pueda detener a los usurpadores y que la flagrancia subsista todo el tiempo, permitiendo detención y desalojos, mientras se encuentre ocupado el inmueble”, detalla el senador RN por la Araucanía, José García Ruminot.

¿Cuántos terrenos han sido usurpados?

De acuerdo con el Ministerio de Bienes Nacionales, en 2020 se registró un total de 14.256 ocupaciones ilegales de terrenos fiscales a nivel nacional, lo que significa un aumento del 2,1% en comparación a las cifras de ocupaciones catastradas a diciembre de 2019 (13.957 casos).

Según cifras del Ministerio del Interior, al primer trimestre de 2021 se registraron 427 casos de violencia rural en la Macrozona Sur, de los cuales, 134 correspondieron a usurpaciones de predios. En el mismo periodo del año 2020 se registraron 17 tomas de terrenos en el mismo sector, lo que supuso un aumento de un 688% de un trimestre a otro. La Araucanía fue la región que se vio más afectada por esta problemática en 2021.

El senador García Ruminot precisa, y de acuerdo con cifras de Carabineros de Chile, que en 2022 se registraron 124 usurpaciones en la Macrozona Sur. Dentro de ellas, señala el senador, algunas muy relevantes como las de la Coordinadora Arauco Malleco. “Es de recordar que uno de los delitos utilizados por las orgánicas violentistas para ejercer control territorial es la usurpación, debido a la debilidad de su pena”, asegura el parlamentario.

Lya Rojas, directora de Rojas Abogados y experta en derecho penal, explica que los terrenos que se ocupan ilegalmente afectan tanto a privados como a tierras que son del Estado. Ante esto, señala que la diferencia es que en el primer caso existe una ley que permite regularizar la ocupación irregular de la “pequeña propiedad raíz, en caso de que haya existido una posesión tranquila por más de cinco años y no exista oposición del dueño”.

¿Qué establece la ley actual? ¿Cuáles serían los nuevos criterios del proyecto de ley?

Rojas, indica que la ley hoy tipifica el delito de usurpación conjuntamente con los delitos contra la propiedad, abarcando casos de apropiación por medios materiales sobre bienes inmuebles, derechos reales o aguas; sancionando con penas de multa que, en caso de no haber usurpación violenta, puede llegar a las 10 UTM, y en caso de que exista violencia, a las 20 UTM.

El Artículo 457 del Código Penal establece que: “Al que con violencia en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente, y al que, hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto éste le repeliere, además de las penas en que incurra por la violencia que causare, se le aplicará una multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”.

El senador García Ruminot asevera que la legislación actual no establece la detención de personas por este delito, y que la flagrancia por interpretación de la Corte Suprema tiene sólo una duración de 12 horas.

“La nueva regulación que se propone eleva la pena de la usurpación violenta a pena de cárcel de 61 a 540 días y multa de 11 a 20 UTM. La usurpación no violenta también, con pena de cárcel de hasta 60 días, más multa de 6 a 10 UTM. Además, se propone que se pueda detener a los usurpadores y que la flagrancia subsista todo el tiempo, permitiendo detención y desalojos, mientras se encuentre ocupado el inmueble”, asegura el parlamentario.

Por otro lado, García indica que se incorpora en la usurpación violenta (la que se hace con intimidación) casos como amenazas verbales. En esa línea, recalca que la usurpación violenta correspondería a la pena base, y que, si existieran otro tipo de delitos, como disparos, aumenta la pena en mérito de estos delitos.

Además, el senador asegura que la flagrancia no se limitará a las actuales 12 horas, sino todo el tiempo que permanezcan los usurpadores en el inmueble. García añade que estos cambios han sido solicitados tanto por el Ministerio Público como Carabineros de Chile en la persecución penal.

¿Será este proyecto y las indicaciones del Gobierno una medida efectiva para combatir las usurpaciones?

Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), manifiesta que esta medida supondría un avance para combatir las usurpaciones, pero que no sería suficiente. Ante esto, señala que para evitar que este delito ocurra, primero hay que contar con una mejor estrategia de seguridad e inteligencia. Asimismo, indica que esta ley debería contemplar el apoyo a las víctimas, por ejemplo, dejándolas exentas del pago de contribuciones de predios tomados.

“En el caso de terrenos productivos, hay agricultores que están a punto de perderlos porque desde que están tomados, no han podido trabajarlos y, por ende, no han pagado sus contribuciones. Esto no es justo, porque el Estado les exige cumplir con esta obligación, pese a que no fue capaz de brindarles la seguridad y la protección que debe”, añade Matte.

“No debemos olvidar que, en agosto del año pasado, ya hubo un compromiso de parte del Ejecutivo respecto a presentar indicaciones en relación a este proyecto de ley, situación que no se cumplió”, manifiesta el diputado independiente (bancada Comité Republicanos), Stephan Schubert.