• Patricio Neira- Equipo de Facts
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Alta expectación causó durante la madrugada de este martes la entrega por parte de la Comisión de Hacienda del Senado del proyecto que va en apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), el que consiste en una serie de medidas de apoyo para paliar la crisis del Covid-19 y que asistirá a 600 mil de estas organizaciones.

El Senado discutió el proyecto.

La iniciativa en detalle: En primera instancia, el Gobierno planteó un paquete de ayuda a través de siete grandes categorías para dos grupos: las Pymes anteriormente mencionadas y las micro y pequeñas empresas, definidas como “Mypes”.

En primer lugar, se añade el bono de cargo fiscal para Mypes, con un máximo de un millón de pesos para quienes hayan iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) durante 2019. Estas organizaciones no deben haber superado las 25.000 UF durante 2020, y que o hayan tenido a un trabajador contratado en 2020 o hayan obtenido ingresos por ventas y servicios durante 2021.

Se le suman como segundo y tercer punto un bono adicional equivalente a tres meses el promedio del IVA declarado durante 2019, con dos millones de pesos de tope, y un aumento del 20% de bonos anteriores para beneficiarias mujeres, respectivamente.

Como cuarto elemento, se otorgará dinero exclusivo para el pago de cotizaciones de seguridad social, el que será cuatro veces el monto correspondiente a los trabajadores contratados. Se establece como quinto punto además que el retiro debe ser ante el SII y que se efectuará en 20 días.

El Fondo de Apoyo y Recuperación de las Pymes es lo que propone el sexto inciso, cuya aplicación deberá ser a través de decretos del Ministerio de Hacienda, los que tendrán que considerar las condiciones de sanidad que el país presente, los escenarios regionales respecto de la pandemia y las condiciones del mercado laboral.

Finalmente, la iniciativa propone que estos fondos no sean entregados a los empleadores que no hayan pagado las cotizaciones de sus trabajadores, aunque siguen pudiendo realizar su pedida. Solamente serán otorgados una vez que la condición anterior sea acreditada.

Cambios en el horizonte: Tras la propuesta hecha en un principio por La Moneda, surgieron voces que no la consideraban del todo adecuada. Más específicamente, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), la calificó como débil y “absolutamente insuficiente”.

Yasna Provoste, presidenta del Senado, no estuvo conforme con el proyecto inicial.

Dada la situación, el oficialismo presentó una contrapropuesta que ampliaba lo inicialmente estipulado, la que fue analizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Se establecieron una serie de modificaciones, expandiendo los rangos de beneficiarios de los bonos iniciales planteados, aumentando el protagonismo del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) y definiendo lo que la normativa entiende por “rubros especiales” afectados por la pandemia.

Con respecto a esto último, se establecen dentro de esta categoría, entre otros, los sectores cultural, gastronomía, eventos, turismo, transporte escolar, gimnasios, belleza y peluquería, jardines infantiles y venta en ferias.

Asimismo, a diferencia del documento entregado en primera instancia, se establece que los empleadores que no hayan pagado las cotizaciones de sus trabajadores, podrán excepcionalmente solicitar el Bono de Alivio, siempre y cuando destinen el 30% de este al pago de la seguridad de sus empleados.

Buena valoración: En términos generales, el paquete de ayuda y sus modificaciones fue bien recibido por los parlamentarios tanto oficialistas como de oposición, valorando la gestión del gremio de las Pymes. El senador Carlos Montes (PS) agradeció la disposición del ministro de Hacienda, mientras que Juan Antonio Coloma (UDI), valoró el haber llegado a un acuerdo entre ambos sectores.

Juan Antonio Coloma (UDI) consideró como un buen avance la aprobación de la Comisión de Hacienda.

Para el economista, consultor y profesor Víctor Valenzuela, este proyecto es una buena instancia para que los beneficiarios consigan capital de trabajo, de manera tal de solventar sus gatos diarios y mantenerse en pie.

Sin embargo, no considera que la iniciativa sea extendible en el largo plazo por motivos morales. Ello, dado que “el dinero sale de los impuestos que pagamos todos los chilenos. La pregunta ética es ¿por qué debería estar financiando a otros cuando a mí también me cuesta? Podría estar eventualmente financiando a mi empleador”.