• Patricio Neira - Equipo de Facts
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En medio de los efectos que la pandemia ha tenido sobre la economía tanto del país como de las personas que lo habitan, nuevamente se ha abierto el debate parlamentario sobre el reajuste del salario mínimo. ¿En qué consiste el proyecto?

La propuesta inicial del Gobierno sumaba $10.500 pesos.

Falta de acuerdos: Negociaciones entre La Moneda y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) tuvieron lugar hace dos meses para definir lo que sería una nueva modificación a la remuneración base en el país. Inicialmente, la CUT solicitaba una base de $500.000 pesos.

Sin embargo, las conversaciones fueron ralentizadas dada la llamada “agenda de mínimos comunes”. El monto vigente actualmente ($326.500 pesos) alcanzó su fecha de caducidad el 1 de mayo pasado y, por ley, se hace necesaria su reevaluación y la entrega de una nueva cifra por parte del Presidente al Congreso.

Fue en ese contexto que, durante abril y mayo pasados, se conversó en el parlamento la propuesta inicial entregada por el Gobierno. Esta consistía en un reajuste de 3.2% a la cifra actual. Esto se traduce en un aumento de $10.500 pesos, dejando la suma final en $337.000.

El oficialismo hizo hincapié en el rol de los subsidios para paliar la crisis, especialmente en el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). En esa línea, el plan de La Moneda era incrementar el monto actual, $40.000, a los $50.000 pesos. Tanto la parte inicial como la recién planteada fueron rechazadas por la CUT y por la Cámara de Diputados, por lo que su tramitación fue despachada al Senado a fines de mayo sin llegar a un acuerdo sustancial.

Luego de aproximadamente dos semanas, la iniciativa volvió a tomar fuerza el pasado martes en la discusión parlamentaria. Más específicamente, las comisiones del Trabajo y de Hacienda de la Cámara Alta reactivaron la tramitación del proyecto. Aquello se suma a una nueva reunión que tuvieron con representantes de la CUT, presidida por Silvia Silva. Uno de los puntos a los que se llegaron fue el establecimiento de una mesa de trabajo en conjunto, en la que, según acordaron, también se incluya a los sectores empresariales.

La presidenta de la CUT, Silvia Silva, se reunió con el Senado junto a otros miembros de la directiva de la asociación sindical.

Mirada hacia el futuro cercano: Patricio Mansilla, investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la U. Católica (CLAPES), sostiene que la discusión debería considerar, en primer lugar, a las pymes y la capacidad que tengan de remunerar a sus empleados, dado que son el grueso de quienes pagan el salario mínimo.

Sumado a aquello, el economista destaca que la recuperación del empleo debiese ser un punto de suma importancia. “Si es que las empresas enfrentan mayores costos, o les sale más caro, van a reconsiderar la contratación y es probable que algunas decidan no hacerlo o seguir produciendo lo mismo que hoy con menos trabajadores”, asevera Mansilla.