• Katherine Correa, equipo de Facts
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El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó el balance del tercer aniversario del estallido social. Expresó que “han habido 15 saqueos, eso constituye una disminución del 68% en eventos de esta gravedad que nos parece importante destacar”.

A su vez, profundizó explicando que “afortunadamente y lo valoramos de verdad de una manera muy significativa, durante la jornada de ayer (martes) no ha habido ninguna persona fallecida, el año pasado tuvimos que lamentar dos fallecidos”.

Por su parte, los datos generales entregados fueron los siguientes:

• Hubo 195 detenidos.
• 115 detenciones fueron en Santiago, mientras que 80 en regiones.
• Hubo 150 actos de alteración al orden público.
• 86 de estos actos fueron en Santiago, mientras que 64 se centraron en regiones.

Por su parte, respecto a Carabineros lesionados, se sostuvo que:

• Hubo 24 uniformados afectados en total.
• 21 de estos tienen lesiones leves.
• 2 lesiones están siendo evaluadas.

En el caso de la ciudadanía, se registró que:

• Hay 18 civiles con lesiones.
• 14 de los lesionados fueron a causa de la explosión de una bomba de ruido en un establecimiento educacional en Peñalolén.
• 1.200 personas se vieron involucradas en delitos delictuales.
• Solo en la Región Metropolitana, 45 detenciones fueron por saqueos y 31 se centraron en Puente Alto.

¿Sanciones a los responsables?

Jorge Araya Moya, ex director de Seguridad Pública 2009-2010 y académico USACH, explica que “hay un déficit en el procedimiento policial y en la estrategia para perseguir estos desmanes y destrozos”.

El experto asegura que, al momento de los actos, se detienen a quienes están en el lugar de la manifestación y, más que presentar pruebas, se les condena por desorden público o delitos menores. En este caso, faltaría una estrategia más consolidada para atrapar a culpables fijos y no a una masa en general por desórdenes.

Los tipos de delitos ante los cuales se pueden culpar a los responsables, son: “Se les puede imputar por desórdenes públicos, si se ha resistido, maltrato de obra a carabineros -que tiene una penalidad más alta- y, si hubiese pruebas para el lanzamiento de bomba molotov, se les puede culpar por incendio o incluso atentado a la autoridad”, asegura Araya.

Para el ex director, el tema no está en las penas entregadas, sino que está en poder tener más eficacia al momento de probar la culpabilidad de los sujetos. Los detenidos son muy pocos, explica, debido a que siempre hay falta de pruebas para condenarlos por mayor gravedad, lo que otorga la sensación de impunidad luego.

Soluciones

“Es un tema complejo, pero efectivamente tiene que haber un mayor trabajo de coordinación de la policía para respaldarse con videos, cámaras de vigilancias en lugares conocidos, más drones -que se usan, pero debe hacerse de forma más intensiva-, para poder seguir a las personas con antifaz y así identificarlos”, comentó Araya.

Por otro lado, Pilar Lizana, investigadora de Athenalab -Centro de Estudios orientado a temas de seguridad y defensa-, dice que “hay que tener en cuenta que, las personas que están en este tipo de manifestaciones, en gran parte están cometiendo delitos (…), pero cuando estas son detenidas, para que se llegue a sancionar a esa persona debe desarrollarse una investigación”.}

Para la experta, no se tiene una sanción inmediata, puesto que pasan por este proceso judicial que conlleva la detención. Al ser un proceso largo, las personas tienden a sentir impunidad por estos casos porque no se están llegando a decisiones concretas.

Esta tardanza, se provoca por diversos factores según Lizana:

• Las pruebas no fueron suficientes.
• Hubo algún vicio en la investigación.
• Problemas en el desarrollo de los procesos judiciales.

“Lo que es importante mirar en ese punto, es la percepción que tiene la ciudadanía. Porque cuando sienten impunidad, se sienten aún más desprotegidos los que viven en la llamada zona cero, porque sienten que esto seguirá repitiéndose. Luego, se cae en un círculo vicioso, en donde podrían bajar incluso las denuncias”, advirtió la investigadora.

Es por eso que, para mejorar esta perspectiva, sería correcto desarrollar, según Lizana:

• Una mejora en los mensajes que entreguen las autoridades, los cuales deben ser de apoyo y, además, concretos.
• Que se entregue soporte a las instituciones que controlan el orden público.
• Un sustento a las comunidades, para que haya coordinación y la ciudadanía note que desde el Gobierno se realizan acciones para devolverles la seguridad, así como también, demostrar con acciones que existe una mayor preparación para combatir estas fechas cruciales.