• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La reciente detención de 30 personas, 27 ciudadanos chinos, dos chilenos y una boliviana, en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en el barrio Meiggs reveló la magnitud de una red criminal oriental que llevaba años operando en la capital. El golpe, denominado “Muralla Oriental”, dejó al descubierto una estructura con jerarquías definidas, múltiples giros delictuales y nexos con funcionarios públicos.
El caso más llamativo fue la detención de un carabinero, Gonzalo Hernández Salinas, quien se desempeñaba en la 2° Comisaría de Santiago. Según el fiscal Alfredo Cerri, el uniformado entregaba información reservada sobre procedimientos policiales a la organización, recibiendo pagos a cambio.

En un punto de prensa, Eduardo Cerna, director general de la PDI, mencionó que una investigación de otra causa derivó en este procedimiento y agregó que los detectives incautaron casi $600 millones de la organización criminal, además de patrimonio.

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, detalló que “este tipo de organizaciones ocupan nuestro sistema económico formal para poder llevar a cabo su lavado de dinero“. “No solo constituyen sociedades, no solo acceden a los beneficios de constituir empresas expeditamente en nuestro país, sino que además acceden a los mecanismos de medios de pago que el país ha ido expandiendo”.

Un modelo distinto al del Tren de Aragua o Los Gallegos

Christian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería, sostiene que la detención confirma la dimensión transnacional de este tipo de organizaciones, que operan en varios continentes y no reconocen fronteras. Afirma que estas bandas se diferencian de grupos como el Tren de Aragua o Los Gallegos por su menor exposición pública, su diversificación económica y su capacidad de infiltración institucional.

Según explica, “a mayor sofisticación operativa, suele observarse un uso más selectivo de la violencia, pero con mayor capacidad de influencia y control social. Espero que estos individuos hayan actuado de forma autónoma y que esto no represente una señal de la eventual instalación de estructuras criminales más poderosas en Chile”.

Comercio informal, contrabando y explotación, sus principales ejes

Una fuente experta en crimen organizado que ha investigado a estas estructuras, que pidió no revelar su identidad, explica que su negocio es “mucho más sutil” que el de bandas latinoamericanas. Señala que operan a través de importaciones ilegales, falsificación de productos, contrabando de cigarrillos y mercancías sin rotulación, además de explotación laboral y sexual de personas traídas desde Asia, a quienes les retiran el pasaporte y mantienen en condiciones de servidumbre.

Añade que este modelo actúa con tolerancia tácita de ciertos sectores en China, debido a los vínculos comerciales y comunitarios que las organizaciones aprovechan para operar en el extranjero, no disputan territorio como otras bandas; “funcionan en la sombra, con sobornos, cohecho y redes económicas insertas en barrios comerciales”.

Bajo la misma línea, Alveal señala que muchas de estas organizaciones criminales utilizan la extorsión como delito base, particularmente contra comerciantes vulnerables y actividades informales, lo que les permite expandirse hacia otras economías ilegales, tales como tráfico de personas, contrabando, falsificación de productos, usura y lavado de dinero, “el control del comercio informal se convierte así en un mecanismo para consolidar territorialidad y dependencia económica”.

Riesgo de expansión y desafíos para la inteligencia policial

El eventual crecimiento de estas organizaciones hacia otros barrios comerciales es un riesgo real. Los expertos sostienen que su capacidad para operar con barreras lingüísticas, culturales y tecnológicas exige especialización policial, cooperación internacional y fortalecimiento de la inteligencia financiera.

Alveal advierte que Chile no puede subestimar la amenaza: “La expansión de estas estructuras criminales implica un riesgo crítico para el estado de derecho, pues pueden captar nuevos espacios económicos y sociales con rapidez. Su contención requiere una estrategia integral: inteligencia financiera, cooperación internacional, especialización policial y capacidades lingüísticas y tecnológicas adaptadas a su modus operandi. La disputa es binaria: o el control lo ejerce el Estado o lo ejercen las organizaciones criminales. No existe punto medio. El crimen organizado debe ser neutralizado con determinación y sin dilaciones, ya que mientras más se tarde la respuesta institucional, más difícil y costoso será revertir su expansión”.