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Una larga lista de episodios de violencia armada han marcado los últimos años en Chile y reflejan un cambio en la dinámica del delito, donde el uso de armas de fuego se ha vuelto cada vez más frecuente, especialmente en sectores urbanos con presencia de organizaciones criminales. Si bien no existe un registro oficial que contabilice específicamente las balaceras ocurridas en el país, distintos indicadores muestran un incremento sostenido de homicidios cometidos con armas de fuego y una mayor participación del crimen organizado en este tipo de hechos.

Camila Astraín, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, explica que, aunque no existen estadísticas oficiales para monitorear las balaceras, el fenómeno ha crecido de manera considerable durante los últimos años. La especialista señala que, al analizar las víctimas de homicidio registradas en Chile, se observa que desde 2024 la mayor cantidad de estos delitos ocurre en la vía pública y utilizando armas de fuego.

A ello se suma el Indicador Nacional de Crimen Organizado elaborado por CESCRO, que identifica a Santiago, Puente Alto, Recoleta, Copiapó, Antofagasta, Valparaíso, San Bernardo, Independencia, La Pintana y Viña del Mar como las diez comunas con mayor concentración de delitos asociados a violencia, considerando homicidios, secuestros y extorsiones.

Cristian Lobos, oficial en retiro de la Policía de Investigaciones, sostiene que el aumento de las balaceras no constituye un fenómeno aislado, sino la manifestación de una transformación más profunda en la criminalidad. “En los últimos años Chile ha experimentado un aumento significativo de los hechos de violencia, particularmente asociado al uso de armas de fuego. Este incremento de balaceras evidencia una mayor frecuencia de ataques vinculados a disputas territoriales, ajustes de cuentas y delitos asociados a organizaciones criminales”, explica.

El rol del crimen organizado

Los especialistas coinciden en que el crecimiento del crimen organizado constituye uno de los principales motores detrás del aumento de la violencia armada. Astraín señala que las balaceras generalmente están asociadas a disputas entre bandas criminales por el control territorial, ajustes de cuentas o mecanismos de intimidación. En ese contexto, advierte que mientras mayor sea la penetración de estas organizaciones en el país, mayor será la probabilidad de que continúen registrándose este tipo de ataques.

La investigadora agrega que la preocupación ciudadana también refleja esta realidad. Según la encuesta Chile Nos Habla, un 52,3% de las personas considera que el crimen organizado ha aumentado en el país, mientras que un 44,2% afirma haber vivido alguna situación que le hizo sentir que estas organizaciones representan una amenaza real para su vida cotidiana.

Lobos añade que el narcotráfico continúa siendo uno de los principales impulsores de estos delitos, pero que hoy también participan redes dedicadas al tráfico de armas, la trata de personas y la extorsión. Además, advierte que la disponibilidad de armamento ha cambiado de forma importante durante los últimos años.

“Actualmente encontramos armas que ingresan ilegalmente al país, armas robadas, modificadas e incluso fabricadas mediante impresión 3D. Hoy no es extraño encontrar armas automáticas o de alto poder de fuego que hace algunos años eran muy poco frecuentes en las investigaciones policiales“, explica Lobos.

Los desafíos pendientes

Los especialistas coinciden en que la respuesta frente a la violencia armada debe ir más allá de la reacción posterior a cada balacera y centrarse en estrategias preventivas y de largo plazo.

“Tenemos que fortalecer la inteligencia criminal, mejorar el intercambio de información entre las instituciones, controlar de manera más efectiva el tráfico de armas, reforzar la investigación financiera para afectar el patrimonio de las organizaciones criminales y aumentar la capacidad investigativa especializada“, afirma Lobos.
El experto agrega que también resulta fundamental recuperar los espacios públicos, reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones y fortalecer la cooperación entre policías y Ministerio Público.

A juicio de Astraín, una prioridad consiste en comprender con mayor profundidad el fenómeno. La investigadora plantea que es necesario conocer con precisión por qué ocurren las balaceras, dónde se concentran, quiénes participan y cuál es la procedencia de las armas utilizadas. Esa información, explica, permitiría desarrollar estrategias policiales más eficaces, fortalecer el trabajo coordinado entre distintos organismos del Estado e implementar intervenciones comunitarias orientadas a prevenir la escalada de la violencia.

Asimismo, considera indispensable reforzar la presencia del Estado en aquellos territorios donde las organizaciones criminales aprovechan la ausencia institucional para instalarse y consolidar sus operaciones, además de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de armas de fuego.