• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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El homicidio de un estudiante universitario de 27 años ocurrido la madrugada del jueves en Santiago en la Región Metropolitana volvió a poner el foco sobre los delitos vinculados al crimen organizado. Según los primeros antecedentes, la víctima fue abordada alrededor de las 2.00 horas en plena vía pública por un sujeto que se movilizaba en bicicleta. Por causas que aún se investigan, el agresor le disparó en el tórax y huyó del lugar. El joven murió en el sitio del suceso debido a la gravedad de la lesión.

El fiscal ECOH, Jorge Cáceres, sostuvo que la víctima “no tendría condenas anteriores”, aunque mantenía una causa antigua. Vivía a metros del lugar del crimen y “al parecer venía llegando a su inmueble” cuando fue atacado. De acuerdo con la información disponible, la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis: podría tratarse de un asalto o de un “ajuste de cuentas”, modalidad de homicidio que preocupa a las autoridades.

¿Qué caracteriza un “ajuste de cuentas”?

De acuerdo con la información disponible, los asesinatos por disputas criminales han ido en aumento y muestran una violencia más planificada. Luis Toledo, director del Centro de Estudios de en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, explica que el “ajuste de cuentas” ya no es un conflicto personal, “sino un instrumento de gobernanza criminal”. Su objetivo, afirma, es mantener control territorial, castigar deudas, advertir a rivales o evitar delaciones que afecten el negocio del narcotráfico y otras economías ilícitas.

Explica, además, que hoy estos homicidios presentan un patrón más profesionalizado: uso de armas de alto poder, logística previa, vehículos robados por encargo, celulares desechables y, muchas veces, participación de sicarios locales. Se ejecutan en horarios de baja actividad, se dispara más de una vez y se abandona la escena en pocos segundos.

Cifras que alertan

El Informe Estadístico de Homicidios en Chile 2021 señalaba que los llamados ajustes de cuentas y disputas entre grupos delictivos pasaron a ser una de las principales formas comisivas, representando cerca de un 20% de los casos. El documento destacaba además un incremento en la intervención de imputados desconocidos y mayor violencia.

En cifras más actuales del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados 2024, los casos vinculados a extorsión, venganzas, cobro de deudas y ajustes de cuentas representan el 37,8% del total de secuestros en el país. Un indicador directo de la inserción de prácticas propias del crimen organizado en Chile.

Toledo advierte que hasta un tercio de los homicidios en regiones del norte, como Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota, responde a disputas criminales, debido a la alta presencia de mercados ilícitos y tráfico fronterizo. A ello se suma la expansión en la Región Metropolitana, especialmente en comunas con alto flujo comercial, poblacional y presión de microtráfico.

Un riesgo que ya alcanza a la ciudadanía

Christian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería, sostiene que la violencia homicida se ha vuelto un mecanismo funcional para preservar el “activo criminal”. No se mata por impulso, dice, sino para garantizar continuidad del negocio, disciplinar a los propios o eliminar obstáculos.

El riesgo para la población, agrega, no es convertirse en un blanco directo, sino quedar expuesta a una violencia que se ejerce en el espacio público y en zonas residenciales. Cuando las bandas operan con impunidad, baja el umbral para usar armas de fuego, aumentando víctimas colaterales y la erosión del tejido social.

¿Qué debe hacer el Estado?

Los expertos coinciden en que Chile enfrenta un momento decisivo. Si la tendencia se consolida, el país podría replicar el deterioro de seguridad observado en otros territorios de la región.

Toledo plantea que el próximo gobierno deberá pasar de respuestas fragmentadas a una persecución integrada, enfocada en inteligencia financiera, control de armas, análisis territorial y coordinación interinstitucional en tiempo real.

Alveal suma un desafío político: un acuerdo nacional de seguridad que trascienda los ciclos electorales y eleve el costo real de delinquir, para que las organizaciones criminales encuentren en Chile un entorno hostil a su operación.