• Marco Zecchetto Rocco, equipo de Facts
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La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó los planes de avance para el establecimiento de un royalty a la industria forestal, el cual había sido propuesto por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. La idea de este impuesto, que generó discrepancias al interior del poder Ejecutivo, buscaba ser una alternativa para garantizar recursos en la prevención y protección de los terrenos y bosques, ante catástrofes generadas por los siniestros.

“La industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. Es decir, no se trata de un recurso natural no renovable y propiedad del Estado”, aseguró Tohá.

A pesar de que el ministro Valenzuela señaló que se buscaría pactar acuerdos con los diferentes actores de la industria a partir de marzo, esta iniciativa generó controversias y el rechazo por parte del sector privado.

El secretario de Estado señaló que podría establecerse un impuesto a las grandes industrias del sector, manteniendo parte de los recursos en los territorios, haciendo referencia al programa de Gobierno de rentas regionales, en el contexto de la Reforma Tributaria y descentralización.

También, la autoridad indicó otras posibles fórmulas, como la reducción tributaria ante la inversión en proyectos agroforestales, o el rescate de un porcentaje de los impuestos actuales que vaya dirigido hacia las empresas forestales.

“Desconocemos los detalles de esta medida, ya que sólo es el comentario de algunos alcaldes afectados por los incendios forestales. Pensar que producto de los incendios es necesario aplicar un impuesto a la actividad me parece ilógico. Los royalty normalmente se aplican a las actividades extractivas no renovables y, por el contrario, los bosques plantados son un recurso renovable y sostenible en el tiempo”, manifiesta el Gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz.

Costos asociados y lo que contemplaba esta medida para el sector forestal

Muñoz explica que un royalty comprendería un impuesto para la actividad forestal, argumentando que esto encarecería su producción. Además, el experto afirma que Chile está lejos de los mercados mundiales, y que poner un impuesto significaría gravarla y encarecerla, perdiendo competitividad.

El economista y académico de la Universidad de Santiago, René Fernández, indica que es posible entender un royalty como la distribución de las rentas anormales que surgen de la explotación de recursos naturales, ello apuntando a criterios como la sostenibilidad ambiental y productiva. En relación con el impacto de los incendios en el país, el académico señala que este gravamen tendría un objetivo de mejorar la institucionalidad.

Por su parte, el economista de PKF, Héctor Osorio, manifiesta que el impacto para la economía nacional que generaría esta medida, sería negativo. “En mi convicción, creo que la mayor capacidad para generar rentas va a estar siempre en manos de quienes son creadores de riqueza, y el Estado, por lo menos en el último tiempo, ha dado pocas señales de capacidad para eso. Por lo tanto, creo que dotar al Estado de más recursos, no es algo que vaya a generar un efecto positivo al país; sí se lo va a generar al Estado y sus administradores”, afirma.

Julio Torres, Secretario Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, señala que, dado que no hubo detalles de esta propuesta, no existieron estimaciones de costos. Y recalca la importancia de destacar que la actividad forestal no es exclusivamente de dos empresas.

“La actividad forestal está compuesta por 23 mil propietarios de plantaciones y 80 mil propietarios de bosque nativo. Es muy relevante discutir si el diseño que están contemplando afectará a quienes ya están siendo afectados por incendios, atentados, usurpaciones, robo de madera. Es contraintuitivo pensar que a este segmento, además, se le aplicará un nuevo impuesto”, expresa Torres.

Viabilidad del royalty a la industria forestal

El Secretario Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile asegura que la idea del royalty surgió con anterioridad y no a raíz de los incendios. Y enfatiza en que esta medida no genera ninguna diferencia respecto a la situación de los incendios.

En esa línea, Torres indica que las empresas realizan cuantiosas inversiones anuales en materia de prevención y combate de incendios, argumentando que un alto porcentaje de este combate es en predios de terceros y no predios propios.

En esa línea, y de acuerdo con la información de la Dirección de Presupuestos, para este 2023, el Estado destinó más de 90 mil millones de pesos para Conaf y el Programa de Incendios Forestales. Además, este apartado incluye más de 53 mil millones destinados al reforzamiento de la temporada de incendios 2022-2023. En esa línea, Torres asegura que el sector privado invirtió 110 millones de dólares para esta temporada y que, en el global, entre el 10 y el 20% de los montos están destinados a la prevención de siniestros.

Además, el experto sostiene que la seguridad al sector debe estar dada por la persecución de los autores de los incendios.

“Acá se trata de un tema de seguridad, no de un tema impositivo. Además, conceptualmente la figura del royalty no aplica al aprovechamiento de recursos naturales renovables, que son de propiedad privada y no concesionados por el Estado. Es arbitrario e injustificado, y afectaría a una actividad que ya está muy afectada. No es viable y no soluciona ninguno de los problemas que enfrentamos como actividad”, agrega Torres.

René Muñoz señala que los esfuerzos que se hacen hoy día en el sector privado son de la dimensión de lo que hace el Estado de Chile en términos de recursos para la prevención y combate de los incendios.

“Lo que sucede es no habrán medios y recursos suficientes en ningún país del mundo cuando se enfrentan situaciones climáticas extremas, y condiciones de delincuencia y terrorismo como las que ocurren en el sur del país. Esta combinación es letal y no tiene control”, afirma el Gerente de Acoforag.

“En conclusión, no es un problema de recursos, es un problema de convicciones y de entender que los delitos se tienen que perseguir y condenar. No por nada en Chile se ha quemado el metro y miles de emprendedores han visto sus sueños destruidos por el fuego, con muy pocos responsables condenados”, añade Muñoz.