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Sancionar con cárcel a menores desde los 16 años: Análisis a la reforma planteada y lo que dicen las cifras

La medida, propuesta por el senador Pedro Araya a raíz de la crisis de seguridad, ha generado controversia en el mundo político.

Ante la crisis de seguridad que atraviesa Chile, el senador Pedro Araya (ind.-PPD), presentó una reforma para sancionar con cárcel a menores desde los 16 años que cometan algún delito. El objetivo de la normativa es juzgar “como adulto” a los jóvenes, proponiendo una serie de crímenes catalogados como “graves y violentos”, y de esta forma modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Araya busca actualizar la responsabilidad en los delitos dependiendo de la gravedad del ilícito y la reincidencia. “Cuando decimos que necesitamos de medidas extraordinarias, estamos hablando de este tipo de normas. Hablamos de leyes que recogen el sentido común de la gente que ya está hastiada del temor, del delito, de sentirse vulnerable”, comenta el senador a El Mercurio.

A pesar de ser una reforma polémica, Araya propone en términos simples sancionar a aquellos jóvenes menores de 18 años que infrinjan la ley, para sobre todo acabar con “el problema de los ‘soldados’ y los ‘portonazos’ (…) La idea es decirle al menor infractor ‘cuidado, las reglas cambiaron y ahora ya no te sale gratis’”. Eso es una necesidad incluso para el sistema y para la gente en general que ve con impotencia cómo jóvenes que delinquen se pasean por tribunales y otros organismos del Estado de forma desafiante e incluso, de alguna manera, enrostrándole al chileno y a las chilenas que ellos son intocables”, explica el político.

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N.º 20.084) establece que los menores entre 14 y 17 años que cometan un delito penal tienen que asumir la responsabilidad por lo cometido y se considera su edad y las particularidades del nivel del desarrollo, y de ser condenados a algún tipo de sanción, no pueden ser derivados a recintos carcelarios de adultos, deben ir a centros especiales para adolescentes. Además, la ley ofrece una serie de garantías que permiten el acceso a educación, programas de rehabilitación antidrogas y alcohol, así como también programas de reinserción.

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La reforma presentada por Araya, busca modificar precisamente que los adolescentes desde los 16 años sí puedan ser derivados a recintos penitenciarios de adultos, debido a que el senador considera que esta normativa podría servir como una forma de educación, además, de garantizar mayor seguridad para la población.

Las opiniones sobre la reforma mantienen al sector político dividido, por su parte, el diputado Stephan Schubert, comenta que este tipo de modificaciones deben ser estudiadas junto a la valoración de expertos y no legislar “en caliente”. Asimismo, asegura que “la solución a los problemas no siempre viene de la mano de aumentar las penas y en este caso de aumentar a las personas que podemos afectar con la sanción de cárcel, por lo tanto, hay que ver si hay otras medidas que también permitan el mismo efecto y resultado. Me parece peligroso el legislar en esa materia, salvo que se haga con información y con expertos en el proceso”.

También añade que antes de legislar, se debe determinar y estudiar las estadísticas, porque considera que “falta mucha información, pero como primera lectura me parece muy riesgoso”.

Por su parte, la diputada Karen Medina (PDG) manifiesta que a pesar de que es una problemática grave que los menores de edad cometan crímenes, es una medida que se debe evaluar. “Ahora, si la cárcel va a ser efectiva para niños de 16 años, hay que verlo. Muchos de ellos están en los Centros de Mejor Niñez, que es el antiguo Sename, pero que sigue con las mismas problemáticas. Ahí hay una falla tremenda del Estado, pero también de la sociedad. Sabemos que las cárceles están colapsadas y seguir sumando delitos para meter personas a la cárcel, no es una medida realmente efectiva. Es una medida populista que va a tranquilizar la percepción ciudadana, pero no se va a poder cumplir”, explica la política.

Medina afirma que las medidas deben apuntar hacia otra dirección, que tengan relación con acciones preventivas y de responsabilidad social y paternal. “Hay una responsabilidad donde hay que apuntar al círculo social de esos niños. Hemos estado en distintas comisiones investigadoras demostrando las falencias, pero dónde están las mejoras. No hay efectividad de ello. Hay que tomar medidas de fondo que generen un cambio real y esta no lo es”, comenta.

Anuar Quesille, defensor de la Niñez, explica que la ley N.º 20.084 es una normativa completa que, además de sancionar al menor que comete un delito, posee programas que establecen un sistema basado en la reinserción social. “Desde el año 2005, con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el Estado adoptó una posición y un compromiso de redireccionar la forma de abordar los problemas vinculados a los delitos que cometen los adolescentes”, detalla el abogado.

Las cifras

De acuerdo con un análisis de la Defensoría de la Niñez de cifras obtenidas del Ministerio Público, Carabineros de Chile y el Servicio Nacional de Menores, en 2018 los delitos de alta connotación pública cometidos por adolescentes de 14 a 17 años representaban un 11% del total. En 2021, la cifra descendió y llegó al 7%. En cuanto al ingreso al Servicio Nacional de Menores, en 2020 se registraron 4.814 casos y en 2021, 4.312.

Asimismo, las detenciones por Carabineros, reflejan un panorama que, si bien es complejo, en los últimos años ha existido una disminución, en 2019 se registraron 27.717, en 2020, 19.448 y en 2021, 14.550 detenciones.

En relación con los adolescentes ingresados en el Ministerio Público en 2019, se registraron 34.478, en 2020, existieron 24.746 y en 2021, 20.194. A pesar de que existió una disminución en los tres indicadores, es una cifra que alarma a las autoridades.

Sin embargo, de acuerdo con cifras de Carabineros, los robos violentos de vehículos en el 2022, la mitad fueron cometidos por menores de edad. Hasta junio de ese año, el 46% de los aprehendidos por estos ilícitos corresponden a niños, niñas y adolescentes, mientras que el 54% son mayores de edad. Además, entre 2020 y 2022, aumentó en un 45% la cantidad de menores que participan en estos delitos, haciendo énfasis entre los que tienen 16 y 17 años.

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