• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La tragedia ocurrida en las regiones de BioBío y Ñuble por los devastadores incendios forestales que han afectado a localidades como Tomé y Lirquén, se suma a una seguidilla de incendios que, en los últimos años, han generado un impacto humano, ambiental y económico de gran magnitud, especialmente en zonas de interfaz urbano-rural.

En ese contexto, surgen preguntas clave: ¿qué establece actualmente la ley chilena respecto de las penas por incendios intencionales?, ¿son las sanciones proporcionales y realmente disuasivas?, ¿qué dificultades enfrenta el sistema para acreditar la intencionalidad y lograr condenas efectivas?

Marco legal vigente

En Chile, las sanciones por incendios forestales se endurecieron de forma significativa tras el siniestro ocurrido en 2011 en el Parque Nacional Torres del Paine, provocado por un turista extranjero. Como respuesta, en 2013 se promulgó la Ley N.º 20.653, que aumentó las penas para quienes resulten responsables de incendios en áreas silvestres protegidas, estableciendo condenas que pueden ir desde los 5 hasta los 20 años de presidio, dependiendo de la gravedad del daño.

El abogado penalista y académico de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, explica que las penas por incendios intencionales se ubican entre las más altas de la legislación chilena. “Si se queman bosques, pastizales o vegetación, las penas parten en los cinco años; si el objetivo es incendiar lugares habitados, comienzan en los diez años; y si hay personas lesionadas o fallecidas, se puede llegar desde los quince años hasta la cadena perpetua”, señala.

¿Son suficientes las sanciones?

Para Gabriela Azócar, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), las sanciones actuales son proporcionales cuando se trata de áreas silvestres protegidas, pero presentan vacíos relevantes en otros contextos. “La normativa no aborda de forma adecuada la diversidad de daños que se generan en zonas de interfaz urbano-rural, donde las consecuencias pueden incluir la pérdida de viviendas, infraestructura crítica e incluso víctimas fatales, como ocurrió en Valparaíso en 2024 o en el Biobío en 2023”, advierte.

Azócar añade que la mayoría de los incendios forestales no tiene origen intencional, sino que responde a conductas negligentes, lo que refuerza la urgencia de avanzar en el proyecto de ley sobre prevención de incendios forestales y rurales, actualmente estancado en el Congreso.

Dificultades para probar la intencionalidad

Muñoz explica que estos delitos suelen ocurrir en lugares apartados, sin testigos directos y con escasa evidencia material. “Determinar que un incendio fue intencional es una cosa; atribuir esa intencionalidad a una persona específica es mucho más complejo”, señala. A ello se suma la falta de registros audiovisuales y la destrucción de evidencia provocada por el propio fuego.

En la misma línea, Paula Santibáñez, directora del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián, apunta a factores estructurales del fenómeno. “El fuego altera precisamente la evidencia que permitiría reconstruir su origen, lo que obliga a peritajes altamente especializados y a una coordinación que muchas veces compite con las urgencias del combate del incendio”, explica.

Investigación y prevención

Desde Conaf, Rolando Pardo, jefe nacional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales, señala que históricamente la intencionalidad representa cerca del 30% de los incendios, aunque en el último período ha disminuido bajo el 25%. Las principales causas siguen siendo negligencias asociadas al uso de maquinaria, instalaciones eléctricas defectuosas y quemas de basura.

Pardo destaca que, desde 2018, Conaf mantiene un convenio con el Ministerio Público para fortalecer las capacidades investigativas y mejorar la calidad de la prueba presentada en tribunales. “Estamos capacitando a fiscales y policías para identificar con mayor precisión el origen y la causa de los incendios, y así sostener procesos acusatorios sólidos”, afirma.

No obstante, tanto expertos como autoridades coinciden en que la persecución penal sigue operando de manera relativamente desconectada de las políticas preventivas. “La prevención depende en gran medida de campañas educativas y patrullajes focalizados, mientras que la investigación penal se activa una vez ocurrido el daño”, explica Muñoz.