• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Según un estudio de la Fiscalía Nacional, los secuestros sumaron más de 800 casos en 2022 y estas cifras representan un aumento de 67% en comparación al 2021 lo que, de acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) (2011-2022), coloca a Chile en
el tercer lugar en secuestros de la región. Este fenómeno nuevo ha desplegado una serie de medidas por parte del Ministerio Público y las policías del país. El lunes, las autoridades informaron la creación de un Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), con el objetivo de enfrentar las nuevas prácticas delictuales, haciendo énfasis en los secuestros que se han registrado en los últimos días.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, indicó que tras el secuestro del empresario Rudy Basualdo, pidieron asistencia técnica y capacitación al Ministerio Público de Colombia. De acuerdo con Valencia, el crimen organizado en Chile siempre ha estado presente, pero en una entrevista con Tele13Radio comentó que “no habíamos enfrentado al crimen organizado transnacional”. Por ello, una de las medidas tomadas por Chile es solicitar asesoramiento al país caribeño con la intención de implementar medidas que hayan funcionado.

La historia de Colombia con el secuestro data desde hace varias décadas. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de ese país, entre 1970 y 2010, se registraron 39.000 víctimas y su época más álgida fue a finales de la década de los años 90, cuando el país registró 3.500 casos. La mayoría de estos delitos se dio en una época en la que grupos armados como la guerrilla y paramilitares se encontraban en una guerra contra el Estado. La lucha contra este tipo de delito, ha logrado que las cifras de secuestros disminuyan. De acuerdo con la Policía Nacional del país, a finales de 2019, se registraron 170 casos, que a pesar de ser un número alto, en comparación con los noventa, es bajo.

Según explica el analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann, en Colombia existe “una industria del secuestro” que ha estado presente durante décadas. Este tipo de delitos están asociados al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la FARC y a otros grupos guerrilleros que han utilizado el secuestro como “una forma de reclutamiento”, extorsión y una expresión para demostrar sus capacidades técnicas.

No obstante, Holzmann explica que existe una gran diferencia entre los secuestros en “el ámbito de normalidad, sin guerrilleros, a lo que es el secuestro hoy en día en el siglo XXI, con una criminalidad organizada. En el caso de Colombia se mezcla con este tipo de organización que está resurgiendo en ese país”.

Entre enero y septiembre de este año, se registraron en Colombia 241 casos y frente al mismo período del 2022, se reportaron 142. Esto se traduce en un aumento que marca nuevamente la contingencia en el país caribeño. Por esto y dada la vasta experiencia de Colombia ante este tipo de delitos, Francisco Barbosa, Fiscal General, llegó a Chile para brindar charlas antisecuestros al Ministerio Público y a los profesionales que trabajarán en el ECOH. Asimismo, participará en una audiencia en el Senado, ante la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Todas estas medidas implementadas por las autoridades buscan disminuir la instalación aún más profunda del crimen organizado en el país. Es un “desafío” complejo que pone en evidencia las fallas del Estado. De acuerdo con Pilar Lizana, experta en seguridad e investigadora de AthenaLab, el crimen organizado no es el problema de fondo que presenta actualmente Chile, más bien, “tiene que ver con algo estructural del Estado y sus debilidades que son aprovechadas”.

Diversos expertos estiman que las nuevas medidas del Ministerio Público podrían presentar resultados eficaces contra el aumento de este tipo de delitos. No obstante, necesitan de una serie de herramientas que trabajen de forma coordinada.

Medidas en Colombia y situación en Chile

De acuerdo con Holzmann, Colombia ha implementado una de las mejores prácticas a nivel internacional en cuanto a la disminución de los secuestros. Por ejemplo, poseen personal especializado en fiscalías y policías para facilitar las negociaciones en este tipo de casos que, además, brinda apoyo a los familiares de las víctimas. No obstante, existe un elemento importante: la no denuncia. “No todas las familias denuncia inmediatamente la existencia de un secuestro (…) Pero en los casos en que sí se hace, hay un canal distinto y en Colombia hay protocolos para esto”.

“La legislación colombiana establece entre un mínimo de seis años y un máximo de 25 (de cárcel) y ahí todo un debate de que debiese ser de 25 años para arriba. Toda la experiencia indica que el costo para el delincuente de un secuestro debe ser de tal magnitud que lo inhiba después de hacer todo eso si lo pillan. Esto supone que tiene que haber capacidad en la policía y capacidad profesional”, explica el experto. Asimismo, detalla que en el caso de Chile, las medidas anunciadas son una reacción para poder entender la lógica del secuestro y su forma de operar, y la llegada del Fiscal General de Colombia puede contribuir a una mejora.

Para Lizana, en Chile no necesariamente va a ocurrir lo que sucedió en Colombia, pero menciona que es importante entender la evolución del fenómeno en el país caribeño con el objetivo de frenar estas prácticas en Chile. Las medidas adoptadas por Colombia tienen relación con políticas de seguridad democrática, en donde se realizaron negociaciones con grupos paramilitares y guerrilleros para disminuir la violencia.

“El delito de secuestro y los homicidios en Chile se están realizando porque tenemos un contexto de instalación de crimen organizado y de mayor organización y estructura de las bandas criminales que ya existían en el país, entonces lo que necesitamos es apuntar a esa problemática de seguridad para que no se exprese a través de estos delitos, porque estos delitos son el signo de que está sucediendo algo en Chile y lo que está sucediendo es la instalación del crimen organizado”, añade la experta.