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Solicitudes de quiebras de empresas aumentan con mayor alza desde septiembre de 2020: Las razones, datos y lo que se espera

Algunas de las causas que han alimentado los últimos datos hacen prever a especialistas que podría haber una tendencia alcista.

De acuerdo con el último Boletín Estadístico publicado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, durante mayo se registró un total acumulado de 474 procedimientos de liquidación de bienes a nivel de empresa, cifra que ascendió a 958 procedimientos a nivel de personas deudoras. Ello implica que en mayo se ingresaron 126 nuevas solicitudes de quiebra de empresas, lo que se traduce en un incremento del 34,4% en 12 meses, y el mayor alza desde septiembre del año 2020.

Andrés Acuña, profesor asistente del Departamento de Economía y Finanzas, Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, señala que este aumento supera el 3,4% registrado en abril, y que podría marcar un punto de inflexión hacia una trayectoria alcista del indicador.

En términos territoriales, el economista indica que las solicitudes de quiebra empresarial acumuladas a mayo se concentran principalmente en las regiones Metropolitana (44,5%), de Valparaíso (11%) y de la Araucanía (8,9%). Por su parte, los procedimientos de liquidación de bienes de personas deudoras se evidencian en mayor proporción entre los habitantes de las regiones Metropolitana (32,7%), Biobío (11,6%), Araucanía (10,4%) y Valparaíso (9,8%).

“Llama la atención el protagonismo de la Región de La Araucanía en los indicadores de quiebra, especialmente si esta región presenta menores niveles de desarrollo y una mayor desigualdad de ingresos de acuerdo con el índice de Gini (medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini) respecto del resto del país. Lo anterior podría ser síntoma de un debilitamiento del sistema productivo regional afectado negativamente por los recurrentes episodios de terrorismo en la zona, agudizando la brecha de desarrollo de esta región del país”, asevera Acuña.

Las causas de este aumento

La investigadora de Clapes UC, Carmen Cifuentes, explica que esta alza se debe a una actividad económica con resultados negativos en lo que va del año, argumentando que en el primer trimestre el PIB se contrajo un 0,6% anual, y el Imacec de abril fue incluso menos auspicioso, anotando una caída de 1,1% en doce meses.

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Según la experta, una desaceleración de la economía responde a una menor demanda interna, reflejando en parte el debilitamiento del consumo de los hogares, que se explica en gran medida por el término de una serie de medidas que le inyectaron liquidez a la economía.

También, Cifuentes señala que se suman al menor consumo privado las condiciones de crédito más restrictivas (ej: estándares de otorgamiento de créditos más exigentes) y el alza en las tasas de interés, que se traduce en un mayor costo de financiamiento. Y asegura que estos factores están conjuntamente golpeando la situación financiera de las empresas, particularmente la de aquellas que tuvieron dificultades para sortear la crisis generada por la pandemia.

Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona y director ejecutivo de RPBM Consultores, menciona que Chile ha debido enfrentar desde el año 2019 situaciones que desafían la gestión económico-financiera de empresas y personas, comenzando este periodo con el estallido social que golpeó fuertemente a empresas y familias, siguiendo con los confinamientos por la pandemia y actualmente debido al proceso de estabilización de la economía, con elevadas tasas de interés en respuesta a la alta inflación observada durante el año 2022.

“Todo ello ha implicado un desafío importante para las empresas, muchas de las cuales pudieron sobrevivir al periodo de pandemia con las diversas ayudas que se generaron desde el gobierno, no obstante, ahora la situación es muy diferente ya que muchas de esas ayudas ya no existen y se observa una importante disminución en los niveles de consumo, lo que pone en una compleja situación principalmente a pequeñas y medianas empresas”, manifiesta Palma.

Los tipos de empresas y sectores más afectados

Andrés Acuña indica que el acumulado a mayo de las solicitudes de quiebra se aglutina en empresas de 2° categoría (35%) y PYMEs (22,2%). Y asevera que la señal de alerta es el comportamiento de la gran empresa, que registra una variación en 12 meses de 100% en los procedimientos de liquidación de bienes, lo que es coherente con el comportamiento contractivo que exhiben la industria, el comercio y la construcción desde el tercer trimestre de 2022.

El académico explica que lo anterior se confirma en el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central, el cual revela un aumento en la morosidad entre aquellas firmas que han reprogramado sus obligaciones financieras o han sido beneficiadas con el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE), incrementando la probabilidad de acogerse a la Ley 20.720 -la cual sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo-.

“Esto tiene un impacto negativo sobre el empleo, particularmente sobre empleo privado. De hecho, datos más recientes del INE muestran que los asalariados privados pertenecientes a actividades inmobiliarias, construcción e industria manufacturera han exhibido los retrocesos más importantes”, afirma Carmen Cifuentes.

Las tendencias proyectadas

La investigadora de Clapes UC prevé que la tendencia dependerá de la evolución de la actividad económica hacia adelante, específicamente si ésta sigue exhibiendo contracciones (y en qué magnitud), y de cuanto demore la reactivación económica.

La experta agrega que, si bien se espera que la actividad económica repunte hacia finales del año, las proyecciones apuntan a que, en el mejor de los escenarios, la economía chilena exhibirá un crecimiento cercano a cero en 2023, por lo que el escenario para las empresas que ya se encuentran en una situación financiera estrecha es complejo.

“El esperado menor dinamismo de la economía nacional durante el primer semestre de 2023 (especialmente en el sector construcción), que se traduciría en tasas de desempleo cercanas al 9% durante el mismo periodo, constituye un escenario de riesgo para la solvencia financiera de personas y empresas, las que ya no cuentan con ayudas estatales (ej., IFE, FOGAPE), que eventualmente elevaría el número de procedimientos de renegociación y, en el peor de los casos, de liquidación de bienes durante el segundo semestre de 2023”, añade Andrés Acuña.

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