• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Al norte de Estocolmo, la prisión de Rosersberg se prepara para un cambio inédito: recibir a niños de apenas 13 años. La medida forma parte de una reforma impulsada por el gobierno sueco que busca endurecer la respuesta penal frente al aumento de delitos violentos protagonizados por adolescentes, especialmente vinculados a redes de crimen organizado.

La iniciativa, anunciada en enero por el gobierno propone reducir la edad de responsabilidad penal desde los 15 a los 13 años en casos de delitos graves, es decir, aquellos que contemplan penas de al menos cuatro años de cárcel. ¿El objetivo? Frenar el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales, que utilizan a niños y adolescentes para ejecutar atentados, tiroteos o ataques con explosivos, bajo la lógica de que no enfrentarán sanciones severas.

Hasta ahora, en Suecia los menores que cometen delitos graves eran derivados a centros especiales de detención juvenil, conocidos como SiS-hem. Sin embargo, estas instituciones han sido cuestionadas en los últimos años, incluso por transformarse en espacios donde operan dinámicas de captación por parte de organizaciones criminales.

Pese a la urgencia que el gobierno atribuye a la medida, el proyecto ha generado una fuerte controversia tanto en el mundo político como académico, abriendo un debate que trasciende las fronteras europeas y que comienza a resonar también en Chile.

Críticas desde la evidencia

Felipe Estrada, profesor de criminología de la Universidad de Estocolmo, experto en el área y profesor invitado por el Centro UC de Justicia y Sociedad, plantea una de las principales objeciones a la reforma: su falta de sustento empírico.

“Es importante acordarse que en Suecia por muchos años la política criminal ha sido basada en evidencia y con una meta principal de aumentar la seguridad y bajar la criminalidad y números de víctimas. (…) Muchas de las medidas que se están proponiendo ahora, y especialmente esta de bajar la edad mínima, no es política que es basada en evidencia”, explica.

El académico sostiene que no existen pruebas concretas de que reducir la edad de imputabilidad tenga un efecto real en la disminución del delito. Por el contrario, advierte que se trata de una medida más bien simbólica, impulsada en un contexto político donde la seguridad se ha convertido en eje central del debate público.

“Esto funciona muy bien en el tema político (…) está dando la apariencia de que uno está haciendo algo, pero no necesariamente va a tener efecto en la seguridad ni en disminuir el número de víctimas”, agrega.

Según Estrada, incluso en el caso de que menores de 13 años sean encarcelados, el impacto sería marginal, ya que se trata de un grupo reducido que podría ser fácilmente reemplazado dentro de las estructuras criminales.

¿Qué dice la realidad internacional?

El debate sobre la edad de imputabilidad no es nuevo y ha sido ampliamente estudiado a nivel internacional. Nicolás Martínez, investigador del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, explica que no existe evidencia concluyente que respalde la efectividad de este tipo de medidas. “La evidencia especializada no muestra resultados concluyentes que permitan afirmar que bajar la edad de imputabilidad reduzca efectivamente la criminalidad”, señala.

Un caso ilustrativo es el de Dinamarca, que en su momento redujo la edad penal de 15 a 14 años. Tras evaluar los resultados, se constató que la medida no solo no disminuyó el delito juvenil, sino que tuvo efectos negativos en la trayectoria de los adolescentes involucrados, quienes presentaron mayores dificultades en educación, inserción laboral y reincidencia delictiva. Finalmente, la reforma fue revertida.

Martínez agrega que este tipo de discusiones no puede desligarse del enfoque de derechos humanos. “La privación de libertad en estas edades constituye una medida especialmente sensible y compleja”, explica, subrayando que factores como el desarrollo psicológico, la vulnerabilidad social y el entorno influyen directamente en la conducta de los adolescentes.

El escenario chileno

En Chile, el debate comienza a instalarse en un contexto marcado por el aumento de la participación de menores en delitos, especialmente vinculados al crimen organizado. Según cifras del Ministerio Público, en 2019 hubo 4.966 menores involucrados en este tipo de ilícitos. La cifra disminuyó durante la pandemia, llegando a 2.678 en 2021, pero posteriormente repuntó con fuerza: 4.158 casos en 2022, 4.675 en 2023 y nuevamente 4.966 en 2024. Esto representa un aumento del 86,5% en solo tres años.

A esto se suma que durante 2025 ingresaron 8.712 hechos delictivos con participación de niños, niñas y adolescentes en la Región Metropolitana, un 5% más que el año anterior. Los delitos más frecuentes en este grupo incluyen lesiones, delitos contra la libertad e intimidad, delitos sexuales y robos, concentrando el 61% de los casos.

¿Es viable una medida así en Chile?

De acuerdo con los expertos, más allá del aumento de la criminalidad, la clave está en cómo se abordan sus causas. Las estrategias más efectivas, coinciden, no pasan por adelantar la sanción penal, sino por fortalecer la prevención. Esto incluye intervenciones tempranas, políticas educativas, apoyo social y programas de reinserción.

Además, existe un riesgo concreto: aumentar la población carcelaria en un sistema penitenciario que ya enfrenta serias limitaciones. Una mayor cantidad de jóvenes privados de libertad podría profundizar problemas estructurales y dificultar aún más la reinserción.