• Sofía Reyes - Equipo de Facts
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En la mira del balotaje del próximo 19 de diciembre, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, propuso limitar los salarios del Estado a “máximo 10 sueldos mínimos”. La idea parece ser una estrategia para acaparar votos de Franco Parisi (tercera mayoría en la primera vuelta), quien había presentado la iniciativa como parte de sus promesas de campaña. Este no es un tema nuevo para el país, con una historia legislativa en la materia.

¿De qué dependen los sueldos del Estado?: Los salarios están dados por una normativa y por una “escala de sueldo”, esto porque “hay que entender que en la administración pública hay jerarquización”, explica el abogado, especialista en derecho administrativo y encargado de transparencia del Servicio de Salud de Concepción (quien concedió esta entrevista fuera de su horario laboral), Diego Márquez.

Las leyes relacionadas son:

- La Ley 18.834, que aprueba el estatuto administrativo y determina, entre otras cosas, la forma de designar cargos, los periodos de los contratos y los pagos.
- En la definición de conceptos se encuentra el sueldo, que es “la retribución pecuniaria, de carácter fijo y por períodos iguales, asignada a un empleo público de acuerdo con el nivel o grado en que se encuentra clasificado” y la remuneración, correspondiente a “cualquier contraprestación en dinero que el funcionario tenga derecho a percibir en razón de su empleo o función, como, por ejemplo, sueldo, asignación de zona, asignación profesional y otras”.
- Además se explicita que “todo cargo público necesariamente deberá tener asignado un grado de acuerdo con la importancia de la función que se desempeñe” que determinará el sueldo y remuneraciones del empleado.

- La Ley 19.863, “sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la administración pública y da normas sobre gastos reservados”.
- En esta normativa se establece “una asignación de dirección superior, que tendrá el carácter de renta para todo efecto legal, que percibirán quienes desempeñen los siguientes cargos de dedicación exclusiva: Presidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y (algunos) Jefes Superiores de los servicios públicos”.
- “Otra legislación que tiene una vital relevancia en este tema es la Ley de transparencia, fundamental en un Estado moderno, al que aspiramos”, afirma Márquez. Esto, porque la normativa “permitió poder conocer los sueldos de los altos cargos y entender que acceder a esta información es un derecho”, agrega.

Funciones y asignaciones: Para determinar los salarios, un punto importante a considerar son las tareas que tiene cada funcionario, que están dadas por niveles. “La escala de sueldos, es una numeración progresiva, donde el mayor es el 1 (el Presidente) y desde ahí se ordenan las escalas de sueldos del Estado, que es un modelo rígido y de escala permanente”, aclara Luis Cordero, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile.

“Este es un tema bien antiguo. En el sector público chileno hasta antes del 74 existían escalas de sueldo que estaban muy atomizadas, y los sistemas públicos tenían diferentes regímenes, entonces la Contraloría por muchos años buscó que existiera un sistema único”, agrega el docente de la U de Chile.

Márquez dice que es importante distinguir que entre un servicio y otro hay asignaciones y bonos, porque “hay servicios públicos que tienen ciertas exclusividades que significan mayores sueldos para los funcionarios. Por ejemplo, un abogado que trabaja para el Servicio de Impuestos Internos tiene mayores responsabilidades y dedicación exclusiva, no así un abogado de una municipalidad”.

“Desde el retorno a la democracia, la manera en que se mejoraron las rentas fue por asignaciones, entonces hay una ley que se dicta después del caso Mop Gate que establece la dedicación exclusiva y la asignación de función crítica”, aclara Cordero. Lo que ha venido pasando es que ese tipo de diferencias se han ido arreglando por asignaciones y “las asignaciones hoy de nuevo han desordenado el régimen de renta”, aclara el abogado.

Caso Mop Gate: Este hecho ocurre durante el mandato del Presidente Ricardo Lagos, en 2002. En la ocasión, mediante una investigación de la ministra, en ese momento, en visita, Gloria Ana Chevesich, se acreditó que el Ministerio de Obras Públicas pagó sobresueldos a 129 funcionarios por trabajos no realizados.

“Luego de esto se dictó la Ley específica de remuneraciones del sector público (N° 19.863), que reguló el mecanismo de remuneraciones y los gastos reservados. Acá nace la normativa que regula las asignaciones, con la finalidad de normar este sistema y evitar que se ocuparan gastos reservados para complementar rentas de los ministros de Estado”, explica Cordero.

Ahora bien, para cambiar las remuneraciones actuales hay una reforma. “En 2020 el Congreso aprobó una reforma constitucional para que los salarios de altos cargos públicos sean reajustados cada cuatro años, con una comisión encargada de determinar el monto. Para eso el congreso tiene que dictar una ley que permita el funcionamiento de este grupo, pero hasta que eso no suceda, se sigue con el formato de la escala de sueldo”, explica Cordero.