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Toma de viviendas: Lo que dice la ley para reaccionar y enfrentar este tipo de delitos

Actualmente se encuentra en el Senado una reforma a la Ley 18.101.

La reciente viralización de un video en donde se muestra una familia que se tomó una casa ajena en Quilpué mientras el propietario se encontraba de vacaciones, alegando que se encontraban ahí mientras obtenían una vivienda, ha provocado el cuestionamiento de las actuales normativas que rigen este tipo de delitos. ¿Cuáles son las leyes, procedimientos e instancias implicadas?

Nicolás Garrido, abogado penal de la Universidad Católica, explica los principales ejes que regulan este tipo de conflictos: “En Chile existe el derecho a la propiedad privada, que es garantizada y regulada por la Constitución, el Código Civil y por diversas normas específicas que tratan la materia”. Además, el abogado menciona los tres tipos de derechos que derivan de la propiedad:

• Dominio: “Corresponde a la facultad de transferir la propiedad o no a un tercero”.
• Usufructo: “Hacer uso de los frutos que pueda entregar esa propiedad”.
• Uso: “Es el derecho de uso de la propiedad, estar y que el propietario pueda hacer en ella lo que le permita la ley”.

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“En el caso que fue viralizado se podía observar a una persona que dice que está en posesión efectiva, mientras que la dueña de la casa dice que no. En esas instancias, lo más conveniente para protegerse de acuerdo a la Ley Civil es tener posesión de los papeles registrales. Esto, ya que la única manera de probar el dominio de una propiedad en Chile es a través de una inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y asegurarse que el bien inmueble esté inscrito a nombre del propietario”, añade Garrido.

A partir de las tres vías normativas que rigen este tipo de problemática, existen las siguientes vías judiciales para tratar este tipo de hechos dependiendo de la naturaleza de la situación:

• Ley Civil: Implica un procedimiento completo en donde el propietario debe interponer una demanda, llevarse a cabo un juicio en donde la persona demandada tiene la posibilidad de presentar alegatos y pruebas, lo que provoca que el juicio sea más extenso que si fuera abordado desde la Ley Penal.
• Ley Penal: Implica un procedimiento más expedito que también requiere la presentación de pruebas. Sin embargo, posee herramientas de aplicación inmediata de protección para la víctima. Este tipo de método implica una denuncia flagrante de la toma, lo que acelera el procedimiento, permitiendo desalojar a quienes ingresen a una propiedad ajena a través de Carabineros.
• Protección constitucional: Permite acudir a la Corte de Apelaciones para obtener la cautela o resguardo. Sin embargo, corresponde a una medida provisional y no corresponde a una decisión de fondo con respecto a quién es el propietario del inmueble.

“Generalmente un juicio civil por este tipo de situaciones puede tener una duración que va desde los seis meses a un año. La normativa vigente contempla diversos tipos de procesos que deben ser cumplidos para que quienes tienen tomada la casa hagan entrega efectiva de la propiedad”, explica Rodrigo Lira, abogado inmobiliario de El Nido Propiedades.

Lira agrega que “actualmente está pre aprobada en el Senado una modificación a la Ley 18.101 que agiliza la entrega de la propiedad en un plazo máximo de diez días hábiles al propietario de haber causas y evidencias que comprueben la morosidad o las malas prácticas en el inmueble ajeno. La modificación fue ingresada en el 2017 y en septiembre de 2021 fue aprobada por la Comisión de Constitución”.

La modificación pretende agilizar los procedimientos para que los arrendatarios o personas que no cumplan con los términos del contrato de arriendo entreguen las propiedades en un máximo de 10 días hábiles a los dueños de los inmuebles. Uno de los puntos que fue sugerido en la Comisión de Constitución, y que quedó sujeto a discusión en las próximas instancias legislativas, fue la idea de incorporar una figura como la demanda innominada en la normativa, que permite a los jueces decretar, sin limitaciones de las medidas especificadas en la legislación y los medios idóneos para asegurar el resultado de la acción legislativa.

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