• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Un masivo procedimiento en Antofagasta dio como resultado la formalización de 24 personas por delitos de la Ley de Drogas. Todos de nacionalidad chilena y detenidos por funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes, junto con un equipo del Ministerio Público, allanaron 30 viviendas posiblemente vinculadas a la venta de drogas en poblaciones del sector, en el que fue catalogado como el operativo más grande en su tipo realizado en Antofagasta en los últimos años.

De acuerdo con el Boletín Estadístico de la fiscalía, que comprende de enero a septiembre de este año, a la institución ingresaron 27.518 delitos de la Ley de Drogas, los cuales 12.811 (46,55%) tienen un imputado desconocido, mientras el restante, 14.707 (53,45%) posee un autor conocido.

Si se compara con el mismo periodo, pero del 2023, existe un leve aumento de los delitos ingresados a la institución en 2024, ya que para el año pasado estos alcanzaron 27.338 delitos, lo que evidencia una diferencia de 180.

Las formas de ingreso y su evolución

A medida que pasa el tiempo, las organizaciones criminales buscan la manera de encontrar nuevas rutas para evitar las incautaciones, sin embargo, tal como han explicado distintos expertos en crimen organizado, las policías e instituciones deben adaptarse y “moverse” con la criminalidad.

José de la Cruz Garrido, académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, explica que una clave para incautar sustancias ilícitas “es mapear rutas con inteligencia territorial y uso de tecnología militar. Las rutas de la migración son las rutas de las drogas; pero a ello cabe agregar, en el caso chileno, los puertos y pasos, sobre todo los pequeños y sin control”.

En la misma línea, Gonzalo Hoyl, abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, puntualiza que las formas más comunes de ingreso, son por vía terrestre, por pasos fronterizos no habilitados y generalmente por medio del ocultamiento en vehículos de carga o en compartimentos secretos en los camiones o dentro de mercancías como bolsas de leche o maderas.

Asimismo, explica que también pueden ingresar por el uso de “correos humanos (conocidos como “mulas” o “burreros”) y luego le siguen las vías aéreas y marítimas, especialmente en el Norte del país”.

Tal como consignó Emol, el primer semestre del 2024 dejó cifras que evidencian un alza importante en las incautaciones de droga en el Aeropuerto Nuevo Pudahuel. Entre enero y junio, la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI incautó un total de 117.836,50 gramos de sustancias ilícitas. Esta cifra es mayor a lo que decomisó la policía en 2023, que dejó un total de 108.288,50 y en 2022, 82.780,20.

En cuanto a las drogas que más se encontraron, el éxtasis es la que lideró la lista de incautaciones, con un total de 76.935,90 gramos, luego le sigue la ketamina, dimetiltriptamina y la metanfetamina.

En otras cifras, un análisis del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, basado en información de los boletines estadísticos del Ministerio Público entre los años 2013 y 2023, evidencia que los delitos que más aumentaron en diez años fueron los homicidios (+121%) y las infracciones a la ley de drogas (+94%)

¿Posibles planes?

A juicio de Hoyl existe un desafío permanente en los esfuerzos que debe realizar la policía, lo que ha llevado a implementar tecnología y estrategias de inteligencia para desarticular las redes de narcotráfico: “Dentro de las herramientas más conocidas están el uso de informantes, agentes reveladores o encubiertos, que permiten infiltrarse en las redes, con el fin de desarticularlas”.

Ahora bien, el abogado señala que para “la efectividad de los procesos penales que se sigan, es muy importante respetar los procedimientos con el fin de evitar que malas prácticas o el uso de medios ilegales terminen viciando una investigación”. Por ello, puntualiza que es necesario seguir fortaleciendo la seguridad pública y la cooperación internacional, mejorar los canales de denuncias y seguir invirtiendo en tecnología y capacitación especializada.

En tanto, Garrido comenta que los planes que debiesen implementarse deben ir por comunicar los resultados y tener compromiso constante de parte de la autoridad por señalizar el problema. Al mismo tiempo, detalla que se debe hacer seguimiento, valorar el accionar de las policías, así como cerrar fronteras e incluir a los militares y aumentar penas por el uso de menores como soldados de la droga.