• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La mañana del jueves de la semana pasada quedó marcada por una de las tragedias viales más graves de los últimos años en la Región Metropolitana. A las 8:06 horas, un camión que transportaba gas licuado volcó en la intersección de General Velásquez con Ruta 5 Norte, en la comuna de Renca, liberando una densa nube inflamable que, segundos después, detonó con una violencia devastadora. La explosión generó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente, afectó a más de 50 vehículos y dejó, hasta ahora, un saldo de al menos nueve personas fallecidas —incluido el conductor del camión— y 12 heridos, varios de ellos con quemaduras de extrema gravedad.

La fiscal Macarena Cañas indicó que, de acuerdo con los primeros antecedentes, la responsabilidad inicial estaría radicada en el conductor del camión de la empresa Gasco, quien habría perdido el control del vehículo, presumiblemente a exceso de velocidad, provocando un choque en cadena con otro camión y desencadenando la explosión.

En Chile, el transporte de gas licuado está regulado por el Decreto Supremo N°108 de 2014, que establece exigencias estrictas en materia de seguridad. La normativa obliga a los camiones a portar señalización visible que identifique el carácter inflamable de la carga y letreros portátiles con la leyenda “INFLAMABLE”. Asimismo, los vehículos cargados solo pueden permanecer estacionados en plantas de gas o recintos inscritos, salvo situaciones de emergencia que deben contar con vigilancia permanente. La fiscalización del cumplimiento de estas disposiciones recae en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Pero más allá de las responsabilidades individuales o empresariales que determine la investigación, el accidente de Renca vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural: la persistencia de siniestros viales de alta gravedad en el país, especialmente aquellos que involucran vehículos de gran tamaño y cargas peligrosas. De acuerdo con el informe “Siniestros de Tránsito de Ocupantes de Camiones y Consecuencias 2024”, elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), durante ese año se registraron en Chile 75.653 siniestros de tránsito, con un saldo de 1.439 fallecidos y 42.400 personas lesionadas.

De ese total, en 5.670 siniestros participaron camiones, lo que dejó 80 ocupantes de estos vehículos fallecidos y 1.091 lesionados. Las cifras muestran una tendencia preocupante: los accidentes con participación de camiones aumentaron 1,9% respecto del año anterior, pero las víctimas fatales asociadas a este tipo de vehículos se incrementaron en un 21,2%. En términos proporcionales, el camión se ubicó en el sexto lugar entre los vehículos con mayor participación en siniestros y en el quinto lugar en el total de usuarios fallecidos.

La evolución de estas cifras se explica, en parte, por el crecimiento sostenido del parque de camiones. En la última década, entre 2015 y 2024, este tipo de vehículos aumentó en un 19,4%. En ese mismo período, 791 ocupantes de camiones perdieron la vida y más de 13.600 personas resultaron con lesiones de diversa gravedad.

Según Conaset, la imprudencia del conductor continúa siendo la principal causa de los siniestros de tránsito en Chile. En 2024, este factor explicó el 74,8% de los accidentes en este tipo de vehículos y estuvo asociado al 35% de las muertes. Sin embargo, la velocidad imprudente destaca como el elemento de mayor letalidad, aunque solo representa el 8,8% de los siniestros, concentra casi la mitad de las muertes de ocupantes de camiones. A ello se suma la fatiga, el cansancio y el eventual consumo de drogas, que presentan uno de los índices de severidad más altos, con más de siete fallecidos por cada 100 siniestros.

Las consecuencias humanas de este tipo de tragedias se reflejan con especial crudeza en la situación de los heridos. El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, explicó que, para un accidente como el ocurrido en Renca, las primeras 48 horas, explicó la autoridad, son críticas para la estabilización de estos pacientes, quienes además pueden presentar compromiso respiratorio por inhalación de gases calientes y otras complicaciones asociadas.

Desde Conaset señalaron a Emol Social Facts que la siniestralidad vial tiene un costo económico y social de largo alcance. Entre 2020 y 2024, los accidentes de tránsito representaron para el Estado chileno un costo equivalente al 1,86% del Producto Interno Bruto, considerando gastos en salud, rehabilitación, pérdidas de productividad y daños materiales.

Asimismo, comentaron que “Chile cuenta con una regulación exhaustiva para el transporte de carga peligrosa, exigiendo señalización, capacitación, hojas de seguridad y restricciones de circulación. La brecha no está en la falta de leyes, sino en el comportamiento de las personas: las cifras muestran que la “imprudencia del conductor” sigue aumentando en Chile, lo que indica que las capacitaciones formales no están logrando erradicar conductas de riesgo como el exceso de velocidad, el cansancio en ruta o la distracción al conducir, principalmente ejemplificada en el uso del celular”.