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Víctimas de violencia rural: Los problemas que existen para que afectados sean incluidos

El déficit del programa de reparación es que sus beneficiarios no estarían bien definidos dentro del mismo, según expertos, lo que quedaría a criterio del Ministerio del Interior.

El campo “Los Aromos”, ubicado en Lautaro, Región de La Araucanía, fue abandonado hace seis meses por sus propietarios, luego de que recibieran amenazas de que este sería quemado. Juan Pablo Bahamonde, copropietario de este recinto, declaró a El Mercurio que no habían recibido ningún tipo de ayuda de parte del Estado.

Sin embargo, se debe considerar que, a través de una Resolución Exenta, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dispuso un plan de ayuda a las “Víctimas De Violencia Rural de la Araucanía”, que comenzó su catastro de víctimas en 2018. ¿Por qué no se incluyen en este caso?

Ser víctima: Según detalla el abogado penalista y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP), Juan Carlos Manríquez, de acuerdo a “los artículos 108 y 109 del código procesal penal es víctima todo ofendido por el delito. Es decir, el titular del bien jurídico afectado (vida, salud, integridad corporal, patrimonio, etc.). Además, puede accionar (legalmente) el afectado, su cónyuge, hijos, hermanos en orden de prelación”.

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Por otra parte, el abogado penalista y socio de QRF Abogados, Ignacio Ried, explica que la “Resolución Exenta no define qué se entiende por violencia rural, no dice en qué consiste, cuáles son los casos o los estándares para considerar que un evento es violencia rural. Por lo que dice el diputado RN, el Ministerio de Interior tiene un criterio restrictivo, y excluye las usurpaciones violentas de terreno”.

“Queda a criterio de la administración determinar qué es violencia rural y qué no. Eso es justamente el problema, porque al final la administración actúa a juicio de quienes reclaman en forma discrecional”, añade Ried.

¿Cómo ingresar al catastro?: Según informa el Ministerio del Interior a través del programa, la forma de ingresar es presentando el Rol Único de Causa (RUC) del delito. Además de los distintos documentos que detallen la denuncia, “lo cual servirá para respaldar y detallar los hechos ocurridos”.

En esta línea, el abogado miembro de la AIDP, Juan Carlos Manríquez, explica que “todo el que haya sido titular de un derecho dañado por incendio, robo, daños, abigeato o amenazas puede ser considerado victima penal, y civil para demandar indemnización o reparaciones a terceros o al Estado, si cree que también fue afectado por falta de servicio”.

¿Cuáles son los beneficios estatales?: Según la información del Ministerio del Interior, las medidas que en la actualidad se implementan son las siguientes:

• Programa de Reposición de Actividades Sociales (PRAS) – Fondo Social Presidente de la República (FSPR): Financiamiento de proyectos de reconstrucción, mejoramiento y/o equipamiento de infraestructura dañada.
• Plan de Reposición de Actividades Económicas – SERCOTEC: Financiamiento de un Plan de Negocios con recursos financieros no reembolsables.
• Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) Especial – INDAP: Entrega de recursos destinados a cofinanciar la inversión en proyectos de recuperación de sistemas productivos afectados.
• Apoyo a personas afectadas por violencia rural – FOSIS: Ayuda integral de 7 meses de duración que contempla un Fondo Iniciativa para cada beneficiado.
• Créditos con garantía FOGAIN Especial – Banco Estado y CORFO: Cobertura a préstamos de Instituciones Financieras, con un tope de 18.000 UF.
• Subsidio habitacional – MINVU: Asignación directa de subsidios, donde MINVU constata una situación de urgente necesidad habitacional, marginalidad extrema o la urgencia por peligro inminente de algún atentado o algo similar.
• Ayuda Asistencial – ORASMI: Entrega transitoria de prestaciones en el ámbito de la Promoción y la Asistencia Social a personas naturales, en situación de vulnerabilidad social colaborando a su superación.
• Apoyo psicológico – Centros de Atención de Víctimas de Violencia Rural – Subsecretaría de Prevención del Delito en convenio con Intendencias: Entrega de atención psicosocial a las personas que han sido objeto de violencia rural.

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