• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Las cifras recopiladas por la Defensoría de la Niñez a partir de registros de Carabineros, el Poder Judicial y otros organismos públicos dan cuenta de un fenómeno que no ha mostrado retroceso tras la pandemia. Según el informe, entre 2021 y junio de 2025, Carabineros de Chile registró un total de 159.776 niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos. Lejos de descender luego del período más crítico de confinamientos, los casos han aumentado de manera sostenida: 31.140 en 2021; 44.937 en 2022; 45.203 en 2023; y un peak de 47.443 en 2024. En la primera mitad de 2025 ya se contabilizan 23.490 situaciones.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostiene que el incremento puede responder a una combinación de factores: “Por una parte, los datos nos muestran un incremento de la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes, como en la Encuesta de Polivictimización de la Subsecretaría de Prevención del Delito 2023, la que evidenció un aumento respecto de 2017 en diversas formas de maltrato, y las estadísticas administrativas también evidencian mayor victimización en delitos de alta connotación pública, como homicidios y lesiones”.

Interrogante abierta

La interrogante sobre si se trata de un aumento real de las vulneraciones o de una mayor capacidad de denuncia y registro sigue abierta. Quesille plantea que ambos fenómenos pueden estar ocurriendo simultáneamente. “En los últimos años se han fortalecido los protocolos de reporte, particularmente en el Servicio de Protección Especializada, lo que ha derivado en más denuncias por hechos que antes no necesariamente ingresaban al sistema.

Por lo tanto, explica que los registros no solo reflejan mayor violencia, sino también un Estado que está identificando más situaciones. En esa línea, destaca que los datos de Carabineros permiten observar el fenómeno desde la primera interacción institucional, debido a su cobertura territorial y a su rol como puerta de entrada a otros sistemas de protección.

Desde el ámbito académico, María Soledad Álvarez, del Magíster en Clínica Relacional con niños, niñas y adolescentes de la Universidad Alberto Hurtado, advierte que la violencia hacia la infancia es un fenómeno persistente y multifactorial. Explica que el incremento sostenido puede responder a factores estructurales, institucionales y contextuales. Entre ellos menciona el estrés económico prolongado, la inseguridad y la exposición a violencia intrafamiliar, condiciones que se asocian consistentemente con mayores niveles de victimización infantil. Añade que aún persisten normas culturales que naturalizan prácticas como el castigo físico, lo que dificulta cambios conductuales profundos incluso en presencia de marcos legales más protectores.

Vivir libres de violencia

En relación con los derechos más afectados, el informe permite observar principalmente vulneraciones vinculadas al derecho a vivir libres de violencia. Quesille detalla que los casos más recurrentes corresponden a maltrato infantil, violencia intrafamiliar y violencia sexual en distintos entornos, ya sean familiares, escolares o comunitarios. “Estos registros no abarcan la totalidad de derechos afectados, pero sí ofrecen una aproximación relevante a situaciones donde el daño ya se ha producido y ha requerido intervención policial”, sostiene.

Patricia Ramírez, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, atribuye parte del aumento a un cambio de paradigma. Señala que hoy “se deja de normalizar conductas que afectan los derechos de este sector de la población”, lo que implica una mayor sensibilidad social y un mayor conocimiento de las instituciones a las cuales recurrir. Sin embargo, advierte que también se configuran nuevas formas de vulneración, especialmente aquellas vinculadas a medios digitales, que amplían los escenarios de riesgo.

Prevención y capacidad de respuesta

Las brechas persisten tanto en prevención como en capacidad de respuesta. Quesille subraya que históricamente el país ha concentrado mayores recursos en la intervención una vez que el daño ya está instalado, más que en el acompañamiento temprano de trayectorias de desarrollo y en el fortalecimiento de factores protectores como la salud mental, el apoyo familiar y entornos escolares seguros. Además, reconoce desafíos en la implementación del Sistema de Garantías de la Niñez y Adolescencia y en la articulación entre actores locales, especialmente en zonas aisladas donde existen brechas de cobertura territorial.

Álvarez agrega que la fragmentación institucional dificulta una respuesta integral y que la gobernanza en “silos” debilita la capacidad del Estado para ofrecer trayectorias de protección claras y continuas. A su juicio, el desafío no radica en crear nuevas normas, sino en asegurar su implementación efectiva, con inversión pública suficiente, mecanismos de seguimiento y una coordinación intersectorial sólida entre educación, salud, justicia y protección social.