• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Los establecimientos escolares no están exentos de la violencia que atraviesa el país, pues cada vez son más los hechos de este tipo que se registran alrededor de los colegios que involucran a estudiantes: En la tarde del martes 30 de julio, un joven de 16 años murió asesinado tras recibir cuatro disparos frente al colegio Sagrado Corazón en Alto Hospicio. El adolescente no era alumno de la institución y, de acuerdo con la información de las autoridades, poseía antecedentes penales. Sin embargo, el fallecido era amigo de un joven del colegio Sagrado Corazón que había sido amenazado.

Tal como consigna El Mercurio, el director del colegio Robert Johnson, y vocero de la Red de Colegios de Alto Hospicio, Luis Zúñiga, advirtió que “un joven de 16 años, que debió estar en un sistema educativo y no lo estaba, es asesinado frente a un colegio. Es ahí cuando nosotros nos preguntamos: ‘¿Seguiremos siendo actores pasivos ante la violencia, o activos?’, porque las autoridades están llegando tarde, cuando las cosas ya pasaron”. Debido a este suceso, apoderados de distintos colegios de la zona han realizado un llamado para realizar rondas de seguridad ciudadana y la creación de una red para frenar la violencia, ya que, de acuerdo con el testimonio de Macarena Sandoval, apoderada del colegio Sagrado Corazón, “Carabineros no da abasto”.

El Ministerio de Educación (Mineduc) presentó en mayo el programa “Comunidades Educativas Protegidas”, que, junto con otras iniciativas, contempla un plan que tiene como objetivo prevenir y abordar la violencia en los contextos educativos tanto en el interior del establecimiento educativo como en el entorno inmediato de las comunidades. Este programa está dirigido a 50 comunas que fueron seleccionadas con base en criterios relacionados con hechos delictivos de violencia y situaciones de connotación social pública relacionadas con la violencia.

Los sectores fueron priorizados con base en la información de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Superintendencia de Educación. Por región, se dividen de la siguiente manera:

• Región de Arica y Parinacota: Comuna de Arica.
• Tarapacá: Iquique, Alto Hospicio.
• Antofagasta: Antofagasta, Calama.
• Atacama: Vallenar, Copiapó.
• Coquimbo: La Serena, Coquimbo, Ovalle.
• Valparaíso: Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana.
• Metropolitana: Maipú, La Florida, San Bernardo, Santiago, Puente Alto, Estación Central, Providencia, Ñuñoa, Recoleta, Las Condes, Peñalolén, Quilicura, Pudahuel, Quinta Normal, Melipilla, Renca, San Miguel, Cerro Navia, La Cisterna, Lo Prado, La Pintana.
• O´Higgins: San Fernando, Rancagua.
• Maule: Linares, Curicó, Talca.
• Ñuble: Chillán.
• Biobío: Concepción, Lota, Los Ángeles.
• Araucanía: Temuco.
• Los Ríos: Valdivia.
• Los Lagos: Puerto Montt, Osorno.
• Aysén: Coyhaique.
• Magallanes: Punta Arenas.

La mirada de los expertos

Ernesto Treviño, director del Centro UC para la Transformación Educativa, comenta que “el crimen organizado es una especie de aluvión que se filtra en todas las capas y organizaciones sociales, y las escuelas no están exentas de ello. Uno de los problemas con la criminalidad es que genera expectativas materiales y simbólicas de movilidad social para los jóvenes, a pesar del peligro que encierra participar de la delincuencia. Cuando los jóvenes ven a la delincuencia como una salida de movilidad social, la educación pierde fuerza”.

El especialista aclara que el Mineduc “presentó una ley de convivencia que está en discusión y apunta a formar a los niños, niñas y jóvenes en prevención”. No obstante, advierte que “las escuelas pueden llegar hasta cierto punto en la prevención, pero la resolución de casos de criminalidad es materia del poder judicial”.

En cuanto al programa “Comunidades Educativas Protegidas”, Treviño señala que es una buena medida para proteger la convivencia; sin embargo, puntualiza que la expansión del crimen organizado requiere medidas más profundas que “son de corte judicial. La escuela no puede sola con la delincuencia”.

Emilio Sagredo, académico de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián, señala que “la muerte es la consecuencia más grave de la violencia, un resultado profundamente injustificable en cualquier contexto, y aún más en un entorno escolar, que es precisamente un espacio destinado a la formación de mejores personas. Toda la comunidad escolar queda afectada ante un hecho de esta magnitud por diversas razones: El estrés, la percepción de inseguridad, los cuestionamientos sobre las acciones que pudieron haberse tomado, el autocuestionamiento, la posible aparición de trastornos de estrés postraumático, el impacto en el clima y la cultura organizacional, y la salud mental de padres, estudiantes, docentes y personal no docente”.

El académico señala que la comunidad escolar no vuelve a ser la misma luego de un hecho similar, y esto, además de afectar la estabilidad psicoemocional de sus miembros, puede influir negativamente en el proceso formativo y de aprendizaje: “Este contexto de inseguridad no solo afecta a la comunidad educativa involucrada, sino también a todo el sistema educativo”.

Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación, señala que el crimen y la violencia afectan negativamente la escolaridad de los jóvenes, tanto en el rendimiento académico como en su bienestar socioemocional. “Específicamente, la exposición a altos grados de violencia tanto en la escuela como en la comunidad en la que viven se traduce en un incremento del ausentismo y luego de las tasas de deserción escolar. Asimismo, el estrés crónico causado por la violencia impacta negativamente en la capacidad de concentrarse y se traduce muchas veces en un bajo rendimiento académico”.

Las medidas

Figueroa señala que si bien es importante implementar medidas, estas no se “circunscriben exclusivamente al ámbito escolar. La exposición a la violencia muchas veces parte fuera de la escuela y tiene manifestaciones complejas en las comunidades educativas, por lo que las medidas deben ser integrales. En el ámbito escolar, la buena convivencia toma un rol central y, junto con ello, la capacidad de gestión de las escuelas, lo que choca con el agobio burocrático a que están sometidos los colegios”.

Agrega que se debe recuperar la disciplina y el sentido de autoridad, junto con una gestión adecuada del aprendizaje socioemocional que apunte a que los jóvenes tengan herramientas efectivas para abordar sus problemas sin violencia, “lo que pasa, entre otras cosas, por mayor autonomía de las escuelas para implementar sus proyectos y orientar sus recursos. El proyecto de ley que presentó el gobierno, si bien dice apuntar a soluciones en convivencia escolar, está lejos de lo que las escuelas hoy requieren”.

Desde el Mineduc señalaron a Emol Facts que en el caso de la Región de Tarapacá, en 2022 conformaron la Mesa de Convivencia y Seguridad de Tarapacá, un espacio de trabajo colaborativo e intersectorial que integran distintas instituciones, “a través de esta instancia, se están articulando apoyos y acompañamiento en materia preventiva, formativa y de seguridad para las comunidades educativas que lo requieren”.

Respecto del último caso ocurrido en la comuna de Alto Hospicio, la institución señala que “se está acompañando a la comunidad educativa, para lo cual se han sostenido reuniones con apoderados, docentes, estudiantes y equipo directivo del plantel, para dialogar, acercar posiciones y proponer herramientas que apoyen la contención y restauración emocional”.