• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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La formalización de un adolescente de 15 años como presunto autor material del homicidio de un estudiante de 1° Medio en San Bernardo, junto con la detención previa de otro escolar acusado de participar como cómplice, volvió a centrar la atención en el aumento de los episodios de violencia al interior y en las inmediaciones de los establecimientos educacionales. El caso se suma a una serie de agresiones con armas, amenazas, riñas y ataques registrados en distintos colegios del país durante los últimos años, un fenómeno que expertos atribuyen a múltiples factores que van más allá de las salas de clases.

Para el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, no existe una única explicación para este tipo de hechos. “La evidencia muestra que la violencia escolar es un fenómeno multicausal”, afirma, señalando que influyen las experiencias de violencia en el entorno familiar y barrial, los problemas de salud mental, el debilitamiento de los vínculos comunitarios, la exposición a contenidos violentos, la presencia de armas y drogas en determinados territorios y las limitadas capacidades institucionales para detectar e intervenir oportunamente los conflictos.

El defensor advierte que la violencia no comienza ni termina en el colegio. “La escuela puede ser el lugar donde el conflicto se manifiesta, pero sus causas suelen provenir de distintos espacios de la vida de niños, niñas y adolescentes”. Añade que muchos establecimientos enfrentan esta realidad con equipos de convivencia y salud mental sobrecargados, alta rotación de profesionales y escasa coordinación con las redes de salud, protección social, seguridad y justicia.

Un fenómeno que se intensificó tras la pandemia

Los especialistas coinciden en que el retorno a la presencialidad marcó un punto de inflexión. Quesille explica que el prolongado cierre de los establecimientos durante la pandemia debilitó las habilidades de socialización, la regulación emocional y los vínculos entre estudiantes. Como consecuencia, en 2022 se registraron 5.280 denuncias por maltrato entre alumnos, un 52% más que el promedio observado entre 2018 y 2019.

Lejos de tratarse de un fenómeno pasajero, la situación continuó durante los años siguientes. Según el Defensor de la Niñez, en 2025 la Superintendencia de Educación recibió 17.076 denuncias relacionadas con convivencia escolar, equivalentes al 75% del total de denuncias ingresadas ese año. A ello se suma la aparición de episodios cada vez más graves, con amenazas, ataques planificados y agresiones con armas, lo que impulsó la implementación de la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030 y de la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, publicada en 2026.

Quentin Ramond, director del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor e investigador principal del Núcleo Milenio “Inseguridad y Cohesión Urbana”, sostiene que las escuelas reflejan los problemas que atraviesan sus comunidades. A su juicio, la alta segregación residencial y escolar limita la interacción entre distintos grupos sociales, dificultando el desarrollo de la empatía, la confianza y las habilidades para resolver conflictos. “Los estudiantes tienen menos probabilidades de involucrarse en conductas violentas cuando sienten pertenencia, confianza y vínculos positivos con sus compañeros, docentes y la escuela”, explica.

Redes sociales, salud mental y armas

Los expertos coinciden en que las redes sociales han cambiado la forma en que evolucionan los conflictos escolares. Según Quesille, las disputas que antes terminaban al finalizar la jornada continúan mediante hostigamientos, amenazas, difusión de imágenes y exposición pública. “La viralización amplifica la humillación y facilita que otras personas se involucren, transformando conflictos individuales en situaciones colectivas”, comenta.

Respecto de la salud mental, el Defensor de la Niñez advierte un aumento preocupante de síntomas de ansiedad, depresión, aislamiento y dificultades de regulación emocional. Sin embargo, enfatiza que estos problemas no deben asociarse automáticamente con conductas violentas. “La enorme mayoría de quienes presentan estos síntomas no ejerce violencia. El riesgo aparece cuando el sufrimiento no es detectado, no existe apoyo oportuno y se combina con victimización, exclusión, consumo de sustancias o acceso a armas”, señala.

La presencia de armas representa otro elemento crítico. De acuerdo con datos entregados por el Defensor de la Niñez, entre 2019 y 2022, los casos policiales vinculados con armas en establecimientos educacionales aumentaron de 199 a 544. Para Quesille, una pelea que antes podía terminar en lesiones hoy puede convertirse en un hecho fatal, por lo que el control de este fenómeno requiere un trabajo conjunto entre familias, establecimientos, policías y organismos de protección.

Ramond agrega que la convivencia escolar sigue siendo uno de los principales factores protectores frente a la violencia. Si bien reconoce que algunas medidas de control, como la instalación de detectores de metales, pueden generar una sensación inmediata de seguridad, advierte que “difícilmente abordan las causas profundas de los conflictos” e incluso podrían reforzar la percepción de que la escuela es un espacio peligroso.

Prevención y desafíos

Desde 2022 se han implementado programas como A Convivir se Aprende, además de la Política Nacional de Convivencia Educativa y la nueva Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar. Estas iniciativas buscan fortalecer los equipos profesionales, promover la prevención en salud mental y mejorar la coordinación entre educación, salud y protección social.

No obstante, Quesille sostiene que su éxito dependerá de contar con financiamiento, profesionales suficientes y una implementación efectiva. También advierte que las respuestas centradas exclusivamente en la sanción, como la expulsión de estudiantes involucrados en hechos graves, pueden separar temporalmente al responsable, pero no resuelven el problema si no existe un acompañamiento educativo y psicosocial.