• Andrea Cova Moore, equipo de Facts
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Con suspensión total de clases y una comunidad educativa golpeada por los hechos, el Liceo La Asunción de Talcahuano se convirtió esta semana en el centro de una nueva preocupación sobre el aumento de episodios de violencia escolar en Chile. La pelea masiva ocurrida al interior del establecimiento, originada tras un partido de fútbol entre alumnos de cuarto medio durante un recreo, terminó con estudiantes detenidos, docentes lesionados y más de 20 personas afectadas entre alumnos y funcionarios.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el enfrentamiento comenzó luego del partido y rápidamente escaló dentro del recinto educacional. Personal del liceo intervino para intentar detener la agresión, pero varios funcionarios terminaron lesionados y debieron acudir a constatar lesiones.

El caso ocurre en medio de un escenario nacional marcado por el incremento de situaciones de violencia dentro de comunidades educativas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló a un medio de comunicación que en Chile se registran, en promedio, 43 delitos, faltas o infracciones diarias dentro de establecimientos educacionales, relacionadas principalmente con amenazas, drogas e infracciones a la Ley de Armas.

Fenómeno multicausal

Para Anuar Quesille, Defensor de la Niñez, este tipo de hechos no puede entenderse únicamente como un problema disciplinario, sino como una señal de un deterioro más profundo en la convivencia escolar. “Lo primero es señalar que estos hechos son graves y no pueden naturalizarse. Una riña masiva dentro de un establecimiento educacional, con estudiantes detenidos y docentes lesionados, no es solo un problema disciplinario, sino que también constituyen una señal de deterioro de la convivencia y de dificultades profundas para tramitar conflictos dentro de las comunidades educativas”, explica.

El defensor sostiene que el aumento de episodios violentos responde a múltiples factores acumulados durante los últimos años. Entre ellos menciona problemas de salud mental, dificultades en la regulación emocional, debilitamiento de vínculos comunitarios, tensiones familiares y sociales, además de una alta exposición a violencia en entornos digitales y territoriales. “Estamos frente a un fenómeno multicausal”, afirma Quesille, quien agrega que muchos establecimientos no cuentan actualmente con equipos suficientes para prevenir y abordar situaciones de alta complejidad.

En la misma línea, Jonathan Martínez Líbano, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello, plantea que la violencia escolar refleja una combinación de factores emocionales, sociales y comunitarios que hoy tensionan el clima escolar. “Existe un deterioro importante de las habilidades socioemocionales de muchos estudiantes, particularmente en regulación emocional, tolerancia a la frustración y resolución pacífica de conflictos”, señala. Añade que también influye la normalización de interacciones agresivas en redes sociales y una mayor fragilidad de las redes familiares tras años de estrés económico y emocional.

Según el académico, muchos establecimientos educacionales enfrentan actualmente una complejidad creciente en materia de salud mental infantojuvenil, incluyendo ansiedad, irritabilidad, impulsividad y síntomas depresivos, sin contar necesariamente con recursos suficientes para intervenir tempranamente.

Secuelas de la pandemia

Diversos especialistas coinciden en que la pandemia profundizó problemas de convivencia que ya existían previamente en las escuelas. Quesille sostiene que el largo período sin presencialidad afectó directamente el desarrollo emocional y social de niños, niñas y adolescentes. “Al volver a la escuela, no volvieron simplemente a clases, volvieron con experiencias emocionales acumuladas”, explica.

El defensor agrega que actualmente existen estudiantes con mayores dificultades para resolver conflictos, menor tolerancia a la frustración y más impulsividad, mientras las comunidades educativas enfrentan además agotamiento docente y sobrecarga institucional.

Martínez coincide en ese diagnóstico y señala que el regreso a la presencialidad dejó en evidencia importantes dificultades en la regulación interpersonal. “La convivencia escolar se ha vuelto más frágil porque las comunidades educativas están intentando reconstruir vínculos en un contexto de mayor vulnerabilidad psicosocial”, afirma.

Desde Elige Educar, la directora de Investigación e Incidencia, Consuelo del Canto, sostiene que la pandemia interrumpió procesos fundamentales de socialización escolar y afectó el bienestar socioemocional de estudiantes y docentes. “La evidencia muestra que el bienestar socioemocional no es un aspecto secundario, sino una condición fundamental para la convivencia y el aprendizaje”, señala.

Autoridad y sensación de desprotección

Uno de los elementos que emerge con fuerza tras este tipo de episodios es el debate sobre la autoridad dentro de las comunidades educativas. Quesille plantea que más que una pérdida absoluta de autoridad, existe una necesidad de redefinir qué tipo de liderazgo requieren actualmente las escuelas. “La autoridad pedagógica es indispensable, pero no se sostiene solo con sanciones, sino que con legitimidad, reglas claras construidas con participación, presencia de las y los apoderados, capacidad de anticipación y apoyo a los equipos docentes”, sostiene. El defensor advierte además que resulta inaceptable que profesores, inspectores o directivos terminen lesionados al intentar frenar agresiones dentro de los establecimientos.

Desde Elige Educar, Del Canto apunta a una creciente sensación de desprotección entre docentes y funcionarios, y comenta que según el Índice Nacional de Bienestar Docente 2025, un 23,9% de los profesores declara no sentirse seguro en su establecimiento educacional y un 40% afirma haber sido agredido al menos una vez por un estudiante durante el último año. “Cuando los docentes sienten apoyo y existen reglas claras compartidas por toda la comunidad educativa, la autoridad se fortalece”, explica.

Preparación insuficiente

La capacidad de respuesta frente a situaciones de alta violencia sigue siendo desigual entre establecimientos educacionales. Paulina Guzmán, directora del Laboratorio de Investigación e Innovación Docente de la Universidad San Sebastián, sostiene que aunque existen protocolos y reglamentos obligatorios, muchos colegios enfrentan estas situaciones con recursos limitados y equipos sobrecargados.

“Las escuelas no fueron diseñadas para enfrentar fenómenos de violencia compleja asociados a dinámicas barriales, redes sociales, acceso a armas o conflictos que se originan fuera del establecimiento y luego ingresan a él (…) por eso, más que responsabilizar exclusivamente a las escuelas, el desafío es fortalecerlas con apoyo especializado, formación, equipos y articulación con salud, seguridad y protección social”, explica.